Un juez de control aplazó la audiencia inicial sobre el desplome de un tramo de la Línea 12 del Metro para el próximo 7 de marzo, al determinar que antes de la diligencia debe resolverse el recurso de revocación que interpusieron los abogados defensores en cuanto al acuerdo reparatorio al que habrían llegado las empresas involucradas y el gobierno de la Ciudad de México
Luego de que el pasado 25 de octubre ya se había determinado reprogramar la audiencia sobre el incidente que el pasado 3 de mayo causó la muerte de 26 personas y dejó más de un centenar de heridas, este viernes el citatorio para la defensa de las víctimas y los abogados de la decena de funcionarios involucrados fue a las 10 de la mañana en las salas de oralidad del Poder Judicial capitalino.
Al acudir al citatorio que hoy volvió a diferirse, Enrique Horcasitas Manjarrez, exdirector del Proyecto Metro que estuvo a cargo de la construcción de la llamada Línea Dorada aseguró que “mi principal interés que se aclaren las causas y demostrar que soy inocente de los cargos que pretenden imputarme”.
Precisamente en razón de dicho acuerdo reparatorio es que el abogado Gabriel Regino, defensor legal de Horcasitas Manjarrez y otros cuatro exfuncionarios involucrados, señaló previo a la audiencia que solicitaría al juez de control la cancelación del proceso judicial en razón del acuerdo, del cual, dijo, no se había revelado, entre la Fiscalía capitalina -encargada de las investigaciones para deslindar responsabilidades- y Grupo Carso, como empresa encargada de la construcción.
“La ley dice que cuando hay un acuerdo reparatorio se extingue la acción penal, desaparece el caso. La fiscalía de la ciudad de México, lo tenía oculto porque no lo sabíamos nos lo acaban de entregar el lunes el último de los tomos, ya oficializó un acuerdo reparatorio con el Grupo Carso por el incidente ocurrido el 3 de mayo. Esto tenía que haber extinguido la acción penal ¿Por qué estamos aquí si ya hay un acuerdo reparatorio oficial?, cuestionó Regino García al señalar que quedaba en evidencia “la manipulación y la intencionalidad política con la que se ha conducido la Fiscalía” en el caso.