Avances en seguridad pública

Con unidad de mando, con coordinación, con buena investigación e inteligencia es como se enfrenta con mayor éxito a la criminalidad 1.Avances en seguridad pública Las detenciones de importantes jefes del crimen organizado en los últimos días, que no son obra de la casualidad sino resultado de una manera diferente de enfrentar el problema, con más investigación e inteligencia que balaceras en las calles, revelan de qué manera la seguridad pública podría ser recuperada en el corto y mediano plazo. En estos días, fueron detenidos Servando Gómez (a) “La Tuta”, perseguido líder de la organización criminal llamada “Los Caballeros Templarios” en Michoacán; también cayó el jefe del cártel de Los Zetas, Omar Treviño Morales, conocido como “Z-42” en Garza García, Nuevo León, y en Puerto Vallarta, fue detenido Abigaíl González Valencia, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación, el rey de las anfetaminas o drogas sintéticas. A diferencia del pasado inmediato, en que se realizaban montajes y producciones televisivas para exhibir los logros del Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, como muestra de espectacularidad pero no de eficacia, el secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, ha revelado que en la búsqueda de ese objetivo nacional, que es recuperar la paz y seguridad pública, estaríamos como a la mitad del camino, al registrarse una reducción neta en el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, que en estos momentos se estaría situando en 15 en promedio cuando hace dos años estábamos en 22, frente a cifras de más de 25 en Brasil o Colombia, y otras inferiores a 10 en los Estados Unidos o países de la Zona Euro. Es obvio, como las propias cifras muestran, que aún hay mucho por hacer, pues a la detención de las cabezas de los cárteles suele seguir una dispersión de los subordinados, quienes a su vez generan nuevas células delincuenciales. Más aún, cuando el esfuerzo realizado en México para detener a los narcos es prácticamente borrado por el crecimiento incesante del mercado en donde las drogas se consumen, que se ubica principalmente en los Estados Unidos, en donde los gobiernos locales toleran y legalizan el consumo de enervantes, además de la laxitud existente para la venta y trasiego de armas en la frontera y las facilidades bancarias disponibles para el lavado y blanqueo de las enormes ganancias que año con año genera el mercado de las drogas. No obstante, la captura de estos jefes de la delincuencia organizada ocurre en un momento crucial del ánimo de la opinión pública que registra un hartazgo y cansancio en niveles sin precedente. Hace más de un año, cuando el 22 de febrero de 2014 fue detenido Joaquín Guzmán Loera (a) “El Chapo”, la detención tuvo un efecto muy limitado en la percepción pública debido a deficiencias en el manejo útil de la comunicación. Ahora que están en duda las cifras que hablan de una reducción en los indicadores de violencia, las detenciones de “La Tuta”, el “Z-42” o de Abigail, la información debiera abonar a un contexto en el que el gobierno va en serio contra los criminales. La detención es el corolario lógico de una estrategia de investigación y aplicación de la ley en la que se persevera. Con unidad de mando, con coordinación, con buena investigación e inteligencia es como podría enfrentarse con mayor éxito a la criminalidad. De ahí, puede sustentarse la necesidad de aprobar la iniciativa de seguridad y justicia enviada por el titular del Ejecutivo al Senado, sobre todo la relativa al mando único, que permite coordinar de mejor manera a las fuerzas públicas en los distintos niveles de gobierno en contra del crimen organizado. Y de ahí, a influir en el ánimo público, mostrar que la estrategia contra el crimen y la violencia habrá de rendir resultados. Guste o no, en Michoacán el statu quo ha cambiado, ya no son los criminales quienes controlan el Estado. En Guerrero, con la caída del ex gobernador Aguirre, y salvadas las diferencias con la movilización de la disidencia magisterial que tiene otras raíces, las cosas pudieran normalizarse en el corto plazo. Guste o no, la seguridad pública es materia sustantiva de la contienda electoral, junto con la economía y la corrupción, en donde el gobierno federal está a prueba y deberá enfrentar el severo juicio de los electores, que le estarían augurando una caída en las preferencias de no tener pronto mejores resultados. 