Aumentar el número de pruebas de Covid-19, otorgar financiamiento para que las empresas en sectores estratégicos reinicien sus operaciones, diseñar políticas de trabajo remoto en donde sea posible para implementar medidas de aislamiento que privilegien la salud de los trabajadores y reforzar el sistema de seguridad social con políticas de acceso universal a la salud, pensión universal, guarderías y seguro de desempleo, son algunas de las 68 propuestas resultado de la Conferencia Nacional para la recuperación Económica convocada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Las iniciativas emanaron 11 mesas de trabajo realizadas mediante videoconferencias los días 27, 28 y 29 de abril en las que participaron 263 panelistas y 135 mil personas en 24 horas de trabajo.
“México está recibiendo un impacto económico negativo de graves consecuencias: caída generalizada de la actividad económica, desempleo, suspensión de miles de centros de trabajo, interrupción masiva de la producción, caída en los ingresos de trabajadores, quiebras de empresas, colapso de las ventas, disminución de volúmenes y precios de exportaciones, pérdidas de ingresos por turismo y remesas, salidas de capital y freno en las decisiones de inversión. De continuar esta situación, se podría presentar un deterioro de la posición fiscal del gobierno y un daño incalculable a las finanzas públicas”, de acuerdo con el documento Recomendaciones para el Acuerdo Nacional. 68 ideas para México.
De acuerdo con la iniciativa, el CCE, integrado por 12 organismos empresariales, la coyuntura generada por el avance de la pandemia y las consecuencias económicas que empiezan a hacerse visibles con la pérdida de más de 346 mil puestos de trabajo, más de los que se generaron en el sector formal el año pasado, hace indispensable que todos los actores colaboren para enfrentar el reto en materia de salud, minimizar el impacto económico de las familias y avanzar en la reactivación del mercado interno.
Las propuestas incluyen la posibilidad de que el gobierno reoriente el presupuesto federal e incluso que el Ejecutivo contemple la posibilidad de recurrir a organismos internacionales, previa revisión y ratificación del Poder Legislativo, para mantener los programas sociales y sentar las bases para la recuperación y protección de la base gravable.
De aprobarse, los mecanismos de cooperación internacional serán fundamentales en la coyuntura y el país podría recurrir a una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional, así como al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina que pueden ampliar la disponibilidad de recursos, proveer asistencia técnica y brindar fondos adicionales para reactivar el sector privado.
En lo inmediato, el CCE demanda la urgencia de garantizar el bienestar del personal médico garantizando los insumos necesarios para evitar contagios porque son quienes enfrentan en avance de la enfermedad en la primera línea de combate.