A periodicazos, el presidente Enrique Peña Nieto finalmente parece haberse dado cuenta que gobernar el estado de México no es lo mismo que gobernar el país. Descubrió que ignorar sus propuestas más atractivas, novedosas y atrevidas, lo colocaron en una crisis profunda donde un creciente número de mexicanos pide su renuncia y se ha convertido en un líder contaminado por la corrupción ante sus pares en el mundo. Llegó tarde –pero llegó finalmente- a la cita delineada el 10 de septiembre de 2012, cuando presentó ante el grupo parlamentario del PRI su primera iniciativa de ley, que contemplaba la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción.
La iniciativa para crear la Comisión la trabajó el abogado Virgilio Andrade, un viejo compañero del ITAM del entonces coordinador del equipo de transición, Luis Videgaray, a quien incorporó al equipo del presidente electo para que trabajara en la creación de ese nuevo organismo que iba a sustituir a la Secretaría de la Función Pública. Pronto se le olvidó al presidente su propuesta y Andrade fue arrumbado en la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, un pequeño órgano administrativo desconcentrado, dependiente de la Secretaría de Economía. La Función Pública nunca desapareció.
De corrupción, ni hablar, hasta que comenzó a verse un patrón en la asignación de licitaciones de obra pública a empresas vinculadas con el grupo empresarial vinculado al equipo mexiquense del presidente Peña Nieto. Las primeras adjudicaciones a OHL y a Arturo Alcántara –su coterráneo de Atlacomulco- generaron inconformidades. Pero las preferencias por Juan José Hinojosa, viejo amigo del presidente, beneficiado con contratos federales y con información privilegiada para licitar por el tren rápido México-Querétaro, provocaron el quiebre. La respuesta fue exhibir en la prensa los conflictos de interés del presidente con Hinojosa, quien financió la casa de su esposa Angélica Rivera, con un préstamo de casi 50 millones de pesos.
El presidente nunca había aceptado la posibilidad que hubiera un conflicto de interés y sus voceros, rabiosamente, lo negaban. Pero este miércoles, Peña Nieto cambió el metabolismo en Los Pinos, e hizo lo que el manual de ética política recomienda para evitar que la percepción de corrupción, se convierta en la realidad popular de que es corrupto. Recuperó a Andrade, retomó la idea central de su combate a la corrupción, y lo nombró nuevo secretario de la Función Pública. Para mostrar la prioridad en el tema, él mismo le dio el nombramiento y le encargó iniciar una investigación para determinar si él, su esposa y Videgaray, que también adquirió una casa por medio de Hinojosa, incurrieron o no, en un conflicto de interés.
Para un gobierno donde el tema de ética política y conflicto de interés era inexistente, el anuncio del presidente es un gran paso. Peña Nieto insistió en que nunca, como presidente, gobernador o servidor público, incurrió en un conflicto de interés, pero el hecho en sí mismo que pida a un tercero que lo revise, es un avance. El 17 de septiembre, ante la negación gubernamental, se afirmó en este mismo espacio: “Una posibilidad está al alcance de la mano del gobierno: crear un mecanismo dentro de la administración, para que antes que se anuncie un nombramiento, la persona sea examinada en forma escrupulosa para descubrir los fantasmas en el clóset.
“... Este mecanismo tendría que voltear de cabeza a la persona designada y revisar todo aquello que pueda afectar al gobierno que se desea que sirva. En lo personal, en lo político y en lo financiero, en todo aquello que signifique un potencial riesgo de controversia –la OECD tiene un manual para administrar el conflicto de interés- y escándalo. Se haría discreto, sin lastimar a la persona, en dado caso que tenga pecados insuperables, y sin afectar a quienes serán sus jefes. De esta forma no habrá sorpresas para nadie. Habrá transparencia y dará credibilidad a los asuntos públicos, que una buena falta les hace”.
Lo que anunció el presidente fue eso, que no es mas que la forma como los gobiernos en el mundo trabajan para reducir sospechas y combaten percepciones. A partir de la primavera, los funcionarios públicos tendrán que declarar sus posibles conflictos de interés y los revisará una unidad que creará Andrade, que es lo que hacen internacionalmente cuando los altos funcionarios se deshacen de todo aquello que los puede meter en un dilema moral dentro de la función pública. Se harán más transparentes los procesos de licitación y se añadirá información en los portales del gobierno para consumo general. De esta manera se atajará un posible conflicto de interés, que se llega a presentar incluso, por el potencial que exista del choque del interés público con el particular.
El presidente Peña Nieto puede no estar plenamente convencido de este tema, que por meses lo mantuvo en una posición intransigente. Por eso quizás le sirva conocer los últimos años de gobierno de Frederik Willem de Klerk, el presidente sudafricano que entendió que para salvarse él y darle vigencia al país, tenía que desmantelar el apartheidy abrir aquella racista nación a la democracia. De Klerk no necesitó creer en la democracia para ser demócrata, sino entender que era la única vía hacia el futuro. Peña Nieto debe tener claro que entrar en serio al combate a la corrupción es el único camino de recuperar la iniciativa y tratar de salvar su sexenio, aunque no lo crea.
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