A un mes de que estallará el escándalo de cibervigilancia contra activistas, defensores de derechos humanos y periodistas, relatores de las Naciones Unidas exhortaron este miércoles al gobierno mexicano para llevar a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial sobre el empleo de programas espía, como Pegasus, por parte de dependencias federales, para llevar a cabo estas actividades.
En un comunicado, indicaron que la posible implicación en la comprar y uso del software, de las mismas autoridades que ahora se encuentran a cargo de conducir la investigación “es motivo de preocupación”, por lo que llamaron al gobierno a adoptar medidas para asegurar la imparcialidad de órgano investigador.
El llamado de los expertos se da tras las revelaciones hechas por organizaciones civiles y medios internacionales sobre el uso de un spyware para hackear e intervenir los teléfonos celulares de personas involucradas en la investigación y denuncia de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos durante 2015 y 2016.
“Las denuncias de vigilancia, que representan una seria vulneración de los derechos a la privacidad, a la libertad de opinión y expresión, y a la libertad de asociación, son altamente preocupantes y dan cuenta del entorno hostil y de desprotección que enfrentan defensores de derechos humanos, activistas sociales y periodistas en México”
El caso cobró fuerza a raíz de las publicaciones del diario The New York Times, que difundió los resultados de las investigaciones del Citizen Lab de Toronto, que daban cuenta del uso de la herramienta para vigilar a algunas de las personas más críticas de gobierno mexicano.
La intervención afectó a defensores de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), así como a miembros de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y del Instituto Mexicano para la Competitividad.
De igual forma se vio afectado el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y algunos miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), durante su investigación de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
“Dada la gravedad de los hechos, el Gobierno debe garantizar las condiciones necesarias para que la investigación se realice con independencia y transparencia”, pidieron los expertos de ONU.
Asimismo, los expertos también hicieron un llamado a que se permita la participación de las víctimas en las investigaciones y a que se informe oportunamente a la sociedad sobre los resultados de las mismas y urgieron al gobierno de México a garantizar el cese de las intervenciones y el monitoreo”, señalaron.
Dichas garantías deben incluir controles efectivos sobre los servicios de seguridad e inteligencia que impidan un uso ilegítimo de las herramientas de vigilancia con que cuenta el Estado; además, sostienen que una investigación imparcial representa una paso clave para “demostrar la voluntad del Gobierno en la lucha contra la impunidad en la procuración de justicia en México”.
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos. (Foto: Isaac Esquivel/Cuartoscuro). DA
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