El presidente municipal de Chilapa de Álvarez, Jesús Parra García solicitó la liberación de dos detenidos por la policía comunitaria de Rincón de Chautla, a cambio de los cuerpos de dos integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), quienes fueron desaparecidos y localizados sin vida el pasado 24 de mayo.
En un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) acusó que el alcalde acudió personalmente a la comunidad para extorsionar a los familiares de Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, asesinados y abandonados sobre la carretera Chilapa Tlapa.
Parra García llegó acompañado de catorce patrullas para exigir “la entrega de dos de los responsables del asesinato de Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, los cuales fueron detenidos por el Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores”, detalla el CNI en su comunicado.
Por otro lado, integrantes del Concejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog- EZ), denunciaron que el edil priísta intentó sobornar con la entrega de un millón de pesos a los pobladores de Xicotlán que tienen a los detenidos, según publicó La Jornada.
En la misiva, el Congreso Indígena exigió que se respeten las instituciones de seguridad y justicia de los pueblos indígenas y reprochó la nula actuación de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
De igual forma, exigieron la instalación de una mesa de diálogo para atender sus exigencias de justicia, mesa que pidieron sea coordinada por el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación, y con la participación del gobierno estatal de Guerrero.
Ayer, se dio a conocer el asesinato de Bartolo Hilario Morales e Isaías Xanteco Ahuejote, indígenas nahua, miembros de la policía comunitaria de Guerrero y promotores locales del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).
El doble asesinato ocurrió a pesar de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya había urgido al gobierno de Guerrero medidas cautelares para dar protección a los familiares y compañeros de los líderes comunitarios José Lució Bartolo y Modesto Verales, quienes fueron asesinados también en Guerrero, 20 días antes que sus compañeros Bartolo e Isaías.
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