La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador ha eliminado los controles y ha aumentado la discrecionalidad para la asignación de contratos del gobierno, advierte el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (ICCC) 2020, elaborado por las organizaciones Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.
›Al mismo tiempo, alerta el reporte, el gobierno de México “impulsa grandes proyectos de infraestructura y aumenta el gasto sanitario debido a la pandemia de Covid-19. Esta combinación aumentará aún más los riesgos de corrupción”.
En esta segunda edición, el índice llama la atención sobre el debilitamiento de México en materia de capacidad legal para combatir la corrupción, así como en independencia y eficiencia del sistema judicial.
“México se ubica significativamente por debajo de países como Brasil, Colombia o Perú, y más cerca de otros como Guatemala y República Dominicana”, remarca el informe para destacar la fragilidad institucional por la que atraviesa México.
La pandemia del nuevo coronavirus, según el texto, presenta desafíos sin precedentes para América Latina, incluidos sus esfuerzos para combatir la corrupción. “Todos los países de la región se han visto obligados a movilizar grandes cantidades de recursos para combatir el virus, y mitigar sus consecuencias económicas”.
Los gobiernos se han visto obligados a importar ventiladores, expandir la capacidad de las unidades de terapia intensiva, desplegar paquetes de estímulos financieros y ayuda al sector privado para mantenerse a flote.
“En este ambiente de gasto de emergencia, controles relajados y trabajo remoto, han hecho que aumente el riesgo de la corrupción y mala gestión de los fondos públicos”, advierte el índice.