franciscopazos@ejecentral.com.mx En Latinoamérica predominan los claroscuros sobre las investigaciones hacia los involucrados en redes de corrupción, pues mientras en Perú y Brasil han llevado a sus exfuncionarios a la cárcel, en países como México prevalece la opacidad Al menos 65 personas investigadas o procesadas, entre presidentes, expresidentes, secretarios de Estado, legisladores y empresarios, algunos de ellos ya en prisión en seis países de América Latina, es el saldo del entramado que diseñó la constructora Odebrecht en uno de los casos de corrupción más extendidos de la historia y que el Departamento de Justicia de Estados Unidos calculó en 788 millones de dólares. En México, la Procuraduría General de la República (PGR) es una de las autoridades latinoamericanas con menos avances reportados, además registra nula transparencia en sus indagatorias contra funcionarios que aceptaron dinero de la empresa brasileña y sus socias, que en territorio nacional habría dejado sobornos por 10.5 millones de dólares. Nuestro país está en el mismo nivel de letargo o de opacidad que Venezuela, Argentina y Guatemala, donde las indagatorias no han arrojado resultados. Mientras que, en Mozambique y Angola, sus gobiernos ni siquiera han abierto investigaciones. En cambio, los países que han tenido una reacción investigativa rápida y que sometieron a juicio a los más altos niveles de gobierno son Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, República Dominicana y Panamá. En Perú, por ejemplo, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron sometidos a prisión preventiva por 18 meses. Mientras que en Colombia hay ocho personas que están en la cárcel, entre ellos exsecretarios de Estado y congresistas. Las autoridades ecuatorianas han detenido a siete involucrados; mientras que en Panamá hay 24 casos abiertos y 36 personas procesadas. En Brasil, el expresidente Lula da Silva recibió sentencia de nueve años y seis meses de prisión; además, el presidente Michel Temer, está bajo proceso. En México, las investigaciones iniciaron apenas el 17 de enero pasado, a partir de las revelaciones conocidas en el caso Lava Jato, iniciado en Brasil para desarticular una red de corrupción vinculada a Odebrecht y a la petrolera Petrobras, y apuntan a Petróleos Mexicanos y a sus directivos, durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, sin que la PGR haya dado a conocer sus avances o resultados. La trama que tejió la empresa creada por Marcelo Odebrecht en México ha sido más investigada por medios de comunicación y asociaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que por las autoridades. La PGR se apegó a la reserva de información, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció el inicio de investigaciones administrativas contra empresas vinculadas, aunque Pemex sólo se pronunció sobre el caso en dos comunicados publicados en febrero y abril pasados.
Odebrecht habría operado con sobornos en México desde 2009. De acuerdo con una investigación publicada por MCCI, ese año, integrantes de la constructora brasileña gestionaron un encuentro entre los expresidentes Felipe Calderón y Lula da Silva.
Varios gobiernos de toda América Latina han anunciado investigaciones, multas y, en algunos casos, prohibiciones directas a las operaciones de la empresa constructora en sus países. Varios proyectos en Perú, Colombia y Panamá han sido suspendidos o cancelados, dificultando las inversiones en infraestructura y la demanda de cemento en toda la región”, detalló el blog del Foreing Corrupt Practices Act (FCPA) en una publicación del 10 de julio pasado. En México no se ha visto una reacción similar, pero en Perú, por ejemplo, el gobierno ha reconocido que existen riesgos que impacten negativamente su Producto Interno Bruto (PIB) por el paro en varios proyectos de infraestructura relacionados con la red de sobornos. El 7 de julio pasado reconocieron las autoridades que la investigación obligó a la “suspensión o demora de importantes proyectos de infraestructura que, de otro modo, estaban permitidos y en proceso”.
El retraso general en relación con estos proyectos ha provocado una disminución del crecimiento del PIB y de la inversión general en infraestructura”, apuntó al respecto el blog del FCPA. La FCPA es una ley publicada en Estados Unidos en 1977 la cual prohíbe “el pago de sobornos a funcionarios extranjeros con el propósito de obtener o retener negocios”, actos que son indagadas por el Departamento de Justicia en ese país, con base en la que fijó en diciembre del año pasado multas por dos mil 600 millones de dólares en contra de Odebrecht.
Un año después…
Las redes de corrupción que la constructora Odebrecht tejió se extendieron en por lo menos 10 naciones latinoamericanas, además de Brasil, en donde el escándalo se destapó en 2016, a través del caso Lava Jato, que reveló la existencia de decenas de actos de sobornos para obtener ventajas en más de 100 proyectos de infraestructura. Esto son algunos de los resultados que hasta ahora se han registrado: La colusión entre sus empleados y funcionarios en Argentina, Colombia, Venezuela, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá, Perú, Guatemala y México fue investigada y sancionada por el Departamento de Justicia estadunidense con multas por dos mil 600 millones de dólares, que Odebrecht tendría que repartir entre Estados Unidos, Brasil y Suiza, por los daños provocados. En Brasil se investiga el pago de 349 millones de dólares en sobornos, principalmente relacionados con proyectos y funcionarios de Petrobras. En Argentina, las indagatorias apuntan al supuesto pago de 30 millones de dólares para funcionarios del gobierno, cometidos entre 2007 y 2014. El gobierno colombiano lleva a cabo una investigación por el pago ilegal de 11 millones de dólares para obtener proyectos de infraestructura con ventajas, los que habrían dejado a Odebrecht ganancias por 50 millones de dólares. República Dominicana fue uno de los países en los que Odebrecht obtuvo los beneficios más jugosos a partir del pago de 92 millones de dólares por proyectos para construir carreteras, presas y una termoeléctrica, que se tradujeron en retornos de hasta 163 millones de dólares. En ese país, la fiscalía nacional ordenó la aprehensión de 10 funcionarios, exfuncionarios y empresarios involucrados en la red de corrupción, aunque el 9 de julio pasado siete de los acusados obtuvieron beneficios para seguir sus juicios en libertad bajo caución. Las indagatorias por casos como el de la empresa Graña y Montero, que se asoció con Odebrecht y que ya registró una afectación en el valor de sus acciones, provocaron el inicio de indagatorias contra de los exmandatarios, Alejandro Toledo, quien mantiene un recurso de revisión en contra de una orden de prisión preventiva, y Alan García.