Orientada al sentido social, la Ley General para la Regulación y Control de Cannabis ha dejado de lado la inversión extranjera, al limitar a empresas de capital exterior a participar en una quinta parte de lo que tendría una compañía con capital nacional.
En el artículo 20 de la propuesta presentada por la ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se señala que para participar en la comercialización con fines médicos, científicos o cosméticos, las empresas deberán tener 80% de su capital nacional, lo que obliga a una revisión al principio del acuerdo nacional para que el inversionista extranjero tenga el mismo trato que el mexicano.
[caption id="attachment_936009" align="alignright” width="714"] PRODUCCIÓN EXTERIOR. En California, los productores de cannabis pagan 9.25 dólares por onza de flor de mariguana seca, además de 2.75 dólares por onza de hoja, un dólar con 29 centavos por planta y 15% al consumo.[/caption]
›En este espectro se encuentra la tecnología para la producción de este producto, manejada por 50 empresas que cotizan en las bolsas de valores de Estados Unidos y Canadá, que al cierre del 26 de noviembre pasado reportaron 55 mil 400 millones de dólares.
La lista de empresas es encabezada por las canadienses Canopy Growth con un valor de 10 mil 720 millones de dólares; Tilray, con 10 mil 710 millones y Aurora Cannabis con ocho mil 300 millones. La primera facturó 49.2 millones de dólares canadienses en productos de cannabis, equivalentes a 550 mil dólares diarios.
En otro rubro, la iniciativa de Sánchez Cordero tampoco hace referencia a la recaudación de impuestos, aunque el Servicio de Administración Tributaria (SAT), refiere que las cooperativas de consumo de ese producto, ahorro o préstamo están exentas de pagar el Impuesto Sobre la Renta (ISR). Pero de acuerdo con la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el tabaco paga 160% y las bebidas alcohólicas de 26% a 50 por ciento.
Además de las cooperativas, se asoma la reticencia para que las grandes empresas manejen este producto, por temor a que la regulación sea “capturada” por las empresas reguladas. Y cuando las compañías “se vuelven muy poderosas, pueden capturar la regulación porque invierten mucho en cabildeo y presionan a los reguladores para tener reglas más favorables para empresas de energía, construcción y telecomunicaciones, refiere Andrés Aguinaco, miembro de la Barra Mexicana y el Colegio de Abogados.
Al respecto, la profesora e investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Catalina Pérez Correa, afirmó que otras industrias que han demostrado su poder son las productoras de comida chatarra, tabaco y alcohol. “El beneficio comercial y la protección a la salud frecuentemente están peleados. Por esa razón aplauden el artículo 40 (constitucional) que limita al establecimiento a que sólo se venda mariguana”, sus derivados y accesorios. Así, “si mañana Grupo Modelo lanza al mercado una cerveza con cannabis o cualquier otro producto, no empiece a hacer ventas atadas”. De esta manera se evitará “que nazca ‘el Philip Morris de la mariguana’”.
Fomento al monopolio
Para reglamentar, monitorear y sancionar las actividades de la cannabis, la iniciativa de Sánchez Cordero también considera la creación del Instituto Mexicano de Regulación y Control del Cannabis, que entre sus funciones establecidas en los artículos 48, 49 y 50, determinará el número de licencia a otorgar y la “distancia mínima entre los diferentes puntos de venta”.
Pablo Cotler, académico y exdirector del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, aseguró que “al momento en que se limita el número de licencias se abre una Caja de Pandora; obviamente, eso sí se presta a que pudiera haber prácticas de corrupción”. ejecentral buscó la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), pero la dependencia señaló que carecían de “una postura respecto a la iniciativa”.
Ley promovida. Olga Sánchez Cordero lanzó su iniciativa el 8 de noviembre pasado, cuando todavía era senadora. Foto: Cuartoscuro.Un ejemplo de ello ocurrió en 2016, cuando la Cofece emitió una postura sobre el mercado de tortillas en Autlán de Navarro, Jalisco, donde el reglamento establecía “ubicaciones justas y equitativas”, al referir que era una “restricción artificial de la oferta en perjuicio de los consumidores”.
Incluso, enfatizó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los reglamentos y leyes que fijan una distancia como requisito para establecer comercios de la misma clase son inconstitucionales porque impiden el ejercicio de la libertad de comercio establecida en el artículo 5 Constitucional y privan a la sociedad de los beneficios de la libre concurrencia garantizada por el artículo 28.
A esto se suma un aspecto al que se le debe poner especial cuidado: la procedencia de los recursos para invertir en la industria de la mariguana en México, es decir, lo que en el lenguaje de los negocios se le llama “conoce a tu cliente”, asegura Alejandro Luna.
Al respecto, Farmacias Magistrales, autorizada para importar cannabis, prepara seis productos (dos suplementos alimenticios con cannabidiol y cuatro medicamentos con CBD y tetrahidrocannabinol), asegura su director comercial, César Vargas. Mientras que una empresa que solicitó anonimato, ya planea producir cerveza con derivados de mariguana.
Hasta el 21 de noviembre pasado, ya había 38 productos en proceso de iniciar la venta por parte de siete compañías. Incluso, con el secretisimo del nuevo negocio, las compañías autorizadas ya planean nuevos productos.