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Redacción ejecentral

Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostuvo que se incineraron al menos 19 cuerpos en el basurero de Cocula y es necesario determinar si corresponden a algunos de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al tiempo que añadió que la investigación realizada muestra que el crimen organizado ha tomado algunas instituciones de seguridad y justicia.

“El hallazgo de las porciones petrosas  de huesos temporales constituiría un elemento suficiente para concluir que, cuando menos, los cuerpos de 19 personas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, siendo indispensable realizar los análisis genéticos, a efecto de determinar si dichos fragmentos óseos corresponden a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos”, dijo el ombudsman al presentar la Recomendación 15VG/2018, sobre la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.

Señaló que la Procuraduría General de la República subestimó una bolsa recuperada en el río San Juan, que contenía tres porciones petrosas, 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que deberían ser sometidos a pruebas de ADN para determinar si corresponden a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero.

González Pérez sostuvo que existe  la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado; la cooptación penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles y órdenes de gobierno”.

José Trinidad Larrieta Carrasco, titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, explicó que la recomendación se dirigió a 16 dependencias, por los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando fallecieron seis personas, 42 resultaron lesionadas y 43 fueron víctimas de desaparición forzada.

Manifestó que para elaborar la carpeta de investigación de más de un millón de hojas y mil 255 tomos se enfrentaron a los obstáculos y a la falta de cooperación de diversas autoridades, quienes negaron la información o la entregaron incompleta.

La verdad, una víctima más en caso Iguala

González Pérez señaló a autoridades de distintos niveles por violentar el derecho a la verdad sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“La verdad también ha sido una víctima en el caso Iguala (…) En el desarrollo de investigaciones, diversas autoridades violentaron el derecho de las víctimas al declarar posturas sesgadas, que causó incertidumbre en sociedad, ocasionando que las víctimas fueran revictimizadas”, dijo al presentar la Recomendación 15 VG/2018, relacionada con la Investigación por Violaciones Graves de Derechos Humanos en el Caso Iguala.

Sostuvo que las autoridades mostraron constantemente su “falta de cooperación” al negar el acceso de la información. Pero cuando llegaron a proporcionarla lo hicieron “de manera parcial, incompleta o revuelta”.

“Las autoridades sabían que las cosas estaban descompuestas y contaminadas pero nadie hizo nada; con eso hubieran evitado un desenlace como se presentó”, aseguró.

El ombudsman dijo que las autoridades dieron por sentado que los 43 normalistas desaparecidos fueron asesinados, cuando “la investigación que se acreditó fue desarrollada al margen de la ley”.

Recuerdan reporte sobre Julio César

Al tocar el caso de Julio César Mondragón, la CNDH recordó que el 11 de julio de 2016 reveló un reporte donde evidenció que el joven normalista “fue denigrado, afectado en su seguridad personal, privado de la libertad, ostensiblemente dañado en su integridad física y privado del derecho a la vida. Todo indica que el día de los hechos Mondragón Fontes fue interceptado y conducido al lugar en el que posteriormente fue brutalmente golpeado y luego asesinado”.

El 8 de febrero de 2016, los peritos de la CNDH emitieron el “Dictamen en Medicina Forense y Criminalística de Campo”, en el que formularon conclusiones, entre las que destacan:

