Antonio Cuéllar

En un caso de emergencia sanitaria como este que atravesamos, las decisiones sobre política social y enfrentamiento del problema no las puede tomar un político, mucho menos si se trata de una persona sola; para eso existe el Consejo de Salubridad General, un órgano que depende del ejecutivo, que encabeza el secretario de salud y al que están adscritos un secretario y trece vocales, de entre los cuales destacan siempre dos: el presidente de la Academia Nacional de Medicina y el de la Academia Mexicana de Cirugía, los máximos órganos científicos del país en el área de la salud.

El artículo 73 fracción XVI de la Constitución Federal establece con toda claridad que, en el caso de epidemia, es una obligación de la Secretaría de Salud dictar las medidas preventivas indispensables, que después puede llegar a sancionar el presidente de la República. ¿Dónde ha estado el secretario de salud a lo largo de este último año?

La gravedad de la pandemia pone de manifiesto los dos rubros en los que se debe enfocar el gobierno para atender el problema: el de la salud misma de la población, por encima de cualquier otro, y el de preservar las actividades económicas de las que la supervivencia nacional también depende.

A lo largo de este último año, todos los mexicanos hemos perdido algo con motivo de la epidemia por coronavirus, ya sea desde un punto de vista económico o, seguro sí, desde un punto de vista anímico y psicológico. Quizá el sector de la población que más lo reciente es al que más deberíamos de proteger: nuestra niñez.

La permanencia de los niños en sus casas y su sujeción a programas educativos en línea merma su conocimiento, afecta su estabilidad emocional y los priva de oportunidades irrepetibles para consolidar su inserción en el grupo social al que pertenecen. Unido este fenómeno al de violencia familiar, obtenemos como resultado una fórmula desastrosa para repetirla una vez más, ahora que el ciclo escolar 21-22 está por comenzar.

Es posiblemente en esa lógica que el presidente de la república ha insistido tan vehementemente que los niños deberán regresar a clases así llueva, truene o relampagueé. Pero la visión monocromática del regreso a clases de manera presencial, en la forma en que la asume el titular del ejecutivo, resulta igualmente riesgosa.

A pesar de que se ha dicho repetidamente que el COVID ataca en forma menos grave y perjudicial a los niños, se ha demostrado que los efectos sí pueden ser perniciosos para ellos, y que puede haber episodios fatales o secuelas perdurables que se deben evitar a toda costa. Nadie tiene por qué arriesgar la propia vida de un hijo en ningún caso, aún en el supuesto de querer darle lo mejor, como puede tratarse de su educación.

Ahí es en donde el colegio de científicos de la salud al que se refiere la Constitución debería cumplir a cabalidad la obligación que tiene impuesta, y aportar reglas y medidas adecuadas para enfrentar la crisis, con la visión transversal que interesa a la sociedad mexicana y tiene por deber atender el gobierno de la república.

No se trata de tomar una decisión sobre si los niños deben o no regresar a la escuela –siendo evidente que lo más conveniente para ellos es retomar su vida y formación de la manera más presurosa posible. La tarea estriba en determinar cómo sí los niños y adolescentes pueden regresar a la vida escolar lo más pronto posible, sin perjuicio para su integridad.

En otras latitudes, las autoridades sanitarias y escolares han sido mucho más creativas e ingeniosas al tratarse de concebir y poner en marcha mecanismos para atender el propósito escolar.

En algunos países de Europa se han adoptado protocolos en los que se ha procedido a disminuir la afluencia y agrupación de menores estudiantes, mediante la creación de células de desplazamiento de alumnos, así como tránsito intraescolar y reordenamiento de horarios para evitar contacto.  De este modo, se facilita el regreso a clases y la convivencia de los niños, pero se disminuye en la mayor forma posible el efecto nocivo del contagio masivo entre menores, sobre todo en el caso de aquellos sujetos a cualquier tipo de vulnerabilidad inmunológica.

Cuando se agrupa a los niños en células y se obliga a que una de éstas descanse una semana al mes, se disminuye la afluencia de niños en una cuarta parte, lo que produce mayor distanciamiento físico entre los que sí asisten. El funcionamiento de las células posibilita la convivencia normal entre niños de cada célula, y permite en un momento dado la interacción de los niños entre células distintas dependiendo de la tasa de contagios en la comunidad. En el momento en que se detecta a un positivo, se aísla a todo el conjunto de menores pertenecientes a la célula “infectada”, pero se salvaguarda a las demás, por lo que pueden seguir llevando a cabo sus actividades regulares. Mientras tanto, los que permanecen en casa o todos aquellos niños que hubieran resultado positivos y sujetos a confinamiento, pueden dar seguimiento a la clase a través de las plataformas virtuales.

Urge que haya un regreso a la normalidad a nivel nacional. El dinamismo y efectos positivos de la campaña de vacunación deberán de convertirse en uno de los factores decisivos que permitirán la superación de la pandemia. Hoy, mientras que esto sucede, debe actuarse con prontitud, con experiencia y sagacidad para resolver problemas urgentes. No forma parte de la competencia que la ley le confiere al ejecutivo federal, ni tampoco podría exigirse del presidente de la república contar con experiencia profesional en todos los ramos de la vida nacional. El secretario de salud, sin embargo, tiene la obligación constitucional de enfrentar el problema y dar la cara. La omisión evidente en que éste y el Consejo de Salubridad General han incurrido, puede constituir una decisión negativa que les sea imputable que pueda dar lugar al fincamiento de responsabilidad constitucional.  Existen circunstancias que demuestran por qué el Consejo debe de ser convocado a sesión.

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