Para nadie, ni para los Ministro de Culto, es desconocido que en sus entornos más próximos existen mujeres que han abortado y que los casos van en aumento, por los motivos que sean. Lo que no quieren pastores y sacerdotes es que el número de casos no se equipare a los niveles que ha tomado en el país los embarazos entre menores de edad, que nos pone en un primerísimo lugar a nivel mundial.
Este fenómeno, que se creía propio de zonas indígenas y marginales, se extiende a las Iglesias donde un gran número de adolescentes y jóvenes asisten a escuelas privadas.
En una operación política y jurídicamente estratégica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo el trabajo que ni legisladores, ni el Sector Salud y mucho menos Gobernación querían hacer por motivos de habilidad partidista y no tanto moral o religiosa: despenalizar el aborto en partes. En su comunicado #109 del 5 de agosto pasado, la Corte no le puso como cabeza: “Se despenaliza el aborto en caso de violación”, sino que lo tituló: “La Corte protege los derechos de mujeres y niñas víctimas de violación”, para después explicar que el único requisito para que una joven pueda abortar sin ser juzgada es sólo hacer la solicitud a los servicios médicos de Gobierno en cualquier parte del país, mediante su declaración por escrito, donde explique que su embarazo es producto de una violación.
Y aún más: la máxima autoridad jurídica dictaminó que el abuso sexual no debe ser verificado por ninguna autoridad, ni por el personal médico o administrativo, obligando a todos los hospitales públicos a practicar el legrado bajo este esquema. En otras palabras, la Corte eliminó parte del marco jurídico restrictivo que criminaliza a las niñas que sufren violencia sexual a nivel nacional, lo que constituye otro paso más hacia la despenalización total del aborto en todo México.
El Presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, dijo que “las niñas ricas siempre han abortado sin consecuencias legales”, lo cual indicaría que el factor económico no será impedimento para tener acceso a los servicios médicos para quienes desean interrumpir su embarazo. Pese a que Andrés Manuel López Obrador, había comentado el 9 de marzo pasado que el tema debería discutirse en una “consulta ciudadana para no imponer nada”, fue la Corte quien finalmente decidió asumir los costos que esta decisión implica.
Por su parte, el sector religioso se declara listo para dar la batalla, en coordinación con grupos que aman los slogans sobre la “familia natural” y la “cultura de la vida” con el argumento de que cualquier mujer puede mentir diciendo que ha sido víctima de una violación y acceder cuantas veces quiera a interrumpirse el embarazo. Sin embargo, desconocen algunos datos como el aumento diario de sesiones informativas grupales que deben dar enfermeras y trabajadoras sociales a adolescentes de entre 13 y 17 años de edad que desean abortar en las clínicas del sector salud en la Ciudad de México y que se dicen “cristianas”, o por lo menos que son creyentes y lectoras de La Biblia.
La mayoría de los “consejeros espirituales” y Ministros de Culto ignoran que se ofrece a las adolescentes dos métodos para interrumpir su embarazo: el quirúrgico, para las que presentan un embarazo de entre 9 y 12 semanas; y el medicado, para quienes tienen hasta 64 días de gestación. En ambas modalidades, para los médicos es evidente la falta de información que los padres de familia, profesores y Ministros de Culto proporcionan sobre temas de sexualidad. Han preferido ocultar y matizar antes que prevenir y dialogar. Y, dato curioso, según sondeos de tres grupos de la sociedad civil, las adolescentes prefieren no mantener ningún método anticonceptivo posaborto porque creen que “está prohibido por su creencia religiosa”.
En paralelo, aumentan las sesiones de consejería espiritual y acompañamiento que brindan pastores y clérigos de Iglesias Cristianas, donde tratan de persuadir a las menores de edad para que no aborten por las implicaciones religiosas, morales y de conciencia que conllevan.
Del otro lado del biombo están los galenos doblemoralistas: objetores en lo público, pero que sus honorarios ascienden a no menos de 10 mil pesos en consultorios privados por legrado. Por cierto, un gran porcentaje de ellos se dicen de creencia cristiana. Como aquellos religiosos que prefieren enviar a sus hijas a abortar a Estados Unidos antes que dar explicaciones congregacionales sobre el embarazo no deseado de esa niña que apenas iba a celebrar sus XV años.
El Ministro Presidente Zaldívar ha comentado que en breve la Corte pondrá en la mesa de discusión la “objeción de conciencia”, es decir, el marco regulatorio que contempla aquellos casos donde el argumento religiosos es un obstáculo para el no ejercicio de su responsabilidad médica, sin que esto viole el ejercicio pleno de la libertad de culto.
Los dirigentes pastorales han preferido hablar de la “condenación espiritual” que conlleva un aborto y del peligro de la “ideología de género”, a discutir en sus templos los métodos para prevenir un embarazo. Por ello, la cada vez más creciente incidencia del número de jovencitas que hacen uso de los servicios médicos gratuitos en la Ciudad de México para practicarse un legrado.
Ganan terreno los derechos y la salud de las mujeres en México y pierde peso el moralismo religioso que es responsable directo de abortos clandestinos y del abandono de niños no deseados a los que hay que buscarles en lo sucesivo programas asistenciales exhortándolos a que se “porten bien” y se pasen del lado del “pueblo bueno”.
PALABRA DE HONOR: Si como lo pide el Gobierno de México al de Estados Unidos, a través de una nota diplomática, información para determinar si existen personas u organizaciones de “supremacía blanca” en esa nación -que ponen en peligro a la comunidad mexicana- se van a topar con un nombre muy conocido: Donald Trump. Sin embargo, es poco probable que el Canciller se atreva a solicitar su extradición para que sea juzgado en tierra azteca. Porque de que hay pruebas, las hay. Yes sir…