Raymundo Riva Palacio.

1ER. TIEMPO: Aquella terrible noche de mayo. La redacción de Excélsior se sacudió casi a las siete de la noche del 30 de mayo de 1984, cuando Luis Soto, colaborador de Manuel Buendía, le habló al director del diario en ese entonces, Regino Díaz Redondo, para informarle que lo acababan de asesinar. Quince días antes del crimen, después de una larga cena en el ya desaparecido restaurante Las Mercedes en  la Zona Rosa, a escasas dos cuadras de su oficina, le dije: “Don Manuel, mejor me cruzo la calle porque es un peligro caminar junto a usted”. Todos rieron: Buendía y Fausto Fernández Ponte, quizás el corresponsal extranjero más aclamado de Excélsior,  pensando que eso nunca sucedería. La mañana del jueves 31 de mayo empató con la realidad. Las ocho columnas en Excélsior, bajo mi firma, empezaban: “Manuel Buendía, el periodista que dedicó su vida a la defensa de las causas que carecían de voz, que abogó desde su tribuna contra los poderosos y los intocables con una pluma crítica y honesta, fue acallado ayer por la tarde de cinco tiros por la espalda, uno de ellos al corazón. El más influyente columnista político de todos los tiempos moría tirado en una banqueta en la avenida Insurgentes, ante la vista morbosa de decenas de personas que no sabían la relevancia de ese crimen y lo que significó para la vida pública de México”. Buendía siempre llevaba una pistola con sus iniciales en la cintura, y solía decir entre sonriente y echado para adelante, como era: “A mí, para matarme, me tendrán que matar por la espalda, porque si me atacan de frente me llevaré a varios”. Buendía fue asesinado a la hora del crepúsculo por un agresor que, con indudable conocimiento que portaba un arma, le bajó la gabardina que llevaba puesta a la mitad de los brazos para inmovilizarlo y le disparó a quemarropa. La llamada de Luis Soto a Excélsior no fue la primera. Tan pronto le informó Juan Manuel Bautista, el ayudante en la oficina de Buendía, que coincidió con él a la salida, que el columnista estaba tendido en la calle con varios balazos, habló con Miguel López Azuara y Carlos Ferreyra, director y subdirector de Notimex, respectivamente, con los que también colaboraba, quienes le sugirieron le hablara a José Antonio Zorrilla Pérez, jefe de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), íntimo amigo de él, y cuya oficina estaba a escaso un kilómetro. Junto con Zorrilla Pérez, varios comandantes de la DFS llegaron en minutos a la oficina de Buendía y por órdenes del secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, se llevaron expedientes del voluminoso archivo que tenía Buendía. Soto veía impotente lo que hacían los agentes de la policía política, que revisaban los cientos de expedientes que había archivado bajo la guía de Buendía y tomaban algunos. En un momento me dio un fajo de expedientes, para que pudiera sacarlos y ponerlos bajo resguardo. Era ilegal que hicieran eso, pero no importaba. Era un saqueo abierto que no tenía soporte jurídico alguno. Muchos años después, uno de los que ejecutó la orden reconoció, después de varias horas de insistirle, que la orden de hacerlo había provenido de Manuel Bartlett, en aquel entonces secretario de Gobernación. ¿Qué buscaban? Eso se comenzó a saber muchos años después.

