Intolerancia religiosa institucionalizada

En el sexenio que termina se documentaron 211 caso de Intolerancia y Discriminación Religiosa que van desde la expulsión de niños de escuelas federales hasta el asesinato no esclarecido de dos Ministros de Culto. Aparte los que no se denuncian y los que ocultan las autoridades, en contra de personas que no pertenecen a la creencia mayoritaria en nuestro país. Los Estados donde el fenómeno es repetitivo y siempre impune son: Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, es decir, donde más han crecido los grupos no católicos y los encargados de las oficinas de Asuntos Religiosos han ocupado ese cargo de manera improvisada, ya que algunos son veterinarios, ingenieros, comerciantes, y generalmente son impuestos por el Obispo de la Iglesia Católica de la localidad. Cuando Enrique Peña Nieto era candidato a la Presidencia de la República, en una comida privada se comprometió con pastores evangélicos, mormones y de otras denominaciones a que se crearía una Fiscalía Especial para atender estos asuntos que su antecesor Felipe Calderón Hinojosa había ocultado sistemáticamente, pero mintió. Los casos disminuyeron, con Calderón se evidenciaron más de 280, pero en este sexenio la discriminación hacia no católicos fue más institucional. Ya entrado el sexenio, las comidas públicas y privadas del Presidente Peña con los Obispos del alto clero fueron muchas y sólo algunas oficialmente documentadas en el sitio web de Los Pinos. Con otros Ministros de Culto sólo hubo dos. En ambas se sugirió a los asistentes “no dar a conocer detalles a la prensa para no entorpecer los acuerdos a los que habían llegado”. En una de ellas se le expuso al Jefe del Ejecutivo la problemática de pastores evangélicos de Estados como Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y Durango, quienes recibían constantes amenazas de secuestros y despojo de templos por parte de grupos delictivos y narcotraficantes. Pero también se desestimaron sus quejas. Desde octubre de 2014 personalmente he solicitado, mediante la oficina de Acceso a la Información de la Presidencia de la República, el nombre de los Ministros de Culto que son sistemáticamente invitados al Informe Anual de Actividades del Jefe del Ejecutivo y los cargos de aquellos funcionarios encargados de hacer llegar estas cortesías. La intención era evidenciar la discriminación hacia los que no son católicos, pero Presidencia informó -mediante oficio- que “después de una exhaustiva búsqueda” no logró dar ni con los nombres de los pastores, ni quién los invita a este evento. El asunto es que ni la oficina de Asuntos Religiosos de Gobernación tiene esos datos. Aunque en los videos oficiales se aprecian a los miembros del clero con sotana y cuello blanco en los principales lugares, como ha sucedido de manera oficial. Han sido tantos y tan funestos los casos de intolerancia religiosa en contra de evangélicos -la mayor parte de las veces-, que el congresista estadunidense Thomas Peter Lantos, de la Comisión de Derechos Humanos envió, a la entonces Procuradora General dela República, Areli Gómez González, una carta donde exigía saber qué hacía el Gobierno de México para acabar con la violación de las garantías de estos grupos religiosos en varios Estados del país. La funcionaria se limitó a turnar el asunto a la Secretaría de Gobernación, de donde no salió ninguna respuesta para el senador Lantos. Los pastores de las más de 7 mil Asociaciones Religiosas registradas de corte protestante que existen actualmente en el país pueden dar cuenta de que la intolerancia y discriminación religiosa en México existe, está viva y se practica de manera oficial en municipios no tan escondidos como en Huejutla, Hidalgo, donde 16 niños de la escuela primaria fueron “expulsados” apenas en septiembre pasado por el delegado de la comunidad de Coamila porque sus papás son evangélicos y así viven hoy bajo la amenaza de ser expulsados, de lo cual existen fotos, documentos, videos y el silencio cómplice de un gobernador llamado Omar Fallad Meneses. PALABRA DE HONOR: Asesorado paternalmente, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, tendió el tapete para “lo que se le ofrezca” a Andrés Manuel López Obrador en torno a la construcción del Tren Maya. Estaba festejando el Segundo Informe de labores del Ejecutivo Estatal con sus amigos y colegas del Estado de México, Alfredo del Mazo, y de Chiapas, Manuel Velazco Suárez, cuando surgió en la mesa la frase “hay que hacerle caso a los padres, después de todo, ellos quieren lo mejor para nosotros”, se oyó a unísono. Al instante, chocaron las copas llenas de mezcal. Buen Fin…