2.Sistema Anticorrupción En materia anticorrupción, la aprobación del paquete legislativo respectivo en la Cámara de Diputados genera también un mejor espacio para incidir en el núcleo de la ofensiva política y mediática que el gobierno ha enfrentado en los últimos cinco meses, después de los acontecimientos de Iguala. La reforma constitucional está ahora en el terreno del Senado, en donde su presidente, Miguel Barbosa, se muestra displicente para alargar los tiempos. En el estilo del Senado, es posible que se organice algún foro público y, de cumplirse estos tiempos, entonces estaría en el circuito del Constituyente durante el receso largo, prácticamente al final de la Legislatura, imbuida plenamente en las campañas electorales. Es de hacer notar que a los gobernadores no les han gustado ciertos aspectos de la reforma anticorrupción, como la auditoría de los recursos federales o la facultad de atracción en casos donde se presuman desvíos o abusos, argumentando que estarían afectando el federalismo autárquico en el que se mueven, por lo que en algunos círculos se ha comentado que la iniciativa anticorrupción pudiera ser frenada en el Senado o en el Constituyente permanente. Más allá de la parte procedimental o senatorial, cuyas complejidades son de sobra conocidas, es de destacar el potencial de la nueva legislación, dado que, al allanarse a una reforma anticorrupción con dientes afilados, el titular del Ejecutivo Federal, el gobierno y la clase política aceptan someterse a la vigilancia y escrutinio público, como también al imperio de la ley, lo que cierra necesariamente el espacio a las malas prácticas públicas. Pareciera necesario redondear este propósito con otras iniciativas, casualmente también en el reservóreo senatorial, como es el asunto de acotar el fuero, que debe quedar circunscrito al ejercicio del cargo y no otorgado a las personas, para evitar que éste sea buscado como patente de corso por quienes abusan en los cargos públicos, al mejor estilo del caso Ebrard. También, en la iniciativa de Transparencia, debiera quedar fuera de lo posible el que una autoridad reserve información sobre la obra pública por cuestiones que sólo competen a la seguridad nacional, tal y como hiciera el señor López, el proverbial Peje, con los datos de los segundos pisos construidos durante su gobierno en el Distrito Federal. 3.Primeros ajustes gubernamentales A cinco meses de los acontecimientos de Iguala y en el contexto de la definición de candidaturas al proceso electoral venidero, el Gobierno Federal ha realizado algunos cambios en el gabinete que le permitirán reforzar y renovar dos áreas sustantivas; una, la de procuración de justicia, desgastada precisamente por el manejo del Caso Iguala, y la otra, la de la comunicación social, que ahora se ha visto requiere ser también política. En el primer caso, el paso de Jesús Murillo Karam de la PGR a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), cuyo titular iría a buscar una diputación federal plurinominal, al igual que lo haría Mariana Benítez, para abrirle el camino en la Subprocuraduría a quien unos días después sería ratificada como titular de la Procuraduría por el Senado, la senadora con licencia Arely Gómez, para ahora ir, como ella misma dice, de la creación a la aplicación de la ley. Parece obvio que la salida de Murillo Karam es más una cuestión de fortalecer a la PGR que de buscar mejorar las listas electorales; el cambio abre el camino a reestructurar la Procuraduría y abonar el terreno a la inminente Fiscalía General de la República, en donde se veía una difícil eventual ratificación del desgastado procurador. Ya en el sentido de buscar mejores espacios en la coyuntura, habida cuenta del perfil adoptado en la integración final de las listas de candidatos del PRI, lo relevante en los ajustes es que aún seguirá persistiendo el diseño original del Gabinete, basado en la SHCP para implementar los cambios estructurales; en la Segob para buscar la gobernabilidad y en la Oficina de la Presidencia y la Consejería Jurídica para entablar las negociaciones y la construcción de acuerdos con las otras fuerzas políticas, además de encomendarle ahora la conducción de la comunicación política, que es la segunda área que se estaría alineando en la Oficina de la Presidencia con la salida de David López y el nombramiento al frente de Eduardo Sánchez Hernández, anterior vocero de la casa presidencial. 