Los centros de atención de adicciones, también conocidos como anexos, que operan con irregularidad en Jalisco tienen 60 días para operar conforme a la ley, de lo contrario serán cerrados, informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
En semanas pasadas, el gobernador precisó que 362 unidades o anexos fueron acreditadas durante 2021 y anunció que otras 134 recibieron las autorizaciones correspondientes para operar con regularidad; sin embargo, aún existen demasiados centros que trabajan en condiciones “indignantes”.
“Para que quede claro: a partir de hoy, tienen 60 días para arreglar lo que se tenga que arreglar y operar conforme a la ley o se harán cierres definitivos”, destacó el mandatario.
La lucha del gobierno de Jalisco contra estos albergues o centros de adicciones inició tras revelarse que apenas el 14 por ciento tenían los permisos necesarios; luego de un trabajo de cuatro años, el número de acreditaciones creció al 80 por ciento.
Alfaro reconoció que se trata de una realidad en materia de salud pública que no se puede ignorar, pero que requiere de voluntad y orden y autoridad; por lo que continuarán los operativos con los tres niveles de gobierno para desmantelar los centros clandestinos e ilegales.
“Sabemos que muchos centros o instituciones de este tipo en la ciudad son de gran ayuda, pero otros son un riesgo y se tienen que regularizar desde el uso de suelo hasta los contenidos, protocolos y programas desarrollados para la atención al público”, indicó.
Lee también: Caen 16 por caos en Jalisco y Guanajuato, pero no «El Doble R»
La decisión del gobierno estatal se tomó tras una reunión con representantes municipales del Área Metropolitana de Guadalajara y de la Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal), el Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) y la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).
Ahí se trazó una ruta de acción que incluye dos meses para que los centros se regularicen, mientras las autoridades investigan aquellos que operan en la clandestinidad, pues de los más de 400 con presencia en el estado, solo 85 cuentan con reconocimiento de las comisiones nacional y estatal contra las adicciones.
“Esto no es una amnistía”, advirtió Enrique Alfaro; aunque reconoció que no habrá trabas legales ni burocráticas para que los anexos alcancen sus respectivas acreditaciones: “Hay gente en riesgo y no lo podemos permitir”. EJ
ES DE INTERÉS
¡Ni una Más! Queman a mujer en situación de calle en Jalisco
Gobernadores confirman 16 detenidos por incendios y bloqueos en Jalisco y Guanajuato