Los diagnósticos para identificar los planteles que carecen de agua, drenaje, energía eléctrica, baños y construcciones con las mínimas condiciones de seguridad y funcionamiento se han elaborado de manera “incompleta, dispersa y desactualizada”, refiere el documento Evaluación de la política de infraestructura y equipamiento en educación básica, elaborado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Los resultados de la evaluación muestran que se careció de una cuantificación integral y precisa sobre el estado físico y funcional de las escuelas, lo que sugiere que la intervención inició su operación inercialmente con un sustento insuficiente y sin criterios claros para atender los factores causales, lo que podría explicar las debilidades y deficiencias que afectaron la implementación y los resultados de la política”, señala el documento que analiza las acciones tomadas por el gobierno federal entre 2008 y 2016.
Infraestructura en crisis
Actualmente, 9.4% de las escuelas de nivel básico del país no cuentan con drenaje, situación que se agudiza en Chiapas (34.8%) y Colima (25.2%); una de cada 10 no tiene energía eléctrica (en Chiapas es una de cada cuatro y en Durango una de cada ocho), y 68% no cuenta con conexión a internet, carencia que es más ostensible de nuevo en Chiapas (89%) y Michoacán (85%).
Asimismo, 43% de los preescolares, primarias y secundarias del país no tiene pisos firmes en el patio (en Campeche la carencia llega a 84%) y 1.5% están construidas con materiales ligeros y precarios (en Chiapas el porcentaje se eleva a 7.5). En todo el país hay 167 escuelas que operan prácticamente a la intemperie, pues no tienen construcción, de las cuales 24 están en Guerrero, 21 en Chiapas, 20 en Chihuahua, 20 en Veracruz y 15 en Sinaloa, de acuerdo con el reporte de la ASF, publicado en febrero pasado.
El estudio refiere que los censos para detectar las escuelas con mayores carencias fueron diseñados desde las perspectivas de varias instituciones y con estudios que no coinciden en el tiempo, por lo que “los datos no siempre fueron comparables o compatibles, lo que disminuyó la calidad de la estadística y, como consecuencia, se obstaculizó la toma de decisiones para el proceso de planeación de la política pública de infraestructura y equipamiento”.
Gastos sin control
En cuanto al financiamiento, de 2008 a 2016 el presupuesto erogado por la Federación y las entidades creció en 16.1%, al pasar de 18 mil 902.6 a 21 mil 941.4 millones de pesos, crecimiento inferior al del total del servicio de educación básica.
“Aunado a la insuficiente inversión, no se determinó una estrategia que alineara y diera continuidad a los programas implementados, lo que dificultó su progresión en el corto y mediano plazos, y limitó que alcanzaran a cubrir las necesidades de cada uno de los requisitos de calidad”.
El informe de la ASF recuerda que el Programa Escuelas al Cien se basa en un esquema de inversión que, aunque formalmente no compromete el erario público para pagos a futuro, se observó como un pasivo de largo plazo, ya que, para las entidades federativas, el programa implica ejercer en tres años, de forma anticipada, 25% de los recursos presupuestarios del Fondo de Aportaciones Múltiples.