La mejor manera de equilibrar el presupuesto, dijo el Presidente, no será la elevación de tributos o el endeudamiento, sino el ajuste del gasto.
1. Ecos del Tercer Informe.
El tercer Informe de Gobierno se presentó en un ambiente contracíclico, pues las mediciones de opinión pública ubican la popularidad presidencial en un bajo nivel (Parametría, Buendía & Laredo y Gea/ISA en torno al 35%, cuando ya Mitofsky y Reforma habían anticipado hace casi un mes un valor igualmente bajo).
A la par, los signos de la economía internacional siguen mostrándose adversos, persistiendo las situaciones que han tensado la paridad cambiaria, como son la inminente alza de las tasas de interés en los Estados Unidos, la volatilidad internacional agravada en este caso por la desaceleración de la economía de China, la descalificación de Standard and Poor’s al Brasil en recesión y el bajo precio del petróleo y otros commodities, que han llevado a las agencias calificadoras a estimar que este año no habrá prácticamente ganadores entre las economías emergentes.
La negatividad prevaleciente hace que la percepción sobre lo realizado y las medidas propuestas por el Presidente Peña Nieto para los próximos años se ubiquen también en la incredulidad.
Al respecto, se aprecian diversos lugares comunes en las valoraciones, en el sentido de que lo dicho “se refiere a un país distinto”, que “el gobierno presenta cifras manipuladas” o que ignora la realidad social de pobreza, desigualdad y avidez de justicia. Inclusive el caso de la renuncia del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, para hacer frente a cargos de corrupción en su contra, apunta en el sentido de que esas cosas sólo suceden en otros países.
La lectura de la baja popularidad presidencial abona al cálculo de los partidos de oposición para establecer distancia y señalar las diferencias respecto del gobierno.
El nuevo dirigente del PAN habló de un “monólogo” y que prefiere estar al lado del malestar de los ciudadanos; en tanto que el PRD cuestionó las formas y se fue sobre la rendición de cuentas, que requeriría la presencia del titular del Ejecutivo en el Congreso para presentar el Informe y para responder a los interrogantes de los legisladores.
Sobre los contenidos del mensaje presidencial al día siguiente de la presentación del Tercer Informe, los logros en materia de seguridad fueron cuestionados con datos contrarios de los organismos y observatorios civiles que muestran una percepción adversa; sobre la corrupción y la impunidad, que la virtual indiferencia oficial en los casos que han impactado a la opinión pública sólo ratifican el déficit de justicia existente y alimentan, por ende, la incredulidad y la desconfianza ciudadanas que están mostrando las encuestas. Baste ver, por ejemplo, la avalancha mediática derivada del informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sin diferir en lo esencial –la desaparición forzada fue cometida por criminales narcotraficantes que se apoderaron del municipio y las policías de Iguala y Cocula— subrayan fallas en la investigación, que ahora debe extenderse aún más para llegar al fondo de la cuestión, que es cómo desaparecieron los desaparecidos y si hubo aún más implicados que los 110 que están actualmente sujetos a proceso.
De ello deriva que el spin mediático gire en el cuestionamiento sobre la suficiencia del decálogo de propuestas para consolidar las reformas, que siguen siendo la mejor parte de la obra del gobierno. Los resultados y avances documentados, ciertamente, son relevantes; sólo que se diluyen al caer en un entorno de incredulidad y desconfianza alimentado por distintos intereses en los medios de comunicación.
En cualquier otra circunstancia la reducción de las tarifas eléctricas, de las tarifas de telefonía móvil e internet, la desaparición del cobro de larga distancia y de los gasolinazos; la generación de un millón 425 mil empleos formales en los tres últimos años, la expansión de las escuelas de calidad de 7 a 35 mil el trienio, la entrega de un millón de tablets a alumnos de 5º y 6º grados así como la recuperación de la rectoría de la reforma educativa y la persistencia de una baja inflación, todo esto tendría que ser, como lo es, una buena noticia.
