Antonio Cuéllar

No existe tema que una sociedad con aspiraciones a vivir armónicamente deba tomar con mayor seriedad, que el de la discusión y votación de su Constitución.  En función de los principios que queden enmarcados en ese documento, llegarán a definirse los derechos de sus nacionales, su participación activa y plural en la vida pública, y los alcances de intromisión de su gobierno en la vida de los particulares. La aprobación de una Constitución demanda la intervención de representantes políticos capaces, dotados no sólo de una legítima interlocución popular, sino también del entendimiento del derecho, la historia, la política y la economía; estadistas, al fin y al cabo.

Con el amplio conocimiento de la historia y de la política de México que lo distingue, y con la claridad de una pluma de la que pocos políticos gozan en este país, la semana pasada se publicó un artículo del diputado Porfirio Muñoz Ledo en el que habla sobre la Constitución y plantea, como premisa medular, la conveniencia de un nuevo Pacto Social: “que los ciudadanos funden sus obligaciones en la legitimidad de las autoridades públicas y exijan a cambio el ejercicio igualitario de sus derechos así como las condiciones materiales para ejercerlos”.

El tema de la hazaña electoral del 2018 pervive entre nuestra clase gobernante y la lleva a sobrevalorarse con relación a sus capacidades. Incluso en términos de legitimidad, puede perderse la perspectiva si se deja de apreciar que, un buen porcentaje del voto que favoreció la actual composición del Poder Legislativo Federal, provino de un auténtico castigo en contra de las dos fuerzas políticas precedentes, más allá de un convencimiento a favor de un movimiento político naciente.

En el fondo de las cosas, ¿qué tan capacitada está nuestra nueva clase política como para discutir un nuevo texto constitucional?, ¿se promulgará igualmente un catálogo inútil de prerrogativas del ciudadano, como surgió de las ocurrencias de la Asamblea constituyente de la CDMX?, ¿qué habilidades ha mostrado Morena en el ejercicio del encargo que le fue confiado?

La semana pasada se rebasó la línea de los cincuenta mil fallecimientos por COVID 19 en México, y realmente continuamos siendo testigos de conferencias erráticas en las que el propio gobierno, en voz de un subsecretario impreparado y rebasado, tropieza entre cifras y desatinos que le impiden definir con precisión el camino que debe seguirse para enfrentar una crisis sanitaria como jamás la había atravesado el mundo. En el puntero de los países con una peor administración de la pandemia, se discute la estrategia política de desaparecer o no a la Comisión técnica encargada de enfrentar los riesgos sanitarios. Jamás pudo elegirse peor momento para catapultar el tema.  Una pequeña muestra de la catástrofe que en materia de salud pública sacude al país. Esta administración está francamente reprobada en materia sanitaria y en el manejo de crisis.

Curiosamente, también la semana pasada se viralizó un video en el que se mostró la manera en que un asaltante de pasajeros en el Estado de México, es aprehendido por sus víctimas y golpeado, casi hasta la muerte, por una fechoría que se comete impunemente todos los días, en todos los lugares de nuestro país.  Una reacción desproporcionada a un hartazgo popular tan justificado como innegable, por la franca incapacidad del gobierno, en todos sus órdenes y niveles que lo conforman, para hacer algo, lo que sea, para disminuir la violencia y la inseguridad en el país. México es, desde hace mucho tiempo, un Estado fallido en materia de seguridad. Las promesas de campaña se desdibujan ante la contundencia de la incapacidad del movimiento superlegitimado de Morena, para resolver el reclamo principal de todos los mexicanos por el que accedieron al poder.

En otro último renglón, la recesión económica que azota al mundo se ve de color mas obscuro en México. Los análisis de Citibanamex persisten y anticipan una desaceleración que ronda alrededor de un -10% del Producto Interno Bruto para el presente ejercicio.  Si bien la crisis sanitaria no podría atribuirse al gobierno, su impacto desastroso se potencia por la pasividad de su reacción. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público no ha anunciado realmente ningún apoyo financiero o fiscal que pueda impulsar una urgente liquidez de la que depende el inicio de la recuperación.  Si aunado a eso, el propio Ejecutivo Federal impulsa iniciativas que menguan la inversión del sector privado en marcha, lo que mina la certidumbre y credibilidad del capital, las posibilidades de atravesar esta época se alejan.  Morena no tiene un plan ni una idea cierta sobre el papel que debe ocupar el gobierno en un entorno de colaboración con los sectores productivos generadores de empleo.  Nuestra clase política está rebasada en el entendimiento de la arquitectura que el Estado moderno debe tener, en el que la construcción de las plataformas de desarrollo provienen de un sano entendimiento y coordinación entre los sectores público, privado y social, con el acompañamiento de leyes eficaces para la regulación conjunta de sus actividades.

En el estado actual de cosas, tal y como se aprecia, ¿quién podría sentarse a discutir un nuevo Pacto Social con los diputados y senadores designados por sorteo, quienes decidirán el rumbo de la historia del país? Frente a la aplastante división nacional sobre el manejo de los problemas que se enfrentan, ¿cuál será el éxito de una discusión parlamentaria en la que prevalecerán las ocurrencias y se ignorarán los grandes temas que interesan a México y a la humanidad?

Hablar de un nuevo Pacto Social en estas condiciones, aludiendo de manera expresa a la legitimidad que confirió el voto popular, sólo evoca a los cambios radicales de régimen que las dictaduras sudamericanas debieron atravesar para consolidar el poder. Un nuevo texto constitucional pareciera dirigirse a abrir la discusión alrededor de un tema que siempre ha pululado alrededor de esta presidencia y al que todo mexicano tiene temor: la prolongación del período de poder público conferido.

En las condiciones que vive México, hablar de una nueva Constitución sólo puede provocar un sentimiento: miedo.

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