Quitarle mil millones de pesos al presupuesto de cualquier gobierno acaba siendo muy doloroso, pues impacta negativamente el desempeño de la administración. Quitarle esa misma cantidad a un gobierno populista, en época de pandemia, puede traducirse en una fórmula mortal; fulmina los programas sociales.
Es en esa coyuntura que se debe entender la frustración con la que el presidente de la república se dirigió a los ministros que integran la SCJN esta mañana, al hablar de la tranquilidad con la que duermen después de haber dictado una sentencia favorable a la señora Carmela Azcárraga Milmo, y dejar libre el camino para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa dicte las resoluciones procedentes que conduzcan al SAT por tan doloroso derrotero.
Desde luego que es criticable el hecho de que un poder se involucre con valoraciones subjetivas sobre el trabajo que realiza alguno de los otros; más aún cuando se trata de un proceso de interpretación normativa que deja en evidencia la coexistencia de un derecho del que es titular una contribuyente, y una omisión imputable a la administración, de quien proviene el comentario.
Nos llama la atención, sin embargo, la invitación que ha vuelto a hacer el presidente de la república en la mañanera, para que los tribunales hagan justicia, más allá de aplicar la ley.
Destaca el mensaje, tanto por le pegajoso de la idea que contiene, como por su peligrosidad.
Constituye la receta perfecta para que quienes tienen capital que pudiera invertirse en actividades generadoras de empleo, huyan a otros destinos más seguros: el anti-estado de derecho.
No se trata de un posicionamiento novedoso, hace una veintena de años, ocupando Andrés Manuel López Obrador la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se involucró en una cruzada similar, al exigir a la misma SCJN que dejara sin efectos un fallo a través del cual se condenaba a la Ciudad de México a la realización de un pago millonario por conceptos de indemnización, como resultado de un litigio emprendido por un particular para que se le restituyeran latifundios en Iztapalapa, en el Paraje San Juan, de los que se ostentaba como propietario a partir de títulos virreinales.
Sobre el tema de la justicia particular en el caso del juicio que hoy nos ocupa, podría decirse mucho y efectuar una valoración en justicia más profunda: ¿sería justo entonces obligar a la contribuyente a pagar al fisco una cantidad a la que no estaba obligada, para sufragar gasto público para el beneficio de terceros? ¿estamos entonces obligados a destinar nuestros ahorros al pago de hospitales y escuelas para personas con necesidad, por tratarse de una causa justa, a pesar de no estar legalmente obligados a ello? La justicia puede tener dos o más caras o perspectivas desde las que pueda llegarse a calificar. Es injusto para uno lo que puede serlo para otro. Una oleada de criterios de justicia tiraría por tierra cualquier intento de construir un estado sólido de seguridad jurídica.
En el oído de millones de mexicanos en deplorable necesidad, la idea melosa de hacer justicia es miel para su paladar, porque pese al esfuerzo diario para salir adelante, no encuentran sino en el terreno de la desigualdad social el asidero más adecuado para reclamar justicia contra las causas indebidas que la provocan. Habría que explicar a muchos de ellos que, si bien es verdad que existen orígenes ilícitos de enriquecimiento que se deben perseguir, para impedir el crecimiento de esa disparidad ilegítima de la riqueza, hay muchos otros casos de bienestar y holgura bien habida que no tendrían por qué ser medidos con el mismo rasero.
En el fondo, no es la apetencia de justicia la que preocupa, sino la proliferación de la idea de que, en la actividad encomendada a todo gobernante, deba ser el valor de la justicia el que guíe sus pasos por encima de la ley, porque la justicia es subjetiva y cambiante, y la maleabilidad de la ley es la que puede emplearse, precisamente, para concretar las peores injusticias.
Todo estado moderno se sustenta en la legalidad, en la aplicación certera del derecho a favor o en contra de cualquier persona que quede situada en los supuestos establecidos en las normas jurídicas que se deban observar. México no debería de ser una excepción y podría situarse, más bien, como un país impulsor de la legalidad. Es precisamente la supervivencia de ideas como la de ayer por la mañana la que coloca al país en la posición de atraso en la que se encuentra con respecto a naciones de su misma talla e importancia.
La Constitución confiere a los distintos órganos que conforman el gobierno una competencia, con apego a la cual les corresponde hacer las leyes o, en los otros casos, observarlas y cumplirlas, o interpretarlas y hacerlas cumplir. La primera de las actividades, una labor esencialmente política, descansa en servidores públicos a quienes se les ha confiado la representación política y democrática nacional, las segundas, en órganos que no pueden deliberar sobre el contenido normativo, sino sobre su apego a la Constitución y su aplicación puntual.
En la medida en la que México logre superar la crisis discursiva que lo tiene atrapado y la ciudadanía logre entender y ponderar con habilidad la importancia que reviste la obligación de respetar la ley, y hacerla cumplir sin cortapisas, el país logrará crecer y consolidarse como un verdadero estado de derecho. El peligro de caer en la resbaladilla de la justicia nos lleva directo a los cacicazgos continentales que tanta pobreza han dejado a su paso.