La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió formular imputación contra 16 de 20 exfuncionarios del sistema penitenciario federal señalados como presuntos responsables de ocho contratos de prestación de servicios en ocho Ceferesos que causaron un probable daño al erario en más de 62 mil millones de pesos.
Parte de los imputados, entre ellos ocho funcionarios y exfuncionarios del gobierno actual, comparecieron por videoconferencia. Al respecto, la FGR los acusa por uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa de lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado como “la privatización de los reclusorios” federales.
Entre los exfuncionarios imputados figura el general brigadier Sergio Alberto Martínez Castuera, encargado del del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como sus antecesores Salvador Camacho Aguirre, también extitular de la División de Fuerzas Federales de la extinta Policía Federal; y Celina Oseguera Parra, absuelta por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, desde marzo de 2021.
Según la indagatoria de la FGR, los 20 exfuncionarios investigados habrían pagado un sobreprecio de 62 mil 840 millones de pesos en ocho contratos en los que se invirtieron 270 millones para la prestación de servicios en los Ceferesos de Coahuila, Chiapas, Durango, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Guanajuato y Sonora.