Antonio Cuéllar

Las noticias que viajan en la red parecen salidas de una película de ciencia ficción; nada más alarmante que descubrir cómo el futuro nos alcanzó.  En los hospitales del sur de Europa, donde la crisis ha encontrado su principal foco, los doctores siguen protocolos de guerra y atienden exclusivamente a los enfermos que tienen mejor oportunidad de sobrevivir; los demás se dejan morir. Es tan doloroso el escenario que, se dice, en España ya se administran sedantes para ayudar a morir dignamente a los adultos mayores, ante el colapso de su sistema hospitalario.

Un tema preocupa a la par que el de la crisis sanitaria; es el que vendrá justo después de que ésta termine y que China ya empieza a enfrentar, el de la catástrofe económica implícita que puede conducir a un período prolongado de depresión, como la que tuvo lugar hace un siglo. Una debacle que arroja la cuarententa y la paralización asociada de toda la actividad económica, que en este caso se sintoniza con el derrumbamiento de los precios del petróleo y la falta de confianza de los inversionistas.

En el periódico suizo Tages-Anzeiger impreso en Zürich, con distribución de más de 230 mil ejemplares en los cantones de habla suizo-alemán, apareció una noticia de México y de los países subdesarrollados del hemisferio sur -como Cambodia, Mozambique o Nueva Guinea, con los que se vincula a nuestro país. En las columnas que enmarcan una fotografía del Presidente López Obrador, se vaticina lo muy mal que nos puede ir en los dos ámbitos antes mencionados, el sanitario y el económico, si no se adoptan las medidas adecuadas, y se hace referencia a un escenario final aún peor:  sin importar el ridículo fondo de apoyo para países emergentes del sur de Asia, África y América Latina de 12 mil millones de dólares, propuesto por el Banco Mundial, se anticipa la posibilidad real de un estallido social.

La noticia resulta verdaderamente alarmante, porque parece que están sembradas las semillas que nos conducirán hacia ese camino. En los periódicos de circulación nacional ya se informa sobre el problema que conlleva el impulso de acciones de “distanciamiento social”, dada la precaria situación en la que auténticamente sobreviven millones de mexicanos.  Virtualmente, la totalidad de connacionales dedicados a actividades de venta de bienes y servicios en el mercado informal, que representan un 57% de la población económicamente activa, con una contribución del 23% del Producto Interno Bruto, viven con los ingresos que perciben diariamente; viven al día.  La inmensa mayoría carece de capacidad de ahorro suficiente para enfrentar la crisis por coronavirus, que podría prolongarse varios meses. ¿Qué va a suceder con ellos si el Gobierno carece de recursos para garantizar un mínimo vital para ellos?

A través de las redes sociales, aparecen en forma pública y descarada, las convocatoria de bandas y pandillas de delincuentes que se organizan los fines de semana para ejecutar robos y saqueos a tiendas departamentales y estancos en el Estado de México.

Resulta impostergable que el Gobierno emita mensajes claros a la población que la conduzcan a ajustarse a la legalidad, a evitar el contagio y prevenir la enfermedad, para permitir el funcionamiento eficiente del sistema de salud del país. También deberá dar señales inequívocas sobre la forma en que dará uso correcto al dinero, y sobre el impulso de políticas fiscales y administrativas acertadas que favorezcan la recuperación del ritmo económico, tan pronto como termine la crisis.

El problema que enfrentamos es que el gobierno acude a impulsar medidas exactamente a la inversa. De manera contraria a lo que ocurre en el resto del planeta, aquí se motiva a la gente a comportarse en forma irresponsable y desordenada.  El problema que enfrentamos, entonces, deviene estructural y de fondo, ya no se trata de errores de comunicación que conduzcan a una errada percepción del gobierno; hablamos ciertamente de una falta de comprensión de la dimensión del problema global, de la posición de México en ese entorno, y de las repercusiones que esta catástrofe tiene aparejadas para todos los mexicanos.

Es verdad que la Gran Bretaña y los Países Bajos siguen un protocolo de atención de la epidemia que se distancia del resto de Europa, con la pretendida idea de generar un proceso de “inmunidad de rebaño”, por medio de lo cual se administra la enfermedad sin afectar la marcha de la economía, sometiendo a la población más fuerte a un proceso de contagio que puede sobrellevarse sin colapsar el sistema hospitalario.  Sin embargo, ese no es el caso de México, la invitación hecha por el Presidente López Obrador a seguir acudiendo a eventos públicos y llevando una vida normal, no forma parte de una estrategia meditada para administrar la calamidad, constituye un acto de franca irresponsabilidad.

A lo largo de los últimos treinta años, todos los gobiernos conservadores y neoliberales se dedicaron empeñosamente a lanzar un mensaje al mundo, en el sentido de que México estaba cambiando y se encontraba en pleno tránsito a la legalidad, para convertirse en un auténtico Estado de Derecho, en el que la inversión extranjera era bienvenida y, ante todo, respetada y bien tratada.  Eso permitió la construcción de plantas automotrices y fábricas de televisiones y electrodomésticos, entre cientos de empresas más, altamente demandantes de mano de obra.

El país ya no tiene ingresos por petróleo y no va a gozar de recursos suficientes para detonar un ciclo de crecimiento mínimamente cercano a lo que su población va a necesitar en dos meses.  Urge entender la importancia que tiene la inversión del sector privado, en este momento, como motor de recuperación de nuestra economía y del empleo.

Después del capricho mostrado después de la elección mediante la cancelación del principal proyecto de infraestructura en marcha, que costó 13 mil millones de dólares, la cancelación del NAIM en Texcoco; o la propuesta para llevar a cabo la construcción de una Refinería en Dos Bocas o el Tren Maya, resultaba verdaderamente difícil suponer que una empresa seria decidiera invertir en México.  A esa mala racha, al gobierno se suma la crisis por COVID-19 y la caída del precio del petróleo. ¿Qué más podría suceder?

La administración de la “cuarta transformación” no nos deja de sorprender. Como si todo lo que viene sucediendo no fuera suficiente, se ha tomado la decisión de permitir la realización de otra consulta popular que compromete más de mil millones de dólares de inversión productiva en Mexicali, B.C.

Como si se tratara de un proceso de abierta extorsión, se somete el proyecto de la cervecera Constellation Brands a votación de una minoría ridícula del padrón de Baja California, y se descarrila un proyecto casi terminado al que se le dice que se irá a indemnizar (con cargo a los contribuyentes) y se invita a invertir en Tabasco.

Si se tratara de dar un golpe a la nuca de la confianza y de la certidumbre que demanda toda inversión productiva de capital, éste, el de las consultas populares, sería el mecanismo más adecuado para matarla.  No existe artilugio más mañoso, corrupto y despiadado para lograr cualquier propósito de gobierno, en el sentido que sea, que el de la manipulación de la masa y el uso de la supuesta voluntad del pueblo. Todos los dictadores han echado mano de ella.

La resucitación de este aparato social tras Texcoco, constituye la estocada que esta administración le podía dar a nuestra economía para llevarnos, ahora sí, al abismo más oscuro y profundo.

El encabezado del Tages-Anzeiger que circuló en Zürich el 17 de marzo pasado preguntaba “¿En dónde es más peligroso el coronavirus?”. Por el número de víctimas que morirán por la enfermedad, o de hambre y por abandono, la respuesta la hemos encontrado este fin de semana pasado, en México.

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