Tanto David Peña como yo desde 2008 tenemos medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el trabajo que realizamos en Ciudad Juárez prácticamente desde hace 14 años.Vamos a informar a la CIDH de esta situación, y vamos a solicitar que la comisión le requiera información al Estado mexicano para que responda por esta situación y vamos a pedir que haya un pronunciamiento por parte de la CIDH al respecto”, advirtió Karla Micheel Salas.Vamos a sumarnos a la denuncia que periodistas y defensores de derechos humanos interpusieron ante la PGR porque nos parece importante que quede ese antecedente, aunque sabemos que la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión) es prácticamente una elefante blanco. Y nos sumamos a la exigencia de que sea una instancia autónoma la que realice la investigación porque no puede ser que las propias autoridades se investiguen así mismas.
En entrevista con ejecentral, la extitular de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos reconoció que más allá de sentirse sorprendida por lo que este miércoles dio a conocer The Citizen Lab, le genera enojo y preocupación debido a que la labor que tanto ella como su colega Peña Rodríguez es pública en todo sentido, en la cual “procuramos trabajar en defensa de los derechos de las víctimas, cuestionando las negligencias y omisiones de las autoridades”. Ante el hecho de que su labor es pública, en la que se acompañan muchos casos de alto impacto, la duda permanente que plantean los abogados es: ¿Qué han hecho con esa información, para qué la quieren?
“Es preocupante que los recursos (del gobierno) en todos los aspectos, tanto materiales como humanos, se estén enfocando en investigar, en espiar a personas defensoras de derechos humanos, a periodistas y activistas, y no se avoquen en resolver los casos. Estos actos resultan un mensaje muy negativo hacia toda la ciudadanía: el Estado no nos brinda protección, ni seguridad, no nos garantiza el acceso pleno a nuestros derechos y nos coloca en una situación de grave riesgo (...) Yo soy abogada y me dedico a esto por decisión propia, pero qué pasa con aquellas familias que se han tenido que convertirse en defensoras de derechos humanos, que tenían una vida común y tranquila pero lamentablemente por la situación que se vive en el país, y que sus derechos se han visto vulnerados se han convertido en defensores”, acusó Salas Ramírez.
Incidentes de seguridad
La abogada reconoció que coincidentemente con el periodo de 2015 en el que habrían recibido mensajes con la finalidad de infiltrar el malware en sus teléfonos móviles, además de acompañar la investigación sobre el multihomcidio en la colonia Narvarte, también registraron “incidencias de seguridad” contra sus defendidos en otros casos, en los cuales pudieron resultar vulnerados los datos de las víctimas que atendieron en ese lapso debido a que en su momento consideraron que los seguimientos, llamadas y hasta hostigamiento sobre las víctimas eran hechos aislados, pero hoy representan una alarma. “El tipo de información que manejamos en sensible, de casos donde hay sobrevivientes, familias que nos han confiado información, y nos preocupa porque los casos en el momento que se mandó ese malware, las victimas dijeron tener incidentes de seguridad. Retomando al 2015 vemos que todo eso parece mas bien una actuación orquestada desde agentes del Estado, no podemos determinar quiénes, pero sí sabemos que son agentes del gobierno porque son quienes han adquirido este programa. Nos preocupa nuestra labor pero también la seguridad de las victimas, que lo único que hemos hecho es con la finalidad de exigir justicia y que el Estado haga su trabajo”.
Este miércoles, un nuevo informe del laboratorio de la Universidad de Toronto, Canadá, reveló que los defensores también recibieron mensajes con el afán de que el programa de espionaje se infiltrara en sus celulares para recopilar información almacenada y monitorear sus actividades. (Foto Especial) RB
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