Para la oposición, tiempos como los actuales son para cosechar y pasar a la ofensiva, que el desgaste siempre va a la cuenta del gobierno
1.- Horizonte de un año difícil
Indudablemente, las condiciones en que arranca el año mueven a un optimismo con reservas, más propio de la cautela y prevención de riesgos, que de lances totales, sobre todo desde la perspectiva del gobierno.
Para la oposición, tiempos como los actuales son para cosechar y pasar a la ofensiva, que el desgaste siempre va a la cuenta del gobierno. Del lado de la ciudadanía, la impaciencia por la lentitud con que suceden las cosas, la exigencia de resultados visibles inmediatos, contantes y sonantes y el contraste, muchas veces inaceptable, entre lo que es y lo que debiera ser, dibujan una situación extrema.
En el arranque del año, se han conjuntado los elementos de tres crisis que, como en Los Mosqueteros, bien pronto podrían ser cuatro:
Complejidad en la economía en la volatilidad mundial (a mi juicio, la más crítica, pues si falla la economía, falla todo lo demás).
Deficiencias en la seguridad pública, que en la más reciente encuesta del INEGI muestran a una ciudadanía molesta y enojada por el difícil entorno en el que debe actuar, autoprotegiéndose y desconfiando de todos.
Crisis de credibilidad y confianza: ante los excesos de impunidad, corrupción y falta de transparencia.
Elección federal intermedia, con una nueva legislación centralista a prueba y desafío rupturista en Guerrero.
2.- Complejidad en la economía
Hace seis meses, pocos economistas tradicionales previeron la caída de los precios del petróleo. La revolución energética mundial del shale y el fracking era vista como una quimera y si acaso, como un asunto medioambientalista, al grado que en nuestra casi década de discusiones energéticas, el tema central era el control del Estado de los recursos petrolíferos, en tanto fuente casi inagotable de ingresos para el erario. De hecho, los sexenios de los presidentes Fox y Calderón fueron los de las “vacas gordas” del petróleo mexicano, cuando los precios internacionales estuvieron más altos que nunca y el gobierno simplemente gastó los excedentes de ingresos por esta materia, los más cuantiosos en la historia nacional.
Ahora, con el superávit existente y la colisión entre productores tradicionales (árabes y Opep) y nuevos productores shale (liderados por EUA) la cuestión no es si los precios bajarán, sino hasta donde y por cuanto tiempo, en lo que parece ser una larga tendencia de precios bajos.
La tentación geoestratégica es tal, presionando a países como Rusia e Irán, notoriamente petrodependientes, que bien podría incentivarse otro gran conflicto regional en la zona productora del Oriente Medio en busca de elevar los precios. Basta ver que Rusia acaba de ser “degradada” en el sistema financiero internacional, al bajar la valuación de su deuda soberana a BBB- y quizá aún más, debido a que está cayendo en la insolvencia, siendo el petróleo una de sus principales mercancías de exportación (la otra son las armas).
Lo cierto e innegable es que en esta guerra de precios del petróleo habrá ganadores y perdedores. Economías emergentes como la mexicana ya están resintiendo efectos, tanto en la merma de los ingresos públicos pues la mezcla mexicana está por debajo de 40 dólares el barril, lo que tensa las coberturas y exacerba los costos futuros de las mismas, como en la paridad del peso, que ronda los 15 dólares debido al “vuelo a la seguridad” de las divisas en el mundo, que se refugian en el Tesoro norteamericano, siendo además la única economía planetaria saludable en estos momentos.
Al respecto, siendo la nuestra también una economía global, la Secretaría de Hacienda, en voz de su titular, evalúa la posibilidad de la reducción de los ingresos públicos, los cuales serían “acomodados” mediante reducciones al gasto y no mediante elevación de impuestos o recurrencia al déficit público; es decir, habrá de seguirse cuidando la estabilidad macroeconómica, buscando en la austeridad y las economías del gasto corriente los ingresos perdidos por la caída de los precios del petróleo.
Otro efecto interno ha sido el soliviantar la reforma energética. Los proyectos de mayor inversión y riesgo deberán indudablemente esperar mejores tiempos, como los shale o de aguas profundas. Otra vez, Pemex y el Estado vuelven a ser los jugadores relevantes en exploración y producción; pero no así en transformación y distribución, donde la apertura al sector privado podría tener mejor acogida.
