A lo largo de más de tres décadas escuchamos un reclamo popular incesante en contra de los medios televisivos, a los que se ha acusado de manipular la opinión pública a través de sus espacios noticiosos a favor del Presidente de la República en turno. La postura de quienes pregonan la idea se sustenta en una realidad que ha quedado plenamente superada y que no toma en cuenta la pluralidad y abundancia de fuentes de las que en esta época se nutre la información.
En el mes de abril de 2006 se expidió un Decreto de reformas por virtud del cual se modificaron la Ley Federal de Telecomunicaciones, y la Ley Federal de Radio y Televisión, proceso legislativo del que provino un nuevo orden normativo en ambas materias al que coloquialmente se le denominó Ley Televisa.
Al resolverse la Acción de Inconstitucionalidad 26/2006, firmada por 47 senadores encabezados por Javier Corral, a través de la cual se combatieron dichas reformas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de un número importante de ellas y sostuvo un criterio que resulta muy relevante hasta nuestros días: es la amplitud del derecho humano a la información, desde la perspectiva de la función social de la radio y la televisión, y las telecomunicaciones.
De acuerdo con el criterio sustentado por los Ministros, en los procesos de asignación de concesiones para la explotación del espectro, para la prestación del servicio de radio y televisión, más allá de tener que considerarse los aspectos económicos y el desarrollo de la competencia en el sector, debía tomarse en cuenta la función social que los medios deben cumplir, por su impacto educativo, social y cultural. Es ahí en donde se fijó la primera postura que jerarquiza prioritariamente la importante labor que realizan las concesionarias en la transmisión de contenidos audiovisuales a favor de la gente.
En el proceso de reformas estratégicas a la Constitución que ha encabezado este gobierno, ha destacado aquella impulsada en la materia de las telecomunicaciones que apareció publicada en el Diario Oficial el 11 de junio de 2013, por virtud de la cual se reformó el artículo 6º de la misma Carta Magna, entre otros, para incorporar ese nuevo Derecho humano a la información y de acceso a las tecnologías de la información sobre el que ya se adelantaban los Ministros en el 2006. En su segundo párrafo, ese precepto de la Constitución establece que “toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo índole por cualquier medio de expresión”.
Las nuevas plataformas de acceso a la información que integran la red, han demostrado eficazmente un flujo constante de ideas que produce y se nutre con la participación activa y el diálogo de los usuarios. Se trata de la materialización más palpable de la nueva realidad que los avances tecnológicos le ofrecen a nuestra generación, como también del derecho humano que en forma progresiva ha incorporado nuestro artículo 6º constitucional.
No obstante la importancia y vigor de los nuevos procesos informativos a través del Internet, yo me pregunto si la nueva cultura y nuestra flamante realidad, no constituyen una contrapropuesta que se ubica, exactamente, en el umbral opuesto al que ocupaba la radio y la televisión hasta antes de todo este proceso de reforma.
Los medios impresos dan a conocer todos los días el grado de aceptación popular del gobierno y del Presidente de la República, con cifras alarmantes, cada vez más bajas. Simultáneamente, todos observamos la rapidez con la que fluye información que se abalanza en su contra sin tregua. La animadversión crece irreversiblemente y se nutre, precisamente, con las notas que la misma gente produce a través de las redes sociales; pero en muchos casos a partir de la desinformación. Un fenómeno incontrolable que amenaza con descarrilar al orden institucional que ha imperado hasta nuestra época y sobre el que este país se ha conformado.
Una muestra meridiana se tiene en el caso Pierdant, en el que habiéndose denostado al Presidente Peña Nieto y a su esposa, Angélica Rivera, al atribuirles otra vez los beneficios económicos derivados de una supuesta amistad con un presunto contratista del gobierno, The Guardian apareció dos semanas después ofreciendo una disculpa oficial por la falsedad de la imputación.
Con independencia de los caminos y vericuetos legales que los desatinos del circulante británico habrá de tener que enfrentar, el daño que produjo la desinformación está hecho; y no por lo que aparece o dejó de aparecer en la televisión, sino por todo lo que circula a través de las redes sociales y el Internet.
No se propone en modo alguno una intervención del Estado para suprimir el importante paso hacia la democracia de la información; tampoco se plantea la posibilidad de que la calumnia se resuelva con un “Perdone usted!”, simple y sencillamente se advierte y llama la atención sobre cómo, nuestro futuro cercano, debe de estar marcado por la inclusión de procesos educativos más elaborados y mejor cimentados, en los que el educando conozca y entienda, con la seriedad de todo procedimiento científico, la importancia que reviste para todo ser humano, el manejo de las herramientas del saber, objetivo, plural y veraz.