Compartir

Jake Johnston

El ministro de Seguridad hondureño, Julián Pacheco Tinoco, quien estuvo íntimamente involucrado en la consumación del golpe de Estado de 2009, ha sido señalado por tráfico de drogas, según el testimonio de un narcotraficante mexicano convertido en informante de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) ante un tribunal.

En noviembre de 2016, cuando la atención mundial estaba volcada sobre la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, dos sobrinos del presidente venezolano Nicolás Maduro fueron declarados culpables por cargos de narcotráfico. La condena fue un caso más en la lista de fiscales estadounidenses que han estado apuntando al gobierno venezolano con investigaciones de corrupción y narcotráfico.

En el tribunal del sur de Florida, el testimonio de José Santos Peña también involucró a Julián Pacheco Tinoco, exfuncionario militar hondureño con largos vínculos con el aparato de seguridad de Estados Unidos.

Un fiscal de aquel país preguntó al informante sobre una reunión en Honduras en la que participó años antes. El propósito de la reu-nión con el actual ministro de seguridad de Honduras y el entonces jefe de inteligencia militar, era para que lo ayudara a recibir envíos de cocaína de Colombia a Honduras, dijo el informante al tribunal.

Uno de los acusados en el caso borró de su teléfono Samsung las conversaciones y la información de contacto que mencionara a Pacheco. Pero el alegato de que el principal funcionario de seguridad de uno de los aliados regionales más cercanos de Estados Unidos estaba involucrado en el tráfico de drogas no tuvo importancia en Washington.

›En marzo de 2017, esta vez en un tribunal de Nueva York, el nombre de Pacheco surgió una vez más. Ahí se revelaron más detalles sobre la presunta participación de funcionarios del gobierno hondureño en el tráfico de drogas.

En una declaración enviada por correo electrónico, Tim Rieser, asistente del senador Patrick Leahy en materia de política exterior, dijo que el senador está preocupado por las acusaciones, pero que se necesitan más datos. Leahy “cree que el Departamento de Estado debería revisar esto con cuidado porque el ministro de Seguridad necesita ser alguien con una integridad intachable”, escribió Rieser.

Con los futuros fondos para Honduras amenazados por algunos miembros del Congreso, incluido Leahy, Pacheco visitó Washington, DC, a principios de este mes. No era la primera vez que hacía un viaje para proteger la relación entre Estados Unidos y Honduras.

Cuando pacheco era un cadete de 21 años, viajó a la Escuela de las Américas, institución militar ubicada en Fort Benning, Georgia. En septiembre de 1979 se graduó de un curso sobre tácticas de contrainsurgencia.

Con la elección de Ronald Reagan al año siguiente, Honduras adquirió un nuevo protagonismo como aliado de Estados Unidos y una base para el apoyo encubierto a la insurgencia derechista de la contra en Nicaragua.

ti1_preview

Cambios profundos.
El gobierno hondureño ha iniciado un proceso de reforma policial con el apoyo financiero de EU y otros donantes internacionales.

En abril de 1988, el narcotraficante hondureño más conocido de la época, Juan Ramón Matta Ballesteros, fue arrestado y enviado a Estados Unidos. Como interlocutor clave entre el Cártel de Medellín en Colombia y los traficantes mexicanos, Ballesteros había comprometido a los más altos niveles del ejército y el gobierno hondureños. También había sido un aliado de Estados Unidos y era propietario de una aerolínea vinculada a la CIA que había canalizado armas a los contras nicaragüenses, mientras enviaba drogas al norte.

La constitución de Honduras prohíbe la extradición, pero al trabajar con elementos deshonestos en el ejército, los US Marshals facilitaron la captura de Matta Ballesteros. Fue llevado a República Dominicana, donde lo entregaron oficialmente a las autoridades de Estados Unidos. Los militares hondureños que participaron en la entrega fueron acusados penalmente en su país de origen.

Al año siguiente, Estados Unidos invadió Panamá y se volvió contra otro antiguo aliado del narcotráfico: el general Manuel Noriega, quien fue jefe de inteligencia militar antes de convertirse en presidente y había sido “nuestro hombre en Panamá”, recibiendo pagos regulares de la CIA durante décadas. Cualquiera, sin importar sus antecedentes penales, podría ser un aliado de Estados Unidos.

En junio de 2009, un golpe de Estado militar derrocó al presidente electo de izquierda, Manuel Zelaya, dejado en Costa Rica vistiendo sólo su pijama.

