En el Caso de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa hay dos verdades: una, la que el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto quiere dejar como “histórica”, aunque las pruebas periciales, documentales y testimoniales de las Instituciones la contradicen en partes sustanciales. La otra, la que la opinión pública quiere escuchar, pero tampoco haya evidencias contundentes para aceptarla. A 4 años de los sucesos, a los familiares de los 43 estudiantes les interesa más saber dónde están sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Quisieran encontrarlos con vida, algunos padres ya se resignaron a localizar aunque sean restos, o cenizas, pero sin resignarse a los ofrecimientos y declaraciones, ni a los recuerdos y menos a las promesas de justicia. A decir de los juristas, médicos forenses, activistas nacionales e internacionales, nunca una investigación gubernamental había reunido tantos elementos para evidenciar que el Estado Mexicano, desde distintas oficinas, pudo desaparecer -o ser cómplice- a 42 estudiantes. Pero al mismo tiempo de fabricar una verdad moldeada para ocultar un “para qué”, un “cómo” y “por qué”. Y el más importante: un “quién”… o “quiénes”. La propuesta de que sean organismos como la ONU y la CIDH quienes coadyuven en las indagatorias hace ver a nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Procuraduría General de la República como instancias que solapan las verdades obligadas del Gobierno. Les anula la poca credibilidad que le queda. Da la impresión de que los titulares de esas instancias están devengando su salario para ocultar oficialmente lo que al Estado o a un partido no conviene. La Comisión de Investigación por la Verdad, que conducirá Alejandro Encinas Rodríguez, cuenta desde ya con la confianza de futuros funcionarios, legisladores y familiares de los desaparecidos para que ésta invite, o en su caso, obligue por la vía judicial o política a cualquier personaje del Gobierno actual, incluyendo militares de cualquier número de estrellas, para que comparezcan ante tribunales y llegar a una verdad sustentable, lo más cercana a lo que sucedió hace 4 años en Iguala. Nada traerá paz a las familias de los 43 que estudiaban en la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos”, ni siquiera ver a los verdaderos culpables encarcelados dentro de mucho o poco tiempo. Quizá les pueda ser un aliciente encontrar los restos, lo cual nadie puede garantizar. PALABRA DE HONOR: Mucho revuelo causó la efímera asignación de las Comisiones de Salud y Cultura en la Cámara de Diputados para el Partido Encuentro Social. Como si de verdad los 31 legisladores de esa fracción tuvieran autonomía para votar reformas, dictámenes o nombramientos. El gusto les duró menos que el registro de su partido. Y se tendrán que conformar simulando una fracción “independiente”, que dependerá de lo que Mario Delegado les ordene para levantar sus manos en el recinto. De lo contrario, ya están sentenciados, pueden ir buscando oxígeno en otro partido.
4 años, dos verdades, 0 credibilidad