La organización Artículo 19 pidió a la Fiscalía General de la República una investigación con peritaje externo para conocer el uso que se hizo en gobierno pasados del sistema de espionaje Pegasus.
La exigencia se hizo luego de que se revelara la investigación Pegasus Project, publicada el día de hoy en diversos medios de comunicación en todo el mundo.
En donde se reveló nueva información sobre el uso del malware de espionaje en contra de periodistas; personas defensoras de derechos humanos y otros integrantes de la sociedad civil alrededor del mundo, incluyendo México.
La investigación ‘Pegasus Project’ fue coordinada por Forbidden Stories, organización francesa dedicada al periodismo de investigación, en conjunto con Amnistía Internacional.
En la investigación participan más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones.
Las filtraciones de números espiados por el maleware ascienden a 50 mil, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México.
En esos 15 mil números hay personas defensoras de derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.
Así como investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas; incluyendo al periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017.
“Estas revelaciones reafirman que desde agencias del Estado Mexicano como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de vigilancia gubernamentales”, dice el comunicado.
Indicaron que mientras estos abusos no sean esclarecidos, “continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la defensa de derechos humanos”.
Indicó la organización que “es necesario que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que identifique a todas las víctimas de espionaje”.
Así como a los responsables materiales e intelectuales de perpetrar los ataques y los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los mismos.
Señalaron la necesidad de crear el marco legal que impida la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en México.
Además, subrayaron la necesidad de una investigación exhaustiva e integral, “con garantías de independencia y supervisión, así como la participación de peritos externos”. DJ
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