¿Votar, para qué?

Hay que salir a votar. Que el voto cuente y haga la diferencia.

1. ¿Votar, para qué? En cinco meses, el país irá a elecciones federales y en otras 17 entidades habrá comicios locales que involucran ayuntamientos y legislaturas, en nueve de las cuales se renovará también al gobernador. Se elegirán en total algo así como 2,050 servidores públicos en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, de lo cual en los medios de comunicación debiera realizarse el debido escrutinio público, a efecto de que los ciudadanos electores dispongan de información suficiente para optar por quien mejor represente sus intereses o quien considere pudiera realizar de mejor manera las funciones que deberá ejercer en los Congresos locales y federal o en los distintos puestos ejecutivos que el voto popular habrá de renovar. Empero, dada la estructura corta de las campañas como de la profusión de millones de spots repetitivos hasta el delirio y la tendencia de los estrategas por la guerra sucia para denostar al adversario, lo que menos llega al ciudadano son las propuestas, ideas o contrastes en la actuación de los distintos partidos, como para formar un juicio y emitir el voto conforme a los cánones democráticos, para premiar o castigar a quien o quienes ejercen el poder o dar oportunidad a quienes pretenderían hacerlo de mejor manera. ¿Qué es lo que está en juego, entonces, en estos comicios? Como suele suceder en toda elección intermedia en una gestión gubernamental, lo que realmente está en juego es la marcha que está teniendo el país, si las cosas van conforme al mandato general otorgado, en este caso, en las elecciones federales de 2012 cuando el país vivió la segunda alternancia, o si bien será necesario realizar correcciones en el rumbo, para ajustar la ruta, corregir desvíos o aún enmendar la plana si fuere el caso. Con mucho, el resultado posible de la elección federal influye en los comicios locales. Ganar o perder una gubernatura o una legislatura se lee siempre en función del respaldo o el rechazo al partido gobernante, así como del desempeño de las alternativas de gobierno existentes. De ahí la importancia de poder evaluar el desempeño gubernamental y las opciones que tiene el ciudadano, más allá del fuego mediático, político y electoral al que todo gobierno es sometido en tiempos electorales. Es necesario analizar entonces cuáles han sido los resultados de la opción gobernante y qué opciones tiene ante sí para seguir apelando al respaldo de una mayoría de ciudadanos. 2- ¿Cuáles han sido los resultados? Como diría el Presidente de la República al cierre del tremendo año del 2014, hay claroscuros en la gestión pública federal, mismos que están siendo severamente evaluados por la opinión pública. En los dos primeros años de la gestión del presidente Enrique Peña Nieto, el país marchó por la ruta de los acuerdo logrados al amparo del exitoso Pacto por México, en el cual fue posible impulsar once reformas constitucionales de gran calado en las que se funda la posibilidad de construir un mejor país, en serio y no sólo en propósitos discursivos. Es decir, con los hechos de las reformas estructurales se le da sustento a los dichos de mejoría que se propone, como también a los discursos en los que se proyecta el ánimo de recuperar el crecimiento, la paz social y un mayor bienestar para los mexicanos en el futuro inmediato. Las reformas estructurales aprobadas en el Congreso, en el que destaca la pericia y operación política de los liderazgos camarales del partido gobernante, el diputado Manlio Fabio Beltrones y el senador Emilio Gamboa, ponen las bases para una transformación profunda de los cimientos económicos del país. No sólo habrán de aportar elementos para una mayor competitividad, sino que apuntan a lograr un cambio cualitativo en el nivel de vida y en el ingreso de los mexicanos. En el mundo, está más que demostrado que la mejor manera de enfrentar y resolver la pobreza, es con una educación de calidad y con inversiones que generen empleos, crecimiento económico y distribución de ingreso entre la población. En ello, las reformas de la educación pública, basada en la preparación del magisterio y la evaluación de sus capacidades para enseñar en un sistema educativo renovado; la de telecomunicaciones, que abre el juego a más competidores para lograr mejores servicios y a precios más bajos en este importante sector tecnológico, y la reforma energética, que no sólo busca la concurrencia del sector privado y gubernamental en el petróleo, sino también la modernización