La investigación elaborada por diversas autoridades de Ciudad de México para justificar el uso de ivermectina en pacientes ambulatorios de Covid fue eliminada del portal SocArXiv en una decisión histórica para esta revista especializada en estudios sociales, que calificó el documento como potencialmente dañino para el público.
El documento tiene como primer autor a José Merino, titular de la Agencia Digital para la Innovación Pública (ADIP) de la capital, y quien ha descalificado en redes sociales a investigadores, científicos y analistas que cuestionan el manejo de la pandemia por parte del gobierno local o federal.
La investigación, que se convirtió en la primera publicación en ser eliminada de este portal especializado, también suma las firmas de la secretaría de salud capitalina, Oliva López Arellano, y del director de la Unidad de Educación e Investigación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Victor Hugo Borja.
Philip N. Cohen, director de SocArXiv, citó a diversas instituciones internacionales de salud como parte de las razones por las que el comité ejecutivo de esta revista decidió retirar el artículo, y agregó que “el estudio tiene un valor científico mínimo”, que “es parte de un programa poco ético del gobierno de la Ciudad de México” y que “los autores del artículo lo han promovido como evidencia de que su intervención médica es efectiva”.
Cohen comentó que estas fallas, así como las casi 10 mil descargas que tiene esta publicación, los motivó a desarrollar “una política para eliminar documentos como este de nuestro servicio”.
El director reconoció que esta decisión se tomó luego del mensaje que publicó Juan Pablo Pardo-Guerra, profesor de sociología de la Universidad de California en San Diego, quien no sólo pidió eliminar este artículo, también solicitó que todos los autores involucrados fueran vetados para siempre de esta plataforma.
Pardo Guerra argumentó en un hilo de Twitter que los autores reclutaron a través de la ADIP a sujetos experimentales sin consentimiento informado, para que tomaran el medicamento que administró la propia Agencia, y no declararon conflicto de interés a pesar de ser empleados de las instituciones que llevaron a cabo esta política de salud.