Cuando Zelaya se coló de nuevo en Honduras y se refugió en la embajada de Brasil, los diplomáticos estadounidenses intervinieron para asegurarse de que era Pacheco quien actuaba como “punto clave de contacto”.

En noviembre de ese año, Estados Unidos apoyó unas elecciones controvertidas que fueron boicoteadas por grupos de oposición y consideradas ilegítimas por la mayoría de los gobiernos de la región. El ganador declarado de la elección fue Porfirio Pepe Lobo, del Partido Nacional, con fuertes lazos con el ejército nacional. Pacheco fue nombrado director de inteligencia militar.

Desde entonces Pacheco ha aparecido más y más evidencia que vincula a funcionarios hondureños con el narcotráfico.

En 2015, Fabio, el hijo de Pepe Lobo, fue arrestado en Haití y enviado a Estados Unidos. Para derribar a Fabio, los fiscales de Estados Unidos volvieron a confiar en el trabajo de Santos Peña, el informante mexicano de la DEA. Más importante aún, a fines de 2013, Devis Leonel Rivera Maradiaga, el líder de la organización criminal hondureña Cachiros se acercó a la DEA y comenzó a cooperar.

A principios de marzo de 2017, Maradiaga subió al estrado durante el juicio en curso de Fabio. Le dijo a la corte que sobornó a Pepe Lobo durante su campaña presidencial de 2009 y que se reunían en la residencia del presidente.

Antes de su asesinato en 2015, Gómez era gobernador de Colón, departamento rural hondureño en el corazón de la producción de droga de los Cachiros. A mediados de la década de 2000, cuando el negocio comenzó a florecer, Pacheco dirigió un batallón militar estacionado allí. Él y Gómez se reunían casi todas las semanas. El día de uno de sus encuentros, Fabio llamó a Pacheco desde la casa de su padre y le dijo que vendría más tarde ese día, según Maradiaga, quien dijo a los fiscales que consideraba a Fabio parte de la organización criminal Cachiros; además, afirmó que había pagado a Fabio 50 mil dólares.

En junio de 2014, Fabio y Maradiaga se encontraron en un taller mecánico en San Pedro Sula, la segunda ciudad más importante de Honduras. Una Hummer blanca estaba en el local, y Maradiaga sugirió que sería un regalo perfecto para uno de sus amigos en la policía. Fabio presuntamente llamó a Pacheco y le envió una foto del automóvil. Semanas después, Fabio y el informante mexicano de la DEA visitaron Pacheco y grabaron la reunión.

El dato. El Departamento de Estado de EU está próximo a permitir que el Congreso elija si considera que Honduras cumplió con obligaciones anticorrupción y de narcotráfico.

El ministro de Seguridad, abogado con licencia, no cayó en la trampa. Menos de seis meses después, el recientemente electo, Juan Orlando Hernández, también del Partido Nacional, nombró a Pacheco como ministro de Seguridad. Fue el primer oficial militar en servicio en ser nombrado para el puesto. A petición de la Embajada de  Estados Unidos, y luego de una fuerte protesta de grupos de derechos humanos, Pacheco se retiró de la milicia;  rechazó las acusaciones cuando se hizo público el testimonio de Maradiaga.

El narcotraficante trataba de obtener un trato favorable de Estados Unidos y socavar los esfuerzos del gobierno hondureño para combatir la actividad delictiva, dijo Pacheco. En septiembre, Fabio Lobo fue sentenciado a 24 años de prisión.

Maradiaga entregó a la DEA una conversación grabada con el legislador hondureño Tony Hernández, el hermano del presidente Juan Orlando Hernández. Según el testimonio de Maradiaga, ambos discutieron el envío de dinero del gobierno a una compañía fantasma de los Cachiros a cambio de sobornos.

El mes pasado, The New York Times informó que Maradiaga había entregado a las autoridades estadounidenses otra grabación de 2013 en la que un narcotraficante dijo que “hizo un pago de 250 mil dólares destinado a Juan Orlando Hernández”. Un representante de Hernández negó los cargos al Times, y en lo que fue una respuesta increíblemente honesta o ingenua a un periódico local, el jefe de gabinete del presidente dijo:

Si vamos a ver cómo el crimen organizado ha penetrado a la sociedad en general y canalizado el dinero, impuesto diputados, jueces, varios cargos dentro de la oficina del fiscal general y en todas partes, agárrense bien de sus asientos, porque estamos hablando de todos aquí”.