del sector, la transición hacia energías renovables y más baratas, y el desarrollo de nuevos recursos y cuencas productivas aún en circunstancias difíciles como las que presenta en estos momentos el mercado internacional, que acusa una severa reducción de los precios internacionales del petróleo, por debajo de los 40 dólares el barril. Estos cambios son de tal magnitud que no podrían dejar de tener efectos en la economía y la sociedad mexicanos. Las transformaciones propuestas se están realizando o poniendo en marcha en un entorno bastante complicado, en donde hay resistencias o intereses afectados, o bien, existen aún barreras que superar, sobre todo en la parte institucional y de prácticas deficientes en transparencia y vigencia de la legalidad y el estado de Derecho. 3.- Las fallas en justicia y legalidad En el último trimestre del año pasado, fue patente el déficit de justicia y legalidad en nuestro país. Las prácticas criminales de quienes desde hace una década confrontan al Estado y han logrado infiltrar sus estructuras policiales, sobre todo en el nivel municipal, provocaron en Iguala una hecatombe, cuando policías municipales y criminales coludidos con la autoridad municipal mataron, secuestraron y desaparecieron a un grupo de estudiantes normalistas del distante Ayotzinapa (a 200 kilómetros de ahí) que buscaban interferir en una acto público de la esposa del presidente municipal, María de los Angeles Pineda. No obstante que al tener conocimiento de los hechos, que fueron solapados por el gobierno estatal, el Gobierno Federal asumió las investigaciones, detuvo a los perpetradores, incluidos los autores intelectuales, la pareja infernal del gobierno perredista de José Luis Abarca y María de los Angeles Pineda, y estableció la búsqueda de los 43 normalistas desparecidos, que todo indica fueron ultimados, incinerados y dispersadas las cenizas en los ríos por los sicarios de los Guerreros Unidos en un predio del cercano municipio de Comala, la opinión pública y los grupos oportunistas que se han apoderado del dolor de los padres y familiares de las víctimas no aceptan esta dolorosa realidad. De los desaparecidos se sabe su destino final, que era del conocimiento del padre Alejandro Solalinde prácticamente desde el principio de las indagatorias “porque así se lo informaron los lugareños”, pero éste no es ni será aceptado por los dolientes dado el protagonismo que convenientemente manejan las guerrillas y el magisterio guerrerense, unas en lucha armada para deponer al Estado mexicano, y otros en similar pelea contra la “imposición” de la reforma educativa en los estados en donde la disidencia magisterial ha sentado sus reales, que son Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas. Ante ello, el Gobierno Federal se ha apegado a los protocolos humanitarios internacionales para dilucidar lo ocurrido a los 43 desaparecidos por los criminales y ha planteado al Congreso y a la sociedad un plan de acción inmediata, que incluye medidas legislativas para diseñar el mando único en cada entidad de la República, especialmente en aquellas en donde los cárteles de la droga plantean los mayores desafíos a la gobernabilidad (Guerrero, Michoacán, Morelos, Jalisco y Tamaulipas); también para impulsar el desarrollo económico y social de las regiones del sur del país, que se ha rezagado del resto nacional, recuperando aquella herramienta que tan buenos resultados diera para detonar el desarrollo regional, que es el impulso a grandes proyectos de infraestructura, en este caso, en Lázaro Cárdenas, el Istmo de Tehuantepec y Puerto Chiapas, en donde el Gobierno Federal habrá de canalizar inversiones prioritarias, entre otras medidas consecuentes. Y, en la parte que corresponde a los primeros resultados de las reformas estructurales, el arranque del año incluye algunas buenas noticias para el bolsillo de los ciudadanos, como son la cancelación de los cobros adicionales por llamadas de larga distancia nacionales, el inicio de la reducción de tarifas de energía eléctrica y el fin de los “gasolinazos”, medidas que, en opinión del Banco de México, habrán de impactar favorablemente en la disminución de la inflación que por vez primera podría estar por debajo del 4% en 2015. Estos son los claroscuros; en la parte diáfana, la exitosa negociación y aprobación de las reformas estructurales, que dotan al país de perspectivas concretas y asequibles de un mejor bienestar en el futuro inmediato, en tanto que en la parte gris se ubica el déficit de justicia, legalidad y credibilidad del gobierno y los partidos políticos que se acentuara hacia el cierre del año pasado. 