  1. a) Que la posición en que se encontraron las ropas que vestía Julio César Mondragón Fontes y la disposición de las lesiones en todo su cuerpo, evidencian que realizó maniobras de defensa, lucha y forcejeo contra sus victimarios, durante la sujeción, sometimiento y agresión.
  2. b) Hasta antes de la dictaminación de la CNDH, no se había establecido la mecánica de los hechos.
  3. c) El lugar del hallazgo del cadáver de Julio César Mondragón Fontes, corresponde al lugar de los hechos donde fue privado de la vida
  4. d) A Julio César Mondragón Fontes le fueron ocasionadas 64 fracturas en 40 huesos de cráneo, cara, tórax y columna vertebral. Destacan las provocadas en todos los huesos del cráneo y en 13 de los 14 huesos que conforman el esqueleto de la cara; de estas últimas, la más severa producida en el macizo facial.
  5. e) La ausencia de la corona del segundo premolar superior derecho, fue consecuente a caries y se descartó que dicha pérdida, haya sido resultado de un traumatismo.
  6. f) La multiplicidad de lesiones y sus características particulares, indican que fue más de un victimario quienes policontundieron a Julio César Mondragón Fontes.
  7. g) La causa de la muerte de Julio César Mondragón Fontes fue traumatismo craneoencefálico, por lo que quedó excluida toda posibilidad de que haya sido victimado por disparo de arma de fuego como lo sugería un peritaje del GIEI.
  8. h) Considerando los signos tanatológicos, la muerte de Julio César Mondragón ocurrió en un lapso de entre 13 a 15 horas previas a la práctica de la necropsia, de donde se deduce que el fallecimiento sucedió entre las 00:45 y 02:45 horas del 27 de septiembre de 2014.
  9. i) Las características muy particulares de las lesiones presentes en tejidos blandos y óseos llevan a concluir que, la ausencia de tejidos de la cara y cuello, así como el desprendimiento del ojo izquierdo, fueron provocados por la intrusión de la fauna depredadora del lugar en una etapa post mortem, facilitada por la previa destrucción de la piel de la cara consecuente a los múltiples traumatismos sufridos en esa región de la cabeza y la presencia de líquido hemático.

Las conclusiones de la CNDH contribuyeron a resolver las contradicciones y la controversia surgida a partir de las dictaminaciones del médico forense de la Secretaría de Salud del Estado de Guerrero y por el perito en criminalística de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, respecto a la naturaleza del agente causal de la pérdida de piel de la cara y cuello, pues en tanto, el primero de los peritos atribuyó el hecho a un instrumento cortante, el segundo refirió que las lesiones fueron resultado de la acción de la fauna del lugar.

Seis autobuses estuvieron involucrados en la noche de Iguala 

La investigación de la CNDH señala que un total de seis autobuses estuvieron involucrados en la desaparición de los 43 normalistas: salieron en los camiones 1561 y 1531, en el camino intentaron tomar el autobús Costa Line 2513, el cual siguieron hasta la Central de autobuses bajo la consigna de que cuando los pasajeros descendieran podrían subirse a él, pero no lo lograron.

A las 21:17 horas del 26 de septiembre de 2014, los normalistas partieron en caravana de la Central de Autobuses de Iguala, a bordo de dos autobuses Costa Line 2012 y 2510 y un Estrella de Oro 1568, mientras que, para esos momentos, el autobús 1531 ya se había adelantado a la caravana, el cual después fue retenido por elementos policiales en el Puente del Chipote, donde fueron sustraídos de 15 a 20 normalistas.

Según la indagatoria del organismo, la caravana conformada por los tres autobuses, circuló sobre la calle Hermenegildo Galeana que se convierte en Juan N. Álvarez, hasta que fueron bloqueados a la altura de Periférico Norte, por la patrulla 002 de la Policía Municipal de Iguala.

En el primer autobús Costa Line 2012 viajaban 30 estudiantes; en el segundo, 2510 iban a bordo 36 normalistas y en el autobús 1568 viajaban de 23 a 28 estudiantes, entre ellos, el líder Bernardo Flores Alcaraz identificado por sus demás compañeros como “El Cochiloco”, quien iba al mando de todo el grupo estudiantil.

De acuerdo con la investigación, los normalistas fueron obligados a bajar de los camiones y entonces una persona vestida de civil arribó al lugar y dijo que sólo esperaban “luz verde, sino ya los hubieran matado”, por lo que la CNDH indicó que corresponde a la Procuraduría General de la República determinar quién era ese sujeto y de quién esperaba orden.

Mientras que los estudiantes que viajaban en el autobús 1531 fueron conducidos hacia Huitzuco para que un sujeto denominado “El Patrón” resolviera su situación.

La Comisión indicó que hubo participación de elementos de la policía de Huitzuco y de otras dos corporaciones.RB

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