Una de las principales propuestas del candidato Donald Trump empieza a dibujarse en el horizonte: la drástica reducción del impuesto sobre la renta para personas físicas y para empresas (las primeras del 39.6% al 36% y las segundas hasta un tope máximo general del 15%). No es una magna reforma fiscal como la que ha pretendido el Partido Republicano, sin embargo, es un proyecto bien recibido por los mercados que persigue impulsar el crecimiento.
No se trata de una novedad en el hemisferio, Canadá también grava a las empresas con una tasa similar, del 15%, que se ve incrementada con impuestos provinciales que van del 10% al 16%, dando como resultado una tasa fiscal corporativa de entre el 25% y el 31%.
Será bueno evaluar cuál acabará por ser la fiscalidad real para las empresas establecidas en los Estados Unidos después de la potencial aprobación de la reforma, sumadas las contribuciones locales que puedan agregarse; de cualquier manera, deberá ser significativamente menor a la que vienen pagando, de alrededor del 44% según la tasa aplicable para el contribuyente y la tasa local agregada.
En cualquiera de los casos, la reforma fiscal es un llamado de atención al gobierno de México para impulsar los cambios legislativos necesarios que permitan mantener al país en un terreno de sana competitividad. Y sostenemos que el cambio tiene que darse en el terreno normativo de la fiscalidad, porque la compensación de la ganancia a favor de las corporaciones no puede gestarse alrededor del ahorro proveniente de la precariedad de los salarios ya mal pagados en nuestro país. No se puede planear el crecimiento con cargo a una sola clase social, y menos a costa de su auténtica subsistencia.
Ante la inminencia de la renegociación o modernización del TLCAN, y aún obteniéndose los mejores resultados proyectados, deberá reconocerse la conveniencia de replantear la política fiscal y rediseñar el marco normativo que la sustenta, atenuar la carga para el sector productivo y conservar los atractivos a favor de la inversión, ¿Qué atractivos?.
El cuestionamiento que hacemos no es sarcasmo; a pesar de que existen muchos factores positivos, no puede pasarse por alto el hecho de que la corrupción, la falta de seguridad de las personas y la falta de certidumbre jurídica, por el débil Estado de Derecho que nos caracteriza, hacen que el riesgo de traer capital productivo a nuestro país sea alto.
La razón anterior convierte a la disminución de las tasas impositivas en un tema ineludible y apremiante, porque la compensación que ofrece la economía de los bajos salarios acabará por verse superada fiscalmente por nuestros socios comerciales. México debe actuar en sincronía con el objeto de preservar sus atractivos, aunque su margen de maniobra en este campo está agotado.
En la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal, se estimó que la recaudación por concepto de Impuesto sobre la Renta ascendería a 1 billón 485 mil millones de pesos, siendo dicho tributo el más importante de la recaudación en su integridad. Un análisis de la recaudación del año pasado, de enero a junio, en el que se aprecia cómo el ISR recaudado a personas morales ascendió a 397 mil millones de pesos, contra 23 mil millones atribuibles a personas físicas, permitiría señalar que la referencia aplicada al presente ejercicio significaría que aproximadamente 1 billón 400 mil millones de pesos de ISR recaudado procedería de personas morales.
Partiendo de la base de que no todos los contribuyentes corporativos pagan la misma tasa impositiva, dada su capacidad económica e ingresos, y que una eventual disminución de dicha tasa a un rango del 15%, de cualquier modo, significaría una mayor productividad, valdría la pena hacer el ensayo y suponer que la recaudación cayera solamente un 10% del total estimado, solamente por lo que respecta a ISR proveniente de personas morales.
Llevado a los números analizados, esa disminución significaría una pérdida fiscal de más de 100 mil millones de pesos, que sería equivalente al presupuesto de egresos total de la Secretaría de Desarrollo Social para 2017, casi dos veces el de la Secretaría de Gobernación, o una y media veces el de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Aún suponiendo que en un buen escenario de colaboración parlamentaria se aprobara una compensación fiscal a través de un aumento a la tasa del IVA, resulta evidente señalar que, la única forma de ser competitivos fiscalmente frente a nuestros socios comerciales, será mediante una disminución del gasto corriente del Gobierno en todas sus esferas, y una eliminación eficiente de una multiplicidad de programas sociales injustificados, duplicados o inadecuados.
Un problema que se plantea sobre este último punto, tiene que ver con la manera en que las campañas electorales se vienen desarrollando, porque se ha puesto de moda la explotación electorera del clientelismo social, en el que cada partido propone cuanto programa de apoyo y asistencia pública se le viene en mente a cada candidato, sin reparo de la grave repercusión que ello trae contra el presupuesto. El problema inercial es insostenible.
En la coyuntura que se presenta, urge que se ponga orden en los planteamientos de partido. El gobierno tiene la función constitucional de construir y consolidar condiciones que favorezcan la inversión privada para la realización de actividades que redunden en el bienestar de la población. La obligación de cada mexicano de contribuir al gasto público, no fue establecida en la Constitución para beneficiar a los partidos en su búsqueda insaciable por el poder. El crecimiento incontrolado de esta mala costumbre nos impedirá fatalmente ofrecer cualquier tipo de ventaja o atractivo para quien busca en México un lugar adecuado para trabajar, una práctica en perjuicio de nosotros mismos. No hay espacio para más votos a base de billetazos.