A principios de este año, el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, se refirió a Hernández como un “gran tipo” y un “buen amigo”. Kelly era el jefe de la filial latinoamericana del Pentágono del Comando Sur de Estados Unidos durante la administración Obama.

Deseoso de intentar mejorar su imagen internacional, el gobierno hondureño ha iniciado un proceso de reforma policial con el apoyo financiero de Estados Unidos y otros donantes internacionales.

Pero el gobierno hondureño parece ser selectivo sobre los involucrados en el tráfico de drogas que deberían entregarse a las autoridades de  Estados Unidos.

El mes pasado, se informó que Ramón Matta Waldurraga, hijo de Ballesteros, el traficante hondureño entregado a Estados Unidos en 1988, se entregó a la DEA en agosto pasado.

Pacheco dijo a la prensa que el gobierno no tenía una orden de arresto o solicitud de extradición para Matta Waldurraga, aunque Estados Unidos reveló una acusación de 2014 por cargos de lavado de dinero y tráfico de drogas. Al igual que su padre, el testimonio de Waldurraga amenaza con implicar a actores militares y políticos de Honduras.

El 3 de marzo de 2016, la activista ambiental Berta Cáceres fue asesinada. Varios sospechosos han sido arrestados, incluido al menos un miembro del ejército hondureño entrenado en Estados Unidos. Pero un año después, los responsables permanecen libres.

Cáceres fue coordinadora general del Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Con Cáceres a la cabeza, el COPINH lideró la lucha contra un gran proyecto hidroeléctrico en la zona rural de Honduras. La compañía, argumentó COPINH, no consultó a la población local como lo exige la ley hondureña.

La concesión de la presa fue otorgada bajo el gobierno posterior al golpe en 2010. La compañía que construye la represa, DESA, cuenta entre sus inversionistas a algunos de los hombres más ricos y poderosos de Honduras.

Sin acceso a la gran mayoría del expediente penal, y en ausencia de una investigación independiente, los familiares de Cáceres dispusieron que un grupo de abogados de derechos humanos internacionales realizaran la suya.

El informe del Grupo Consultivo Internacional de Expertos se publicó el 31 de octubre en Tegucigalpa.

ti3_preview

Viejo aliado. Julián Pacheco es “punto clave de contacto” entre Honduras y Estados Unidos.

El equipo analizó muchos gigabytes de datos extraídos de teléfonos celulares y computadoras de algunos de los involucrados, a pesar de que solo una pequeña parte del archivo completo del caso.

Aun así, el informe encontró mensajes de WhatsApp que sugerían una conspiración bien orquestada para asesinar a Cáceres, la cual se expandió durante muchos meses. El gobierno hondureño había estado sentado sobre la evidencia por más de un año.

La falta de rendición de cuentas y la falta de voluntad del gobierno hondureño para investigar adecuadamente el crimen ha puesto “en peligro” la asistencia continua de  Estados Unidos”, dijo.

En el momento del asesinato, Pacheco era ministro de seguridad, pero dos semanas después de la publicación del informe, se filtraron mensajes más recientes de WhatsApp. Supuestamente son de Pacheco.

En los mensajes, Pacheco se refirió a aquellos cuyas vidas han sido amenazadas como una “montaña de vividores”.

A principios de noviembre, antes de los mensajes de WhatsApp, y al mismo tiempo que la familia de Cáceres presentaba sus hallazgos, Pacheco también estaba en Washington.

Junto con los miembros de la comisión de reforma policial, Pacheco sostuvo reu-
niones de alto nivel con el personal del Departamento de Estado y oficinas clave del Congreso. El 2 de noviembre, la delegación participó en un evento público en el Woodrow Wilson Center parcialmente financiado por el Congreso ubicado en el Edificio Ronald Reagan en Washington.

Al final del evento de dos horas, una asistente, Christiam Sánchez, confrontó a Pacheco por su presunta participación en el narcotráfico. Pacheco “debería presentar su renuncia y ponerse a disposición de las autoridades que son parte de la investigación”, dijo Sánchez a la sala abarrotada. “¿Cómo puede continuar siendo parte del proceso de reforma policial?”, le preguntó a Pacheco.

“Yo servía al hijo de un ex presidente”, dijo Pacheco sobre la reunión con el ahora encarcelado Fabio y el informante mexicano de la DEA, “y si tuviera que hacerlo, lo haría de nuevo”.

Si yo fuera un ‘narco’ como Christiam afirma”, le dijo a la multitud, “no estaría sentado aquí”.

Traducción: Carlos Morales.

Compartir