Redacción ejecentral
En el marco del Día Mundial del Agua, Historia Natural Niparajá y Conselva destacan que implementar políticas integrales en las que participe la sociedad es lo que se requiere para garantizar el consumo en ciudades, zonas rurales y para la producción agrícola y ganadera.
Destacaron que la tarea de la población es impulsar la toma de decisiones e impulsar la infraestructura necesaria para garantizar el abasto del vital líquido.
Superar las deficiencias en el manejo y gestión adecuada son los restos para lograr abastecer de agua a todos, destacó Meredith de la Garza, Directora Ejecutiva de Niparajá, organización de Baja California Sur dedicada a la conservación del patrimonio natural. 
Ante ello, dijo, urge una legislación adecuada, que desarrolle infraestructura y modifique los hábitos de consumo para garantizar este derecho.
“Muchas organizaciones de la sociedad civil invertimos recursos y estamos dedicadas a mejorar la gobernanza del agua. Algunas de nuestras acciones consisten en proyectos concretos a nivel local y en la promoción de una legislación adecuada que garantice el derecho humano al agua”, señaló De la Garza.
En tanto, Sandra Guido, directora general de Conselva, organización que trabaja en la conservación de servicios ambientales en Mazatlán, Sinaloa, consideró que más allá de cuidar el agua en nuestros hogares y actividades cotidianas, los ciudadanía organizada debe emprender programas que garanticen el consumo y abato, además de detonar el desarrollo económico de sus ciudades y comunidades.
El acceso al agua, es un derecho humano, hoy amenazado por la contaminación de mantos acuíferos, manejo deficiente y por el desperdicio que generan algunas poblaciones.
“Ya lo anticipó, la Organización de las Naciones Unidas (ONU): en 2030 el mundo tendrá que enfrentarse un déficit mundial de 55% de agua, se prevé que el medio ambiente exacerbará los riesgos asociados con variaciones en la distribución y disponibilidad de los recursos hídricos”, alerta De la Garza.
En México, este derecho se incorporó a la Constitución en febrero de 2012, cuando se expidió la Ley General de Aguas (LGA). EC