4.- Las opciones hacia adelante ¿Qué opciones tienen ante sí los ciudadanos a la hora de razonar su voto el 7 de junio de 2015? De un lado, el malestar que se traduce en negatividad, resultado de un largo tiempo en que la población ha visto mermado su ingreso y reducida su libertad por la impunidad y saña conque los grupos delincuenciales se han apoderado de calles y plazas en algunas ciudades y regiones del país, ante lo cual resulta exigible el obtener resultados rápidos y mágicos que restituyan esa paz social en la que antes vivíamos. Del otro lado, el sostener y persistir en el camino que el país iniciara con la segunda alternancia, para implementar los cambios estructurales y alcanzar un mejor resultado que el obtenido en el pasado inmediato, caracterizado por el bajo crecimiento económico, la creciente pobreza prácticamente estructural en donde los pobres de hoy serán también pobres en el mañana, y una violencia criminal impelida por el creciente mercado de las drogas al otro lado de la frontera, problema global que pone a prueba la capacidad de cualquier Estado nacional para hacerle frente. En la perspectiva de los organismos internacionales y agencias calificadoras de mayor especialización, como son la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, por sus siglas en inglés), el Fondo Monetario Internacional y la agenda Standard and Poor’s, tras las reformas estructurales, las posibilidades de nuestro país son más que positivas en un entorno internacional adverso para la generalidad de las economías emergentes comparables a la nuestra. El mundo, salvo los Estados Unidos (y México con ellos) está en crisis, la desaceleración es notoria en el Sudeste Asiático y la Zona Euro, dos de las tres grandes locomotoras del crecimiento mundial, en donde la posibilidad de una recesión es latente. Por otra parte, el precio internacional del petróleo ha caído en 60% en los últimos seis meses, en lo que parece ser una guerra económica entre los países tradicionalmente productores del Golfo Pérsico y los nuevos productores no convencionales encabezados por los Estados Unidos, por lo que la situación de los bajos precios apunta a ser una tendencia a mantenerse en los próximos años. A ello se suma la revalorización del dólar frente a todas la monedas internacionales, incluido el peso mexicano, el cual ronda los 15 por unidad, así como la posibilidad latente de que la Reserva Federal norteamericana incremente las tasas de interés durante el segundo semestre del año, lo cual llevaría los ciclos de inversión hacia los bonos del tesoro de aquel país en detrimento de las inversiones en las economías emergentes que habrían de depender más de sus propios recursos para financiar sus propias políticas. Todas ésas son variables en las que las políticas nacionales tienen poco que hacer, obedeciendo más a las reglas de la economía mundial en la tan traída globalización, las que estarían influyendo en las expectativas de crecimiento y desarrollo de las economías nacionales. ¿Qué votar el 7 de junio? ¿Y cómo está nuestro país ante este desolador panorama? La verdad, excepcionalmente bien posicionado. Dice Standard and Poor’s que, en el conjunto de las economías emergentes, nuestro país cuenta con sólidos fundamentos, pues no obstante ser un país petrolero, en realidad la economía se ha diversificado al grado tal que las divisas petroleras representan sólo el 10% del PIB, aún cuando siguen siendo el 30% de los ingresos públicos, que son los que en principio tendrían una mayor afectación por la reducción de los ingresos petroleros. No obstante, aún en esta circunstancia adversa, el Gobierno Federal hizo bien la tarea y, gracias a las reforma hacendaria, una de las once reformas estructurales aprobadas e implementadas en el primer tramo de la administración Peña, la recaudación tributaria se ha incrementado, se maniobró prudencialmente en el Congreso para reducir la estimación del petróleo de exportación de 86 a 79 dólares el barril y se contrataron coberturas sobre este último precio, lo que garantiza cierta estabilidad en los ingresos como para sostener al máximo el gasto público aprobado por el Congreso de la Unión. En todo caso, de persistir la caída de los precios del petróleo más allá de lo razonable, el presupuesto de Egresos se “acomodaría”, en palabras del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mediante los ajustes respectivos, por lo que no habría ni nuevos impuestos ni apelación a un mayor déficit que