De ahí que el Decálogo, las diez medidas para la acción del Gobierno Federal en los próximos años, le ha sido aplicado, en todo el sentido del término, el beneficio de la duda: de las siete propuestas, tres tienen que ver con la Educación de Calidad: bonos para la infraestructura educativa, inglés en la educación básica y creación de una Secretaría de Cultura; en tanto que las otras siete, cinco se refiere al cuidado y expansión de la economía -- zonas económicas especiales, impulso a la actividad productiva en zonas rurales, estabilidad macroeconómica, inversión en infraestructura y austeridad presupuestal— y las dos restantes se refieren al fortalecimiento de la justicia, con el perfeccionamiento de leyes para fortalecer el Estado de derecho y el impulso legislativo para mejorar el acceso a la justicia pronta y expedita (lo que tiene que ver con la justicia cotidiana).
Parece obvio, pero el antídoto a la negatividad es la positividad, tal y como se maneja en Tercer Informe y el mensaje que le siguió, pero cabe insistir en ello de mejor manera: el Gobierno es el que está haciendo las cosas, las reformas van en su camino y no obstante el complicado escenario internacional, el país se ha desempeñado mejor que cualquier otro, en donde se manejan recesiones de hasta 2%, pérdidas de un millón de empleos y bajísima popularidad gubernamental (esto último se refiere a Brasil, cuyas perspectivas han sido degradadas a “bonos chatarra” ahogado como está por la corrupción, la ineficiencia y los malos programas económicos).
2. El cálculo de la oposición. En lo que se refiere a las oposiciones, es obvio que están descontando el cálculo de rendimiento político que les arroja la lectura simple de las encuestas.
En un entorno de baja popularidad presidencial, resulta más rentable diferenciarse del gobierno que estar cerca de quien se desgasta.
En ese sentido, quizá convenga recordar cómo es que estuvieron las cosas en el pasado inmediato.
En la crítica sobre el endeudamiento público y el elevado gasto corriente, fue el gobierno de Felipe Calderón el que dejó las cotas más elevadas, sin que hubiera algún beneficio tangible en el desempeño de la economía. El gobierno de Calderón recibió en 2006 el nivel de deuda pública en dólares, en 47 mil millones, saldo que dejó en 140 mil millones al cierre del 2012; en lo que se refiere a la deuda interna expresada en pesos, Calderón la recibió en 1.8 billones y la entregó en 3.7 billones.
En cuanto al gasto corriente, éste se disparó, lo que es perceptible a través de un indicador muy sencillo: el crecimiento de la alta burocracia. En su gestión, el número de directores generales adjunto pasó de 700 a 1800, cuando el total de directores generales “de línea”, es decir, de estructura, fue de 1,100. En lo que se refiere a los Subsecretarios, éstos pasaron de 69 de línea a 400 con los puestos homólogos.
Todo ello, cuando el gobierno de Calderón elevó los impuestos, el IVA pasó del 15 al 16% y creó el IETU y el IDE, además de establecer los “gasolinazos” o incrementos mensuales al precio de la gasolina. Todo ello, en el contexto de los más altos excedentes por ingresos petroleros que se hayan tenido en la historia, habiendo saltar en 2011 el enfoque prudencial en la determinación del precio presupuestal del petróleo en la gestión del secretario Ernesto Cordero, que llevó la estimación de 65 a 86 dólares el barril, buscando reducir las participaciones de excedentes a los Estados.
En lo que se refiere al PRD, cabe recordar que la lejanía entre el Congreso y el Presidente se gestó a partir de los fogonazos de los legisladores perredistas en la confrontación con el PAN debido a las injerencias de Vicente Fox en la elección presidencial del 2006 (documentadas en el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, publicado el 5 de septiembre de ese año).
Los legisladores perredistas más radicales, ahora escindidos en Morena, fueron quienes impidieron el acceso de éste al VI Informe presidencial en septiembre de ese año y estuvieron a punto de un golpe al Congreso el 1º de diciembre, cuando Felipe Calderón debió entrar por la puerta de atrás a rendir protesta, habiendo los partidarios de López Obrador introducido petardos y bombas molotov al recinto legislativo, todo lo cual narra en su libro “De Frente” el todavía dirigente Carlos Navarrete.