En lo que se refiere la “cuesta de enero” todo indica que será una escalada escarpada, casi a rapel. El indicador de precios de la canasta básica muestra un incremento del 22 por ciento y numerosas cadenas de alimento, sobre todo lo que importamos, tiene precios dolarizados, que por el solo efecto del tipo de cambio pegan en un 20 por ciento a los precios finales al consumidor.
Todo ello no es, por supuesto, el mejor escenario para una temporada electoral.
3.- Deficiencias en la seguridad pública
El esquema adoptado por el gobierno para recuperar la seguridad pública pareciera estar rebasado por la realidad. La combinación de gobernabilidad y acción policíaca pareciera estar generando efectos colaterales disrruptivos.
El caso Iguala por ejemplo, donde el batallón acantonado ahí tuvo órdenes de no intervenir, así como los incidentes en Apatzingán entre fuerzas rurales de Hipólito Mora y “el Americano” son apenas botones de muestra para mostrar que el esquema, exitoso al principio, está teniendo resultados decrecientes.
Además, el clima exterior es tal que el país fue puesto otra vez en duda, pasando de ser el del mejor momentum al de las desapariciones forzadas y el ridículo público, dada la cadena de errores, revelaciones y desafíos de antigua data (de izquierdas marginales, guerrillas de la guerra fría e insurgencia magisterial) que causan estupor gubernamental, más que mostrar capacidad de acción y de respuesta congruentes.
De esta forma, hablar de que se reducen los índices de violencia, de homicidios o de secuestros no es más que un gasto de tinta; el equipo enfrentado al problema de la inseguridad pública ha visto mermada su credibilidad, que se deteriora día con día.
Así es como se extinguió el efecto positivo del proceso judicial a la gran corruptora, Elba Esther Gordillo o el generado por la captura de Joaquín “el Chapo” Guzmán, y así es como el gobierno pareciera estar perdiendo la batalla de la comunicación efectiva, política y con la ciudadanía. Con resultados es como mejor se gana una batalla de comunicación, y resultados es lo que parece estar faltando en la estrategia seguida hasta el momento. De ahí la necesidad de cambiar de terreno e ir a la batalla de la comunicación con respuestas, con posiciones claras y congruentes de gobierno, que digan que es lo que se quiere y cuanto habrá de costar, no sólo estar reaccionando al permanente linchamiento de las redes sociales.
4.- Temporada electoral
La temporada electoral inicia como se esperaba, con intensidad pero también con un desafío que no se vivía en el país desde hace mucho, que es la posibilidad de suspender las elecciones en un estado de la República, Guerrero en este caso, debido a una escalada prácticamente subversiva al amparo semántico de la tragedia de los 43 desaparecidos de Iguala.
Ya viene la spotiza otra vez, dado que en tan sólo cuarenta días de precampaña habrá 7 millones de spots de todos los partidos políticos, incluidos los anotados en el último momento (Morena, Humanista y Encuentro Social ) en los cuales los ciudadanos escucharemos la repetición al infinito de lugares comunes y mentiras a medias pero careceremos de lo fundamental, que es saber qué proponen para salir de la crisis que se avecina o cómo podrían aportar algo a la construcción de un mejor país que el que tenemos.
El PAN fue el primero en abrir el fuego mediático con una campaña de cinismo tal que no se cree. El partido que entregó tan malas cuentas de la primera alternancia, un país ahogado por la criminalidad, sangre y armas por todas partes, con la más alta deuda pública que hayamos tenido no obstante haberse bebido los ingresos petroleros más cuantiosos que jamás hayamos tenido, pregunta ahora si se puede o no tener un mejor país. Se puede ir contra la corrupción, contra la impunidad, contra los abusos, dice el joven Anaya. Claro, dice sin pudor alguno, con el sistema anticorrupción que ellos proponen pero que nunca quisieron aplicar cuando fueron gobierno.
