Imagen de contextoWashington. Miles de residentes del Distrito de Columbia iniciaron hoy la jornada de votación no sólo para elegir al presidente o presidenta de Estados Unidos, sino para decidir si convierten a la capital en el estado número 51 del país.
Encuestas muestran que siete de cada 10 de sus 672 mil residentes respaldan la creación del “Estado de Washington DC, para dotar por primera vez a los washingtonianos de los mismos derechos políticos que gozan los capitalinos en Ciudad de México, Canadá y más de 100 países.
La pregunta de la estadidad está contenida en un referendo incluido en las boletas electorales de la capital del país y cuenta con el apoyo del presidente Barack Obama.
La boleta del referendo pregunta a los capitalinos si desean que el Distrito de Columbia se convierta en un estado, si aprueban el establecimiento de una Constitución, de los límites geográficos del estado y si apoyan una forma representativa de gobierno.
Si una mayoría de residentes de Washington DC acepta la propuesta en las elecciones, el Consejo hará la petición al Congreso para que celebre un voto sobre la estadidad, el primero de su tipo en más de dos décadas.
Para evitar problemas como sede de los poderes de la federación, se preservaría un “distrito federal” que comprendería la zona donde se asienta la Casa Blanca, el Congreso y la Suprema Corte.
Desde la concepción de la ciudad en 1790, los washingtonianos carecen de voto en el Congreso estadunidense y sólo pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Aunque tienen representación con voz, carecen de la fuerza del voto en ambas Cámaras.
La Constitución de Estados Unidos otorga en su Artículo 1, Sección 8, cláusula 17 un poder absoluto al Congreso sobre los asuntos del Distrito de Columbia, por ser sede de los poderes federales: la Casa Blanca, el Capitolio y la Suprema Corte de Justicia.
Los residentes del Distrito de Columbia no sólo no pueden decidir el destino de las contribuciones fiscales de sus residentes al gobierno federal, sino tampoco el destino de los ingresos propios, toda vez que corresponde a una decisión del legislativo federal.
Más de mil millones de dólares anuales son contribuidos por los capitalinos al Departamento del Tesoro, una cifra mayor a la de 11 estados del país.
Pero su presupuesto debe ser aprobado por el legislativo estadunidense, por lo cual la ciudad es tratada económicamente como si fuera cualquier agencia federal, como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) o el Departamento de Veteranos de Guerra.
En abril pasado, la alcaldesa de Washington, DC, la demócrata Muriel Bowser, decidió por primera vez en la historia de la ciudad pedir autorización del Congreso federal para decidir el destino de sus ingresos por 13 mil millones de dólares para el año fiscal 2017.
La acción de Bowser fue vista como una “declaración de independencia” del Congreso, toda vez que la alcaldesa decidió empezar a gastar el dinero sin esperar a los legisladores, y como la primera salva en la nueva etapa en busca de la estatidad.
Aunque esfuerzos similares por buscar una enmienda constitucional fracasaron en la década de 1980, Bowser y los partidarios de la estadidad decidieron replicar la experiencia del estado de Tennessee, que se convirtió en el estado 16 en 1796.
En julio pasado, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó el referendo propuesto por Bowser para iniciar el proceso legal hacia la estadidad. Notimex/DA