Como una especie de rompecabezas chino, el Estado mexicano diseñó un tangram para combatir la corrupción. Son siete piezas que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y dos de ellas son neurálgicas, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Ambas están fallando.
La Auditoría es el ente que fiscaliza las finanzas públicas y detecta las grietas por donde se desvían los recursos; la PGR investiga y somete a juicio a los responsables de esos delitos. El problema es que en los últimos 15 años, a pesar del crecimiento de casos de corrupción, en promedio la ASF ha interpuesto sólo dos denuncias por mes, y la Procuraduría, de las 443 querellas que recibió apenas consignó ante un juez el 2 por ciento. Hasta ahora, no ha conseguido una sólo sentencia condenatoria en contra de un funcionario que haya defraudado al erario.
›Según datos obtenidos por ejecentral a través de transparencia, de 2003 al 9 de marzo de 2018, la PGR había consignado nueve de 443 carpetas de investigación que inició, pese a que la denuncia penal de la Auditoría viene acompañada de un dictamen técnico que identifica a los servidores públicos que podrían ser responsables del desvío de recursos.
Estas nueve acusaciones no tienen relación con los casos del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, a quien la ASF le documentó anomalías que rebasan los 60 mil millones de pesos, o la del exgobernador quintanarooense Roberto Borge, a quien la Auditoría detectó en 2016 desvíos que superaban los 55 millones de pesos.
Para Gerardo Carrasco, director de Litigio Estratégico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que las consignaciones se hayan realizado sin detenido revela que la PGR no tiene voluntad para esclarecer casos de corrupción.
“La Auditoría hace su trabajo, sin embargo en cuestiones penales y de responsabilidades administrativas se topa con pared porque no es autoridad competente para imponer multas o sanciones a servidores públicos. No podemos señalar a la Auditoría Superior si sus facultades no alcanzan para realizar las consignaciones de los expedientes ante un juez. Su tarea es presentar las denuncias, desde ahí es trabajo de la Procuraduría”, comentó.
Para ejemplo, un caso
Nadie pensaría que firmar convenio con escuelas de educación superior sería un instrumento para simular servicios y desviar recursos, pero sucedió. En 2017, la ASF detectó un esquema operado desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dependencia que dotó, en 2015, de 611 millones 711 mil 905 pesos a las universidades tecnológicas de Nezahualcóyotl y del Sur del Estado de México; además de la Politécnica de Texcoco para la realización de obras de fortalecimiento del fondo de aportaciones para la infraestructura social.
Los centros de estudios transfirieron 97% de los recursos que recibieron a seis personas físicas y 12 morales, sin justificación o contrato que acreditara la transferencia de dinero. Aunque no se especifica qué tipo de obras son, la ASF concluye que no se realizaron.
Pero este esquema ya tenía un antecedente, sostiene la propia Auditoría.
›En 2014 la Sedesol suscribió un convenio de colaboración con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a la que le pagó 324 millones 632 mil 800 pesos, y que finalmente se tradujo en trabajos no realizados. Al año siguiente se reincidió en el acto, pero con un extra: en 2015 casi se duplicó el monto pagado a las universidades.
“La Sedesol no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, ya que se presumen conductas irregulares que propiciaron la presunta simulación de servicios y la contratación de terceros”, dictaminó la ASF y presentó la denuncia penal ante la PGR el 20 de diciembre de 2017, la cual sigue en trámite.
Ese expediente consta de un dictamen técnico, que fue solicitado por ejecentral a través de la solicitud 0110000043418, en el que se identifica a los servidores públicos que podrían tener responsabilidad en el desvío de recursos. El nombre y cargos permanecerá bajo reserva al menos los próximos cinco años, así lo determinó la auditoría. Esta lentitud o falta de conclusión en las indagatorias es lo mismo que pasa con 66% de los casos abiertos en la PGR por corrupción: 293 expedientes.
Hay una figura jurídica que establece que dependiendo el delito si no se ha consignado el expediente, si no se ha ejercido acción penal por parte de la Procuraduría, tienen que cerrar las carpetas de investigación”, comentó Carrasco.
Denuncias acumuladas
Para 31% de las averiguaciones y carpetas de investigación las cosas no pintan mejor. Según los datos de la Procuraduría, 59 denuncias fueron acumuladas, en otras 53 la PGR se declaró incompetente para investigar y las envió a las fiscalías locales, y otras 20 se fueron a reserva por considerar que no hay elementos suficientes para una investigación. “A esto se le conoce coloquialmente cuando guardan la carpeta en un cajón y la dejan enfriar y la dejan morir”, dijo el abogado de Litigio Estratégico.
En nueve carpetas, la PGR determinó el no ejercicio de la acción penal, porque no se encontraron pruebas para acreditar la comisión del delito.
De las denuncias presentadas de 2000 a 2002, la PGR no cuenta con datos. Sin embargo, de acuerdo con el listado de denuncias presentadas por la ASF del 2000 al 28 de marzo de este año ha interpuesto 919 querellas. Esto significa que 476 se encuentran “extraviadas” por la PGR:
Se le comunica que no se localizó documento alguno que contenga lo peticionado, por lo tanto, de conformidad con el artículo 141 y 64 de la LFTAIP, la información requerida se torna inexistente dentro de los archivos de esta institución federal, dicha inexistencia fue sometida a consideración del Comité de Transparencia de esta Procuraduría (...) confirmando la determinación aludida”, respondió la PGR.
“Al no tener una Fiscalía autónoma e independiente y no se cuente con el titular de la Fiscalía Anticorrupción no tenemos manera de garantizar que los procesos penales se lleven con todo el cuidado y la imparcialidad posible”, detalló Carrasco.
La designación del fiscal anticorrupción, una de las piezas faltantes en el tangram del SNA, es un asunto que le compete al Senado, lo mismo que los magistrados anticorrupción, y hasta el momento no hay señales de que esa tarea se cumpla en el corto plazo.