Más allá del cinismo, que en algún sentido puede ser algo propio de la política electoral, lo que apuestan es a que la población no recuerda que fueron ellos quienes dejaron al país en esta situación, el gobierno les ha dado un trato de aliados y no se han ajustado cuentas con el régimen de Calderón, quien hasta se atrevió a publicar un libro en el que dice que se siente cómodo y no hizo las cosas no porque pudiera o quisiera, sino porque ni el PRD ni el PRI le apoyaron.
Fue su secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, quien rompió la prudencia en los ingresos públicos, al hacer saltar la estimación del precio del petróleo de exportación, de 66 a 86 dólares, así sin más, 20 dólares más, para cerrar la brecha de los excedentes petroleros participables a las entidades federativas, sólo para también poner a las finanzas públicas en disposición de un gasto corriente desaforado. No ha habido desde entonces, como debiera haber en tiempos de austeridad, una reforma de la Administración Pública que ponga orden en la alta burocracia y la tremenda duplicidad entre funcionarios de línea y homólogos adjuntos que devoran el gasto público.
El caso solo ejemplifica lo que temáticamente habrá de esperarse en las campañas que se avecinan, basadas en tercios de una realidad mexicana que se percibe como adversa y una bajísima popularidad gubernamental.
La campaña electoral intermedia es para el PRI, inevitablemente un referéndum sobre el gobierno. Si se quiere creer lo que señalan las principales encuestas publicadas hasta el momento, que la “marca PRI” no resulta afectada por la impopularidad gubernamental, simplemente se estaría ignorando la historia electoral reciente: toda crisis de credibilidad o de gobierno, se traduce en las urnas irremediablemente; si no, vean al presidente Obama, quien perdió el Congreso en noviembre pasado por creer que la ciudadanía no vería sus yerros. Ahora quiere rectificar con su famoso “ya los oí" y actuar con acciones ejecutivas para buscar posicionar a un eventual relevo demócrata, cuando se percibe que el futuro será republicano.
Habrá otros problemas electorales que enfrentar, como es el necesario blindaje de las candidaturas, que es una falla de Democracia dado que ninguno de los partidos dispone de un mecanismo confiable para prevenir el dinero de dudosa procedencia o la captura o siembra de aspirantes por los grupos criminales; atribuciones que debieran ser, en todo caso, de una agencia especializada, quizá atribución de la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (Fepade), asunto que será indudablemente un punto para el futuro inmediato de la reforma electoral.
Más grave aún es el desafío que ha planteado la llamada Asamblea Nacional Popular, que es en lo que ha devenido una amalgama de grupos guerrilleros y organizaciones de bases sociales y magisteriales sobre todo en el estado de Guerrero, que tras el reclamo por la desaparición de 43 normalistas en Iguala, ahora acordaron boicotear las elecciones del 7 de junio próximo. El vandalismo y acoso a los funcionarios e instituciones electorales en Guerrero está llegando a un punto sin retorno, pues si bien el gobierno de la entidad está del lado de los inconformes, al compartir la misma matriz ideológica y activista que caracteriza a la izquierda social, muy pronto las autoridades con autonomía constitucional del Instituto Nacional Electoral deberán establecer si existen las condiciones para organizar las elecciones generales en esa entidad.
Para ello, no hay de otra, habrán de requerir del auxilio de las fuerzas federales, siendo el Ejército Mexicano quien suele salvaguardar y garantizar la integridad de todos quienes participan en las elecciones, funcionarios, candidatos y ciudadanos. Es claro que quienes buscan el boicot de los comicios mezclándolo con el reclamo de justicia por los hechos de Iguala, cometen el error de poner en riesgo la democracia con supuestos autoritarios, casi stalinistas, para ir al choque, intimidar y generar temor y hartazgo entre la población. Dice ahí que insistir en la democracia y en la vía electoral resulte el mejor camino para luchar por los ideales que sustenten. Es por ello que debe haber elecciones en Guerrero y en todo el país, pues ceder ante los intolerantes sólo puede llevar a más intolerancia.
5.- Temas para la construcción de la agenda legislativa
En este contexto, además del eventual relevo en la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados y la conclusión de la Sexagésima Segunda Legislatura, habrán de darse las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios representados en el Congreso, dado que en tres semanas se estará inaugurando el tercer periodo ordinario del tercer año de ejercicio el 1 de febrero.