La paradoja ahora es que quienes expulsaron al Presidente de la República del recinto legislativo, claman porque retorne a la Cámara de Diputados, sin las garantías o el compromiso de civilidad y cortesía política que se observa en cualquier Parlamento del mundo.
3. Ajustar para crecer. Tras el Informe, como lo mandata la Constitución, el 8 de septiembre el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, presentó en tiempo y forma el paquete económico del 2016, si bien los trazos generales fueron perfilados desde el propio Informe.
En materia de ingresos, no habrá nuevos ni más impuestos, sosteniendo la eficiencia que ha mostrado la reforma hacendaria aprobada hace dos años para elevar la recaudación tributaria y disminuir la dependencia de los ingresos petroleros, que, se dijo, representan ahora el 18% del total, frente al 41% que eran hace tres años.
Ciertamente, la contrarreforma hacendaria es la principal bandera del PAN en su posicionamiento político. La mejor respuesta es la prudencia y responsabilidad en el diseño del paquete económico, en el que la mejor manera de equilibrar el presupuesto, dijo el Presidente, no será la elevación de tributos o el endeudamiento, sino el ajuste del gasto.
Este punto es algo de lo que conviene subrayar en el paquete económico: el Gobierno Federal será quien realice el esfuerzo para gastar mejor, sin elevar los impuestos o recurrir al endeudamiento público. En ello ha puesto imaginación y decisión para reducir el gasto preventivamente, en la estrategia del Presupuesto Base Cero, que le permitirá reducir o fusionar programas existentes, como también con la introducción de novedosas herramientas de captación de recursos fondeables en la Bolsa Mexicana de Valores (Fibra E, bonos de infraestructura educativa y bonos de inversión en infraestructura).
Uno de los objetivos fundamentales del Paquete Económico, señaló el dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, es proteger la economía de las familias como también la viabilidad de las empresas que son, al final de cuentas, quienes generan los empleos, además de preservar la estabilidad económica y actuar con responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
Si bien está previsto un ajuste al gasto del gobierno, el cual se reducirá en el equivalente al 1.15% del PIB, es importante destacar que se mantiene el acento en los programas de combate a la pobreza, los de seguridad pública, educación de calidad, universidades, ciencia y tecnología, inversión e infraestructura, que son claros detonantes de bienestar(o “dispersores” como les llama Thomas Piketty).
Las medidas de ahorro y eficiente en el ejercicio del gasto se complementan con políticas fiscales de fomento a la inversión productiva, entre las que destacan la deducción acelerada de las inversiones de las pequeñas y medianas empresas y el estímulo fiscal para la reinversión de las utilidades, que habrán de conjuntarse con las política de apoyo a los pequeños productores rurales y el desarrollo de zonas económicas especiales.
Es de esperar que en la distribución del gasto, dado el problema de las finanzas públicas de los Estados y Municipios, los recursos participables no sufran menoscabo y por lo menos se mantengan en los términos del presupuesto actual, a efecto de no acentuar algún malestar en las entidades federativas, en un año tan electoral como el que viene.
Todo lo anterior, además de la propuesta de ratificación del doctor Agustín Carstens en un período más de cinco años al frente del Banco de México, hacen un paquete bien balanceado, con nuevos equilibrios para garantizar un crecimiento del 3.1% promedio para el próximo año, con finanzas públicas sanas, un uso responsable y transparente de los recursos públicos y la protección de la economía de las familias y el potencial de las empresas, que en un entorno de incertidumbre económica mundial, representa fortaleza y capacidad de actuar en el plano interno.
4. La perspectiva de Moody’s. En lo que se refiere a las expectativas de crecimiento del presente año y el próximo, la agencia Moody’s, en línea con los ajustes sucesivos que las valuadoras han realizado prácticamente en todo el mundo, consideran que nuestro país podrá crecer un 2% este año y hasta un 3% en el 2016. Esta última previsión es la que de alguna forma se refleja también en los Criterios Generales de Política Económica.
