Veracruz comenzó a investigar a socio de Duarte en junio de 2018

24 de Abril de 2024

Veracruz comenzó a investigar a socio de Duarte en junio de 2018

Javier Duarte desaparición forzada
Foto: CUARTOSCURO

En la causa que se sigue en Texas, se presentó una carta en que el director jurídico estatal pedía al director ministerial de la Fiscalía una investigación contra José Bandín Ruiz y Mónica Babayan

Un documento de los juicios en Texas contra los socios del exgobernador Javier Duarte revela que apenas el 21 de junio pasado el gobierno veracruzano solicitó una investigación formal contra José Bandín Ruiz, uno de los principales personajes señalados en la trama de corrupción por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. El abogado Anthony Buzbee, titular del caso en Texas, presentó una carta del director jurídico del gobierno de Veracruz donde pedía al director ministerial de la Fiscalía local una investigación contra el matrimonio Bandín. Lo anterior como prueba en el juicio para reclamar propiedades en Nueva York, Miami y Texas. Buzbee presentó esta carta con el fin de acreditar que los demandados cometieron un delito y que los fondos terminaron en Estados Unidos. En respuesta, los abogados defensores de Bandín solicitaron el sobreseimiento del caso. ejecentral ha dado seguimiento al caso Veracruz en Estados Unidos desde que fueron demandados el matrimonio Bandín-Babayan, en marzo pasado, y fueron reclamadas ocho propiedades en el barrio de Woodlands. La carta de Armando García Cedas, director jurídico estatal, va dirigida a Fernando Bastos Pulido, director de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía General del Estado (FGE) para “formular denuncia o querella por hechos presuntamente delictivos”.

Es el caso que dentro de las distintas personas señaladas como responsables de ser prestanombres del C. Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador del Estado de Veracruz, se encuentra el C. José Bandin y/o José Bandin Ruiz, así como Mónica Babayan, ello mediante la utilización de diversas empresas fantasmas”, dice el texto.

El texto sólo refiere a una columna de la periodista veracruzana Claudia Guerrero sin otra prueba anexa sobre los hechos o probables desvíos. Ahí también se invocan los nombres de Moisés Mansur y Jaime Porres. La defensa de Bandín-Babayan solicitó sea sobreseído el caso por la falta de pruebas en estos cinco meses y acusan al gobierno de Veracruz y sus abogado de usar sólo lenguaje “grandilocuente” para señalar a los implicados. “El Demandante, autoproclamado ‘Libre y Soberano Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave’, asegura haber llevado a cabo ‘mucho trabajo de investigación’ que reveló ‘una conspiración global que abarca varios continentes y que tuvo sede en Houston y que robaba la riqueza de Veracruz’, cita Chedrauileaks, otro medio estadounidense que da seguimiento al tema. “Uno podría presumir además que el Demandante, cuando fuera requerido por la ley de Texas proporcionar evidencias claras y específicas de cada elemento de sus alegaciones, pudiera demostrar con precisión y pruebas la manera en que los Acusados Bandin presuntamente hubiesen usado dinero robado del Demandante para adquirir propiedades en Texas”. El gobernador Yunes Linares ha referido en distintas ocasiones que se ha reunido con los socios de Javier Duarte y ha llegado a acuerdos para que regresen bienes inmuebles y dinero en efectivo. El 20 de julio de 2017, hace casi un año, el gobernador aseguró que tenía grabadas “las conversaciones que sostuve en Canadá con Moisés Mansur; y en la Ciudad de México con Juan José Janeiro y Antonio Bandín, y en Veracruz con Francisco García González, alias El Franky”; los videos serían presentados como prueba en el juicio federal contra Javier Duarte. El proceso jurídico iniciado por el gobierno de Veracruz en Estados Unidos aún se encuentra en una etapa de acreditación. Mientras que el exempresario José Bandín y su esposa Mónica esperan los dictámenes desde su departamento en España. El exgobernador Javier Duarte Ochoa fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, por la Procuraduría General de la República (PGR), en colaboración con la Policía Nacional Civil guatemalteca. EC