Habrá que tener en cuenta, además, el efecto “Semana Santa”, que suele quebrar la lógica legislativa. En esta ocasión, el asueto vacacional se dará a finales de marzo y principios de abril, lo que dejará casi cuatro semanas posteriores para redondear lo que resulte.
Los temas que se perfilan son aquellos para los que no alcanzó el tiempo legislativo en diciembre pasado; en primer término, el establecimiento de disposiciones constitucionales para garantizar la transparencia y disciplina financiera en la contratación de deuda pública de los Estados y Municipios en la República Mexicana.
Segundo, el paquete de seguridad y justicia solicitado por el Presidente de la República para combatir la delincuencia organizada con mayor eficacia, como son la propuesta de mando único centrado en el gobernador de cada entidad; la posibilidad para el Senado de desaparecer los ayuntamientos infiltrados por el narco, y la redistribución de competencias entre los Estados y la Federación en lo que se refiere a los delitos graves que resultan de la actuación de la delincuencia organizada.
El tercer gran tema, será la construcción de un sistema que garantice la integridad pública y provea instrumentos para combatir y erradicar la corrupción, ese gran flagelo nacional que no sólo consume el potencial de crecimiento del país, sino que deteriora la confianza y la certidumbre en el funcionamiento de la economía y la sociedad. Destaca en ello la claridad y contundencia con la que el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la mayoría parlamentaria, diputado Manlio Fabio Beltrones, expresa su confianza en que habrá acuerdo y tendremos los instrumentos necesarios para ello.
Al iniciar este año, subraya el diputado Beltrones, la prioridad legislativa será avanzar en el tema de combate a la corrupción. “Sabemos que ésta y la impunidad que la acompaña, preocupan e irritan con justificada razón a la población, ya que además de mermar la confianza ciudadana, por el abuso de poder que significa, daña la actividad productiva y fomenta la desigualdad y la pobreza”.
Los diputados del PRI y del PVEM han aceptado avanzar en los acuerdos parlamentarios correspondientes durante el receso corto de enero, con la intención de que al comenzar el periodo ordinario de sesiones en febrero próximo, se logre la aprobación de un Sistema Nacional de Integridad Pública que considere las propuestas de las distintas fuerzas políticas, así como la que también hizo el presidente Enrique Peña Nieto, presentada el pasado 27 de noviembre, en el contexto del decálogo por un México en paz, con justicia y desarrollo.
El objetivo será contar pronto con un sólido conjunto de instituciones y contrapesos que, con la ayuda de un esquema de vigilancia y denuncia ciudadanas, permitan consolidar el Estado de Derecho y la vigencia plena de la ley que tanto se necesita en nuestro país.
El Sistema Nacional de Integridad Pública dispondrá de cuatro ejes de acción:
El primero es integrar una Fiscalía Anticorrupción en la nueva Fiscalía General de la República que reemplazará a la actual Procuraduría General de la República, además de que modificar la Constitución para ampliar la figura de extinción de dominio y aplicarla en los casos de enriquecimiento ilícito que se logren detectar.
El segundo gran aspecto de este Sistema es tener un Tribunal Fiscal y Administrativo que no sólo obligue a los funcionarios a rendir cuentas, sino que también aplique las sanciones administrativas que correspondan y merezcan quienes transgredan la ley, dado que los servidores públicos son los primeros obligados en cumplir con los mandatos legales.
El tercer punto será consolidar una Auditoría Superior de la Federación con mayores facultades de investigación y sanción, y que esto sea materia cuando se detecten irregularidades en las auditorías que realiza, ya que actualmente no tienen la contundencia ni regularidad necesarias.
Y por último, para conseguir el objetivo de un verdadero Sistema Anticorrupción, contar con una Secretaría de la Función Pública con nuevas atribuciones, que será la instancia que tome medidas y se ocupe de prevenir las irregularidades en la administración pública de los tres niveles de gobierno y en todos los órganos del Estado mexicano.
De lograr estas reformas, la LXII Legislatura habrá sin duda redondeado el más ambicioso ciclo de reformas constitucionales realizado en el país por Legislatura alguna, para actualizar y modernizar a México, dotándole de los instrumentos que necesita para enfrentar de mejor manera sus retos.