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Elizabeth Hernández

Ante la inminente reapertura de la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, lo que sucederá el próximo 8 de noviembre, las autoridades federales de aquel país anunciaron que planean restablecer el Protocolo de Protección a Migrantes (MPP), conocido como “Quédate en México”, en los próximos días.

En este contexto, una docena de organizaciones civiles, junto a Oxfam México y América, presentaron un recurso legal para fortalecer el amparo 302/2020, que se encuentra en revisión dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que busca detener la participación del gobierno federal en este programa.

La controvertida iniciativa, que fue implementada durante la administración de Donald Trump, tenía como objetivo mantener en territorio mexicano a los migrantes que buscaban asilo en Estados Unidos mientras esperaban las audiencias correspondientes para completar este trámite, e incluso para su resolución, lo que podía tardar hasta 15 meses.

Aunque el gobierno de Joe Biden canceló el MPP, un juez federal de Texas ordenó hace dos meses volver a implementarlo por falta de motivos válidos para su suspensión; en este sentido, las organizaciones civiles han resaltado que este programa viola los derechos humanos en materia de asilo, ya que “somete a los migrantes a condiciones precarias durante su estancia en México”.

Estas organizaciones ya habían presentado una carta pública para frenar el MPP después del fallo en Texas, pero decidieron fortalecer esta acción al presentar un “amicus curiae”, recurso que les permite entregar un informe técnico como interesados en esta discusión legal sin ser parte del litigio, ante la SCJN, ya que consideran que este programa es “contrario a nuestra Constitución y al marco jurídico nacional”.

Alexandra Haas, directora de Oxfam México, sentenció que “el documento que presentamos acredita ampliamente que si el Estado mexicano acepta que se reanude el MPP, estaría violando, de nueva cuenta, estándares internacionales de derechos humanos”, también puntualizó que “la SCJN tiene la oportunidad de poner fin a esta situación, por lo que llamamos a las y los ministros a terminar con esta política inhumana”. 

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