WOLA destapa lo que Sedena no “encuentra”
CIUDAD DE MÉXICO, 03OCTUBRE2017.-Salvador Cienfuegos Zepeda, encabezò el homenaje al aniversario del XXX Aniversario de la creación del Primer Cuerpo del Ejército. Durante el evento se resaltó la labor de ayuda del ejército durante los acontecimientos ocasionados por el sismo del 19 de septiembre. FOTO. MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM
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Entre 2012 y 2016 se abrieron 147 investigaciones por ejecuciones extrajudiciales y otros delitos de militares
jonathanjnd@ejecentral.com.mx
Pese a que de 2012 a 2016 se abrieron 146 investigaciones por abusos de autoridad, extorsión, privación ilegal de la libertad y ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados y marinos en México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó no contar con archivos o registros que evidenciaran el involucramiento de sus elementos en esos delitos.
El registro de las investigaciones forma parte de los hallazgos que la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) reveló en su informe Justicia olvidada: la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidos por soldados en México, el cual señala que de 2012 a 2016 se abrieron 121 indagatorias por abuso de autoridad, tres por extorsión, tres más por privación ilegal de la libertad, y 17 por homicidio.
En contraste, según la respuesta a la solicitud de información con número de folio 0000700183117, formulada por ejecentral, previo al informe que WOLA dio a conocer el pasado miércoles, en la que se solicitó la cantidad de militares acusados de homicidio doloso, secuestro, extorsión, abuso de autoridad y ejecución extrajudicial desde del 1 de diciembre de 2006 al 31 de agosto de 2017, la dependencia reconoció que 36 de sus elementos estuvieron involucrados en algún caso de homicidio intencional, mientras que del resto de ilícitos argumentó que tras una “búsqueda exhaustiva” no localizó ningún documento que le permitiera dar una respuesta.
Sin embargo, el análisis hecho por Ximena Suárez Enríquez, coordinadora para México de WOLA, y Maureen Meyer, coordinadora del programa de México y Derechos de Migrantes, la situación es crítica debido a que sólo el 3.2% de las investigaciones cue de 2012 a 2016 inició la Procuraduría General de la República (PGR) por delitos y violaciones a derechos humanos cometidos por soldados, incluyendo efectivos militares y navales, en contra de civiles, derivaron en una sentencia condenatoria.
Considerando que las escuetas pesquisas por abusos de militares y marinos se han enfocado a elementos de bajo rango, sin involucrar a sus superiores, pese a contarse con evidencias que comprueban su responsabilidad, el informe concluye que la PGR “no ha mostrado voluntad para investigar de forma seria y exhaustiva a los soldados que han cometido delitos o violaciones a derechos humanos en contra de civiles”, dando lugar a que los más de 100 casos de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales—incluyendo el caso Tlatlaya (sic)—se hayan clasificado de manera incorrecta como “abuso de autoridad”.