Para Moody’s, la economía mexicana se verá beneficiada por la recuperación de Estados Unidos, además de que se espera un menor impacto para el país por la desaceleración económica de China. En Brasil, en cambio, se estima una recesión prolongada (se prevé una contracción de 2.0 por ciento en 2015 y de otro 1.0 por ciento en 2016).
“Aún así –dice Moodys-- estimamos un crecimiento de 2.3 por ciento en 2015 y de no más de 2.5 o 3.0 por ciento en 2016, que son tasas inferiores a las que esta economía aspira alcanzar de más de 3.0 por ciento”, en tanto que los niveles de 3.5 a 4.9 por ciento se podrían obtener hacia el final de la década.
Además de la incertidumbre generada por la eventual elevación de la tasa de interés en los Estados Unidos, “se espera que las reformas energética y de telecomunicaciones que comenzaron tengan un impacto positivo en el mediano y largo plazo y que la reforma financiera reduzca los obstáculos en la actividad de préstamos”. Agregó que la baja en los precios del petróleo afecta a la reforma energética, la cual pasa por una implementación larga y sus efectos comenzarán a verse hasta 2017.
Moody’s estima asimismo un período prolongado de precios bajos en las materias primas, en particular del petróleo, lo que podría tener un impacto negativo en la inversión y continuará la presión en el tipo de cambio.
“Esperamos –considera Moody’s-- un crecimiento de precios gradual, con un precio del Brent recuperándose a los 57 dólares en 2016, con un supuesto a medio plazo donde se alcanza el equilibrio en los 75 dólares, pero no creemos que eso pase hasta el final de la década”.
5. Primeros lances legislativos. Aún por venir el proceso de glosa del Informe, trasciende que habrá de citarse a comparecer, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado, a los principales titulares de Despacho. Si bien el 2018 se mira lejano, nada evitará que las comparecencias se miren con ese lente, además de cumplir el objeto para el que serán convocadas.
Se estaría preparando la comparecencia del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien, se dice, hará de estar varias veces en las Cámaras dada la complejidad de la situación financiera y económica; habrá de citarse también al titular de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, quien de acudir al pleno no tendrá precisamente un día de campo. Habrán de acudir asimismo, el Secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade; el Secretario de Educación Pública, quien habría de estrenarse en el escenario público siendo como es la Educativa la reforma que mayores reflectores habría captado; el de Agricultura, José Calzada Rovirosa, cuyas declaraciones en el sentido de que “ajustará” los programas de Agricultura cayeron como bomba en el sector campesino, un ámbito en el que sólo se sabe sumar, no restar como parece ser será ahora la cuestión; y en el Senado, además, pasará examen la canciller, Claudia Ruiz Massieu en materia de política exterior.
Por lo pronto, como para calar los ánimos, en la Cámara de Diputados ha empezado el rosario de iniciativas de contención por parte de las oposiciones: el PRD ha presentado la iniciativa para que el Ejecutivo Federal acuda a la Cámara a presentar el informe y después a rendir cuentas mediante escrutinio parlamentario; el PAN presentó iniciativa para reducir el IVA en las fronteras; Morena presentó iniciativa para una Ley de Austeridad Republicana que limite salarios de los altos funcionarios públicos, reduzca el salario del Presidente de la República, elimine seguros de gastos médicos adicionales; ajuste el gasto en comunicación social y reduzca las prerrogativas a los partidos políticos y a los funcionarios del Poder Judicial, entre otras perlas.
El objetivo es claro: seguir impactando en la opinión pública y en el ánimo nacional, para ampliar la brecha entre quienes aprueban y desaprueban la actual gestión pública.
Cabría analizar otra lección que se desprende de lo que está aconteciendo en Guatemala: de seguir profundizando la brecha del descrédito del sistema político y no ponerse a trabajar en las soluciones, luego no se quejen los políticos de que los ciudadanos eligen a un cómico o payaso para encabezar las instituciones.