Con el voto del 65% de los ciudadanos, fue hasta 1971 que la voluntad mayoritaria del pueblo suizo impulsó la modificación necesaria a las leyes para que las mujeres pudieran participar en los procesos políticos por medio del voto, un derecho elemental que ya contemplaban las constituciones del resto de Europa.
El domingo pasado, cincuenta años después de esa victoria, Suiza sometió a referéndum una iniciativa del partido Unión Democrática del Centro, que tuvo como propósito someter a la decisión de la gente si debía o no prohibirse el ocultamiento del rostro en lugares públicos –una propuesta cuya velada intención fue la de sancionar el uso del burka islámico en el país alpino bajo la excusa de la seguridad por el terrorismo, aunque más bien para liberar y dar una vida más digna a las mujeres que lo portan y residen ahí. La iniciativa fue votada favorablemente por la ciudadanía y la mayoría de los cantones, y deberá convertirse en ley.
El ímpetu de la lucha por la igualdad cala hondo y logra sus objetivos. Hay todavía mucho camino por recorrer, pero el propósito definitivo de encontrar un trato igualitario para quienes conforman un poco más de la mitad de los seres humanos que residen en este planeta, constituye una meta con sobrados méritos que vale mucho la pena alcanzar.
Dos hechos relacionados con la experiencia histórica que he comentado al inicio nos llaman la atención poderosamente: muy a pesar de que, aún en 1991, el voto masculino absolutamente mayoritario en el cantón de Appenzell, en la confederación suiza, seguía oponiéndose al involucramiento de la mujer en los procesos de votación, la transición democrática a favor de la paridad de género no ha sido violenta; otro, los cambios verdaderamente importantes a favor de los derechos de la mujer, siempre, acaban por consolidarse en una ley.
Al final de cuentas es la ley y el derecho el reducto de los fenómenos históricos y democráticos que provocan el cambio. No es en forma alguna extraño, si se considera el hecho de que, en el estado moderno, la ley constituye el instrumento indispensable a través del cual se legitima el ejercicio de la fuerza pública para hacer cumplir un propósito socialmente identificado y políticamente alcanzado en ella.
La gravedad de la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país no tiene parangón alguno. No se trata de un fenómeno cultural, o de una circunstancia bélica excepcional, se trata de una ola de perversidad que ha encontrado en ellas a una víctima fácil, no por su debilidad, sino por su abandono.
Los reclamos cada vez más sonoros en torno de la pasividad para evitar el maltrato y la violencia contra las mujeres han ido teniendo eco, aunque resulta totalmente insuficiente. Las aulas universitarias albergan personas de ambos sexos sin discriminación alguna en su contra, y el Congreso Federal hospeda, por primera vez, un número paritario de representantes políticos de ambos sexos. La cuota de ministras establecida en la novena época se ha triplicado y hoy, tres mujeres ocupan dichos cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es cierto que falta sensibilizar y educar a la otra mitad, a quienes dolosa o culposamente se convierten en victimarios y responsables del hartazgo que en su contra se demuestra en este día, pero pervive a lo largo del resto de los días del año. Por convicción propia algunos, o por una deficiente educación que se origina a veces en el núcleo familiar, la tarea titánica que encabezan las miles de mujeres que han lucido una prenda violeta este día, se debe seguir dirigiendo a atacar el problema de raíz: el cambio de la visión sexista que la educación y nuestra sociedad ha impreso en la mente varonil.
Es imperativo que los programas de educación obligatoria consagren asignaturas pendientes en la materia de civismo, que impulsen el respeto por la diversidad, la colaboración como modelo de vida, y el respeto a la persona, sin distinción de sexo, como principio básico de convivencia humana al que debe aspirar nuestra sociedad.
Las acciones emprendidas están lejos de llegar a su meta, pero el trabajo de muchas mujeres se hace visible y su propósito sigue avanzando. Volverá a ser importante encontrar en el camino del derecho, de la redacción de las leyes, de su cumplimiento o de su interpretación judicial, la vía idónea para concretar un cambio que perdure. Quizá será hasta que llegue ese día, que volveremos a atravesar un ocho de marzo sin marchas violentas, sin reclamos ni vidrios rotos, sin la presencia silenciosa de las víctimas que no debemos olvidar. Quizá será entonces que, en un diálogo sereno, también recuperemos el entendimiento del respeto que muchos hombres profesamos por el papel que ellas, y sólo ellas, cumplen todos los días en el seno familiar.