En casi 100 hojas, de forma conjunta y en lo individual, 11 empresas que fabrican y distribuyen armas en Estados Unidos, presentaron al juez sus argumentos para evitar ser enjuiciadas por los posibles daños económicos causados a México ante la “epidemia de violencia armada” que se vive en el país.
Barrett Firearms Manufacturing Inc. y Beretta USA Corp; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Co.; Smith & Wesson Brands, Inc.; Lack; Glock, Sturm Ruger & Co., y Witmer Public Safety Group, Inc., solicitaron al juez Dennis Saylor que desechara la demanda, exponiendo cuatro argumentos centrales: las cortes federales de Massachusetts no tienen jurisdicción; el gobierno mexicano no tiene legitimidad para presentar este caso; tampoco ofrece pruebas sobre la responsabilidad de las armadoras en cuanto a sus prácticas comerciales, y los supuestos daños que argumenta México no son atribuibles directamente a las empresas y sería inviable señalarlas por ello.
Respondieron en lo individual y en un memorándum conjunto, en el que las compañías sostienen, por ejemplo, que las armas fueron producidas legalmente, que no es su responsabilidad el uso, y en su mayoría, al menos de los casos que ofrece México, fueron adquiridas en California o Texas.
“El demandante, el gobierno de México, busca responsabilizar a los acusados (fabricantes de armas de fuego y un distribuidor de armas de fuego en los Estados Unidos) por la violencia provocada por los cárteles de la droga en México. La demanda, sin embargo, no alega que ninguno de los acusados, que son miembros respetuosos de la ley de la comunidad empresarial en los Estados Unidos, venda sus armas de fuego a los cárteles. Ni siquiera alega que venden a otros que venden a los cárteles”, señala el alegato.
Y continúa: “En cambio, la teoría de México es que una serie de terceros intermediarios en los Estados Unidos venden y revenden legal o ilegalmente las armas de fuego de los acusados, que luego son obtenidas ilegalmente por ‘compradores de paja’ criminales, y luego contrabandeadas ilegalmente a través de la frontera mexicana, donde se encuentran eventualmente utilizado ilegalmente por los cárteles de la droga para cometer actos de violencia criminal, lo que luego da lugar a diversos perjuicios económicos sufridos por el gobierno mexicano”.