4. Un Aniversario más del PRI El 4 de marzo se cumplió, según se le vea, el 86º aniversario o el 69º, según sea el nacimiento del PNR o la adopción de las siglas PRI las que se asuman como el origen del Partido gobernante. La tradición lleva la fecha hacia el tiempo de Plutarco Elías Calles, quien hiciera transitable en un nuevo partido la idea de pasar del tiempo de los caudillos al tiempo de las instituciones y las leyes. El aniversario del PRI se dio en la víspera exacta de la veda electoral previa a las campañas federales, que durará del 5 de marzo al 5 de abril próximo. Durante la ceremonia, realizada sin gran bombo ni platillos por la noche del 4 de marzo, se tomó la protesta a los más de mil 200 candidatos que habrán de contender por algún cargo de elección popular el próximo 7 de junio. El rostro que estaría buscando mostrar el partido no es el de alguien enfrentado a la crisis, sino de quien va a salir de ella, que va a mostrar a un PRI y un Gobierno de resultados que la sociedad ha estado esperando, y que muestra ya logros en las cosas que más le preocupan a la gente: la detención de peligrosos criminales como “La Tuta”, el “Z-42” o Abigaíl como corolario de una estrategia anticriminal exitosa; las prevenciones en la economía para enfrentar circunstancias difíciles como la gran caída en el precio del petróleo que en otros tiempos habría derrumbado las finanzas públicas sin afectar el gasto sustantivo ni pasarle el costo a los contribuyentes; así como, por supuesto, la reconstrucción de la confianza, a partir de mayor transparencia y un nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, para construir integridad pública y un mejor ejercicio del gobierno y de la representación política. La adopción de un discurso renovado, no triunfalista, podría ser el apropiado para mostrar por qué el PRI es aún la mejor opción, como lo muestran las encuestas, si bien en un entorno plural bastante competido. 5.Vitalidad del Instituto Nacional Electoral Nada más impropio en la democracia que el intentar doblegar o subordinar a la autoridad central, como si se tratara de un jugador más en el proceso electoral. En estos días, el Instituto Nacional Electoral ha vivido una especie de motín de los partidos, quienes al buscar su propósito en realidad están debilitando a la institución normativa para mal de todos. Al detectar los partidos de oposición cuál es el sentido de las preferencias electorales, que al momento resultan favorables al PRI con un 30%, le sigue el PAN con 26% (a sólo cuatro puntos de distancia) además de mostrar el crecimiento del Partido Verde como para disputar la tercera posición con el PRD y Morena, los representantes partidistas en el INE apostaron a la carga, buscando ganar en la controversia lo que no logra acreditarse en las preferencias. De esta forma, se percibe una doble competencia: una en lo electoral (por primero y segundo lugar, al igual que por tercero y cuarto) y otra en lo institucional; el propósito parce claro: ablandar a las autoridades en un eventual chantaje político, como hiciera el PAN en las elecciones de 2014 para imponer el centralismo que ahora combate; y al mismo tiempo atajar el crecimiento que ha logrado el PVEM, buscando se le sancione por la campaña exitosa en cines y mensajes de que el Verde “sí cumple”, dado que el efecto combinado de la alianza PRI-Verde podría darles un mejor resultado global. Por ello, si bien la minicrisis se resolvió dándoles gusto a los amotinados, al salir de la importante función de fiscalización el polémico Alfredo Cristalinas y aprobarse una elevada multa al Verde por presunto uso indebido de promocionales privados. Lo grave en todo caso será que a partir de ahora, las decisiones de la autoridad, para evitar las andanadas en bloque de la oposición, tuvieran que ser restrictivas del PRI o del PVEM o bien, habría otros motines. Ya se vio que el consejero presidente, Leonardo Córdova, resiente las presiones. Resulta relevante al respecto la opinión del diputado Manlio Fabio Beltrones, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Baja, respecto de la conveniencia de respetar a la autoridad del INE, construida e integrada con el concurso de todos los partidos, sobre todo de las oposiciones que hoy le cuestionan. Tampoco debiera pretenderse secuestrarlo o pretender que su autonomía solo resulte aceptable cuando mantiene un sesgo antipriísta, como lo fuera en algún sentido el IFE de la época de Woldenberg. No obstante, pareciera que el INE ya ha sido tocado y que en el corolario de los comicios habrá una nueva exigencia de reforma electoral, en el que cabría revisar el rol de los representantes de los partidos, por hoy todos con voz, pero que bien podrían ser uno o dos determinados por insaculación, para evitar esa pretensión de constituir una mayoría artificial con capacidad de poner a la autoridad electoral bajo caución. En todo caso, para evitar su politización, el INE requiere actuar como autoridad imparcial y no como rehén de los partidos.