Hay caprichos que cuestan caro. El deseo de imponer un discurso y una ideología sin miramiento de los imperativos que contempla el derecho, pasando por los procesos para su control y convalidación a través de la vía judicial, en la forma en que este fin de semana lo ha pretendido el presidente de la República, constituye una decisión que acarreará un costo económico y político del que se hablará mucho en el tiempo por venir.
El ejecutivo federal impulsa un modelo de país que no comulga con el diálogo democrático y la coparticipación de las corrientes de oposición, y sí en cambio se edifica en torno del enaltecimiento de la personalidad y una rapidez apegada a los calendarios electorales. El presidente no deja de perseguir el poder sin darse cuenta de que ya lo tiene todo, y que ejercerlo conduce forzosamente a la intervención de otros órganos de poder que cumplen un papel constitucional fundamental. Andrés Manuel López Obrador pudo haber obtenido honores en procesos electorales, pero aparentemente pasó con suficientes sus clases de teoría general del estado.
No puede haber abogado que no se sienta indignado por el ataque del que fue víctima el juez que puntualmente ejerció la función para la que fue designado. El Juez Gómez Fierro que concedió la suspensión provisional contra la promulgación de la reforma preferente en materia eléctrica, hizo aquello para lo que todo juez debe existir: juzgar.
A través del ataque que el presidente ha emprendido contra la función judicial ha decidido absorber consecuencias que pueden ser graves para su partido y movimiento, y graves y costosas para el país también.
El primer costo deberá absorberse en el caso concreto que ha dado lugar a la promoción del amparo. No cabe duda de que el presidente ha volcado en su contra la opinión unánime de la abogacía, que lógicamente cobijará la resolución que inminentemente deberá dictar el juez difamado por simple solidaridad con la función que desempeña. Las acusaciones deberán provocar un examen mucho más acucioso de constitucionalidad de la ley combatida, que lógicamente tenderán a privilegiar un examen mucho más restrictivo y garantista de la propia Carta Magna a favor de quienes ya vienen desempeñando actividades reguladas con motivo de las cuales han desembolsado fuertes inversiones.
De haberse advertido que la suspensión provisional admite recurso, y que en el incidente procesal respectivo pueden ofrecerse pruebas y expresarse alegatos que podrían haber conducido a la obtención de una resolución denegatoria de la suspensión definitiva por distinto cauce, quizá lo más conveniente habría sido permanecer en silencio hasta que dicha resolución se notificara. El presidente optó por un atropello anticipado que forzará a un estudio del caso más puntual, posiblemente, en contra de la política que pretende impulsar. No puede perderse de vista que la resolución del juez obedece a una medida incidental, que no tiene que ver en absoluto con aquello que habrá de realizar en el fondo: valorar si la reforma a la ley de la industria eléctrica se apega o no a la Constitución. ¿Cuál es la razón de este desgaste prematuro en torno de un aspecto que para el proyecto presidencial debiera ser mucho más trascendente?
Pero ese costo es menor si se toma en cuenta que su discurso no permanecerá en el terreno nacional. Es tan grave el atropello de pretender investigar a un juez por un criterio sustentado en un caso dado, que la decisión atravesará fronteras. El mensaje que acaba de enviar el titular del ejecutivo a la inversión privada, nacional y extranjera, es que en México no se respetará ni la ley, ni tampoco la investidura y autonomía de aquellos a los que la Carta Magna les encomienda hacerla cumplir. Ese mensaje evidencia una intención totalitarista que no acepta el mundo. La historia ha impreso capítulos muy negativos al respecto y ese modelo de gobierno ha quedado superado en todos los continentes.
El tercer costo es determinante para su partido. El presidente ha enviado una carta al ministro Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN y del Consejo de la Judicatura, que en el ejercicio de su función y de acuerdo con su competencia ha dado respuesta y ha girado instrucciones para que la investigación, de existir méritos, se inicie y de lugar a la imposición de las consecuencias que de conformidad con la ley resulten aplicables.
El punto crítico que no se midió tiene que ver con la consecuencia de que, tras la investigación, el presidente y la sociedad que ha escuchado a su llamado descubra que, quizá en forma contraria a lo que supone, los jueces y magistrados no forman parte de quienes él identifica como integrantes de la mafia del poder. Los miembros del Poder Judicial, en lo general, son profesionistas honorables y respetables que estudian, conocen profundamente el derecho y se encargan de aplicarlo todos los días.
La confirmación de que la labor efectuada por el Juez Gómez Fierro es no sólo proba, sino apegada a la ley, vendrá a consolidar a la institución y a las estructuras de poder en este país en las que queda encomendada la labor de contrarrestar la actuación arbitraria o caprichosa de sus pares.
Bajo ningún motivo podemos aplaudir el proceso de embestida que el poder ejecutivo ha emprendido en contra de uno de los miembros del Poder Judicial. Sí nos motiva para sentir tranquilidad el saber que, al final, como lo expresa el decálogo de los abogados, el tiempo acabará dándole la razón al derecho y a la justicia.