el aprobado por el Congreso, del 1% del PIB. El país cuenta, además, con holgadas reservas internacionales por 192 mil millones de dólares para hacer frente a cualquier desliz desproporcionado de la flotación del peso frente al dólar, como para pensar que en 2015 al menos no habrá drásticos ajustes como aquellos que se vivieran en otros tiempos de choque, como fueron el 2009-2010 en el que se perdió el 7% del producto nacional o, más lejanamente, el tremendo “error de diciembre” de 1994-1995. En opinión de los organismos internacionales especializados, las reformas estructurales le agregarán al potencial de crecimiento de nuestro país un punto adicional en cada uno de los próximos cuatro años; así, para el actual 2015, la expectativa estaría entre 3 y 3.9%; para 2016, entre el dato que se logre este año y 4.5%, y para 2017, el crecimiento del PIB podría estar entre 5 y 6%, de una manera sostenible conforme fueran madurante las reformas económicas. Todo ello, no obstante el difícil y complejo entorno económico mundial. Como diría el principal ejecutivo de S&P en nuestro país, “aunque sí será un año difícil, estamos viendo que México puede crecer alrededor de 3% (en 2015), que es mucho más de lo que avanzó en 2013 y 2014 y comparado con otros mercados emergentes, la situación no es tan de desventaja para el país”. Es decir, hacia adelante hay riesgos, indudablemente, los que han sido señalados y correctamente diagnosticados por la opinión pública, como son un alza repentina de las tasas de interés norteamericanas, una caída más pronunciada del precio del petróleo (hacia los 20 dólares el barril, por ejemplo), un conflicto internacional prolongado, el deterioro de la seguridad pública nacional o el debilitamiento de la legalidad y el estado de Derecho, latente ante el desafío que la guerrilla del EPR y el CETEG magisterial están planteando en Guerrero con la pretensión de cancelación de las elecciones en la entidad, so pretexto de la presentación con vida de los 43 desaparecidos por los narcocriminales de Iguala. Es lo que los ciudadanos tendrán ante sí el 7 de junio próximo: refrendar el respaldo al proyecto de mayor transformación de las circunstancias nacionales en marcha desde que en 1994 entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, o bien negarlo y llevar el país hacia otro ciclo de reinvención para intentarlo todo desde una óptica que ya experimentamos en la docena trágica de 2001-2012 u otra que se propone un país imaginario desde la fragmentación de las izquierdas, en donde el partido Morena del señor López estaría buscando en 2018 traer el paraíso a la tierra con la lógica autoritaria, excluyente y estatista que le ha caracterizado. En todo caso, quien está a prueba y en evaluación por los ciudadanos, es el Gobierno Federal y el partido gobernante. El país no se ha desplomado ni se encuentra herido, como sostienen en el escenario político-electoral las oposiciones. El país enfrenta sus dificultades con capacidades propias y las encauza en democracia y conforme a las reglas institucionales, buscando el diálogo, la conciliación y la inclusión. En todo caso, los ciudadanos tendrán la palabra al acudir a las urnas. Por el momento, las mediciones de preferencias electorales no hablan de un derrumbe del gobierno, sino que se orientan razonablemente a su refrendo; el promedio de las encuestas sitúa las preferencias hacia el PRI en 30%, al que se agregaría un 11% probable para su aliado, el Partido Verde. El PAN se beneficiaría de la incredulidad y la debacle de las izquierdas, yendo hacia un 26%, en tanto que el PRD se derrumba hacia el 10% y el partido Morena del señor López le estaría rebasando con 11%. En estas proyecciones, aún hay probablemente un 30% de indecisos o votantes no comprometidos, muchos de los cuales podrían engrosar el abstencionismo o los votos nulos que en una elección intermedia suelen estar bastante altos, sobre todo si prosiguen las campañas de odio y demolición de la política en la que algunos sustentan sus propias aspiraciones. Para el país, la mejor opción será que la gente, los ciudadanos, salgan a votar y hagan de su elección un motor para que el país funcione mejor, lejos del caos, el rezago y la anarquía que en realidad beneficia al narco y a los criminales. Ejercer el voto ahora, será votar por la democracia, por el diálogo, por los acuerdos y la construcción de un país mejor, en la libertad, el desarrollo y mejores condiciones para la igualdad y la inclusión social. Hay que salir a votar. Que el voto cuente y haga la diferencia.