Jonathan Nácar
A poco más de tres meses para que quede establecido legalmente el Sistema Nacional Anticorrupción, hay un rezago del 50% de los estados que ni siquiera cuentan con una propuesta de ley para diseñar sus sistemas locales anticorrupción; cuatro entidades tampoco han avanzado en la construcción de sus respectivas reformas constitucionales.
Pese a que se trata de una obligación constitucional que todos los congresos locales deben cumplir antes del 18 de julio para evitar riesgos de inconstitucional, el incipiente avance es preocupante, así lo advirtieron representantes del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la organización Transparencia Mexicana, y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Comparmex) que en conferencia presentaron la actualización del Semáforo Anticorrupción: monitoreo de los Sistemas Locales Anticorrupción (SLA).
En el cual advirtieron que sólo 10 estados cuentan con una reforma constitucional satisfactoria, 8 tienen una reforma regular, 4 tienen una iniciativa de reforma satisfactoria, 3 estados registran una reforma deficiente, un estado tiene una iniciativa deficiente, y 4 no cuentan con reforma ni iniciativa en la materia.
Al respecto, Max Kaiser, director anticorrupción del IMCO, informó que en la lista de los estados que carecen o tienen deficiencias en la construcción y armonización de sus leyes, hay 16 entidades que ni siquiera tienen una propuesta de ley para diseñar su SLA, aunado a ello, estados como son Coahuila, Guerrero, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz han registrado escándalos de corrupción recientemente; sólo Puebla, Nayarit y Chiapas cuentan con la base legal necesaria para desarrollar sus respectivos sistemas; y los 13 estados restantes se ubican entre los parámetros de una iniciativa de ley satisfactoria, una iniciativa regular o deficiente.
El procedimiento para obtener la información correspondiente a cada entidad federativa, explicó Kaiser, fue a través de la revisión de las gacetas parlamentarias en cada uno de los 32 congresos, el envío de dos tantas de correos electrónicos a tres funcionarios de los congresos locales, a los presidentes, a los secretarios y los presidentes de las comisiones anticorrupción, y en el último recurso se les contactó telefónicamente. En el caso excepcional de Oaxaca, ninguna autoridad respondió y sólo se sabe que al parecer cuentan con una iniciativa para la creación de su ley local pero no fue obtenida por ningún medio.
No hay que esperar a julio…
En medio de un contexto donde hay múltiples investigaciones por redes de corrupción de servidores públicos, e incluso la evasión de los principales responsables, los ponentes se pronunciaron por una pronta actuación del hoy encargado de atender este tipo de casos: el actual procurador general de la República.
“No habiendo nombrado fiscal especial anticorrupción hay un responsable en materia penal de la lucha contra la corrupción y ese es el procurador Raúl Cervantes. El que se señale así tiene dos planos, ya con el marco jurídico actual se puede actuar y se puede avanzar en las investigaciones, no hay necesidad de esperar a julio de este año (…) Lo que le toca hacer al procurador es informar en qué momento se encuentran los casos que están abiertos por parte de la PGR, y entre ellos hay el caso de un delito confeso como lo es el asunto de Obedrech, por el cual se debe iniciar una investigación sobre los funcionarios que participaron”, señaló, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
Por su parte, Juan E. Pardinas, director general del IMCO, reiteró, “¿Qué puede hacer el procurador?, lo que puede es hacer su trabajo, cumplir su misión constitucional de garantizar que se cumpla el código penal federal, de que se persigan los delitos de corrupción, y en el momento en el que se decida a hacer su trabajo tiene la posibilidad de hacer historia y romper con una inercia de impunidad de que estos casos ocurren en nuestro país sin ninguna consecuencia”.
Algo que podría hacer de forma inmediata el titular de la PGR, secundo Gustavo De Hoyos Walther, presidente nacional de la Comparmex, “es revisar las denuncias en contra de los gobernadores pasados o en activo que han hecho uso irregular de recursos públicos federales, sin que se acaben los sexenios o se den a la fuga para que se analicen las cuentas y los quebrantos que pudieron haberse generado, y esperamos que el procurador sin distingos partidistas inicie esto”. zdh