El cumplimiento de la ley no es voluntario ni mucho menos potestativo, sino obligatorio no sólo para los mandantes, sino sobre todo para el mandatario. Se trata de la base del contrato social firmado por la sociedad que intrínsecamente implica que todo acto de los órganos del Estado debe estar fundado y motivado por el derecho.
Es decir, el principio de legalidad implica la sujeción de todos los órganos del Estado a la obligatoriedad de que todo acto o procedimiento jurídico debe estar fundado y motivado en una norma legal. Ningún servidor público puede hacer lo que no le está permitido. Se trata de la certidumbre jurídico que evita que un policía acceda a nuestro domicilio sin una orden judicial.
Todo gobierno se encuentra sujeto a la ley, tanto cuando realiza acciones concretas como cuando crea las normas reglamentarias a las que habrá de sujetarse.
No existe la autocontención y en su lugar los mexicanos hemos optado por la ley.
De lo contrario, el poder reglamentario podría contradecir al propio poder legislativo y erigirse en absoluto. Ése es el riesgo que se corre con el rompimiento del principio de legalidad.
Ello exige la congruencia que debe de existir entre las acciones de los poderes públicos y lo establecido en el marco legal, así como entre las normas superiores y las normas inferiores. En ese sentido, un órgano público jamás podrá exceder los actos establecidos en la ley ni ir más allá de lo que la norma le establece.
Se trata de un principio fundacional de los Estados Democráticos de Derecho que, junto con el principio de seguridad jurídica, constituye el pilar central en el que se sustenta nuestro sistema político.
Y justamente es el que se quebranta con la acción anunciada por el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador el pasado martes, quien a través de un memorándum busca desconocer la voluntad popular expresada en votos para elegir a legisladores federales y locales que en 2014 concretaron la reforma educativa en vigor. Pero el Primer Mandatario trata de hacer creer que sus votos valen más y por lo tanto, puede hacer su santa voluntad. Es decir, busca desconoce la manifestación de la soberanía nacional plasmada por el Constituyente de Querétaro en la Constitución de 1917.
Los mexicanos debemos defender nuestro régimen democrático y nuestro estado de derecho, que son fruto de siglos de luchas, disputas y guerras civiles. Ni un paso atrás en las conquistas alcanzadas.
Lejos del discurso presidencial, la justicia no está alejada de la ley, al contrario, la ley es la que busca evitar que el dinero y la influencia avasallen al desprotegido. El reto es alcanzar la plena aplicación de la justicia en México que pasa, de forma alguna, por el desconocimiento de la ley.
La impunidad es la que nos tiene sumidos en la más grande crisis que México haya conocido.
No nos debemos perder en ese discurso fácil, sino frenar esa ilegalidad que busca avasallar.
De otra forma, el siguiente paso sería desconocer al Poder Legislativo y restablecer el Supremo Poder Conservador de hace dos siglos.