2DO.  TIEMPO: Un irritante para los poderosos. Cuando fue asesinado, Manuel Buendía acababa de cumplir 58 años. Muy pocos políticos, periodistas e intelectuales le regateaban méritos, aunque entre estos últimos estaba Julio Scherer, quien sin embargo, acudió a la funeraria Gayosso en Félix Cuevas, la misma noche del crimen cuando lo velaron. Temido, pero respetado, su obsesión por encontrar todas las trampas que hacía el gobierno de Estados Unidos para someter a México llevó a John Gavin, entonces embajador del presidente Ronald Reagan, a referirse privadamente a él como Manuel Malanoche. Las relaciones de Buendía eran bastas en todos los niveles de la vida pública, aunque sobresalía la frecuencia con la que dos de los más notables secretarios de Estado en la historia de los gabinetes, Jesús Reyes Heroles de Gobernación, y Jorge Castañeda Álvarez de la Rosa, de Relaciones Exteriores, lo procuraban. Sus nexos con los hombres de poder nunca fueron de subordinación. En una ocasión, Buendía habló en su influyente columna “Red Privada”, que se publicaba en la primera plana de Excélsior, que el gobierno de José López Portillo preparaba un cambio en una política pública y prometía más detalles de lo que había averiguado en la segunda parte al día siguiente. El gobierno reaccionó. Reyes Heroles llamó al entonces director de ExcélsiorRegino Díaz Redondo, y lo amenazó: “Si publican la segunda parte habrán revelado un secreto de Estado y el gobierno tomará represalias”. Díaz Redondo le habló a Buendía y tras comentarle lo dicho por el secretario de Gobernación, le dijo: “Son las cinco, don Manuel. Si a las siete usted no me ha hablado, publicaremos la segunda parte y afrontaremos las consecuencias”. Buendía habló a las siete de la noche para decirle a Díaz Redondo: “va en camino otra columna”. Buendía era admirado, respetado y también odiado. Sus enemigos incluían personas e instituciones sobre las que había escrito de manera sistemáticamente crítica, aunque con nadie llegó a tener temores como con el organismo ultraderechista Los Tecos, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que tenía una organización secreta de choque. Su preocupación llegaba al extremo que cuando iba a Guadalajara, este era el único lugar donde lo protegía un equipo de seguridad. Los Tecos nunca hicieron nada contra él, y tampoco dejó de escribir sobre ellos. Guadalajara en esos años, se sabría años después, era un punto de enlace entre Estados Unidos y Centroamérica, por donde pasaban armas hacia la contra antisandinista que todavía hoy sigue siendo uno de los grandes misterios en torno al móvil del asesinato de Buendía. Otra figura poderosa, el gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, lo amenazó públicamente, lo que motivó una movilización de apoyo que concluyó en una tumultuosa reunión en el hotel El Diplomático, donde estaba uno de los comederos más frecuentados por los políticos de la época, que se conoció como “el desayuno del desagravio”. Buendía tenía muchos flancos abiertos, con enemigos públicos, como los antes mencionados, al mercader de armas alemán, Gerhard Mertins o los servicios de inteligencia estadounidenses. La narcopolítica no estaba en el corpus nacional como lo está ahora, por lo que pareció en su momento de poca relevancia y riesgo que retomara en su columna lo que un mes antes de su muerte se había producido: una denuncia de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en las estructuras del poder. Esa noticia, que apareció en la segunda parte de la primera sección del diario, sería un punto de inflexión.

El asesinato de Buendía

3ER. TIEMPO. Crimen de Estado. En abril de 1984, cuando se publicó en Excélsior la carta de los obispos del Pacífico sobre la penetración del narcotráfico en la política, a Manuel Buendía le pareció un tema relevante y reprodujo la denuncia de los obispos. Buendía era un acucioso lector de periódicos y con una gran capacidad sináptica, de donde fluían muchas de sus columnas. Cuando se encontraba investigando un tema, Buendía solía retomar viejas columnas y les daba un contexto de coyuntura, para darse tiempo en lo que estaba trabajando. Las columnas previas a su asesinato tenían este formato, y nadie se imaginaba lo que aquella denuncia de los obispos del Pacífico, en “Red Privada”, había tenido. Esa publicación sacudió al interior del gabinete de Miguel de la Madrid. El 30 de mayo de 2007 publiqué en la columna “Estrictamente Personal” un informe secreto elaborado por un equipo de investigación, bajo la responsabilidad de Samuel del Villar, que era asesor de De la Madrid, quien afirmaba que el verdugo del columnista había sido un militar cuya orden de matarlo se dio tras una reunión presidida por el entonces secretario de la Defensa, el general Juan Arévalo Gardoqui, donde estuvieron presentes colaboradores del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, y un proveedor de armas de la Defensa, ante el temor, señalaba, que el columnista tuviera información del involucramiento de altos miembros del gobierno con el narcotráfico y la fuera a publicar. Aquel informe describió al ejecutor como un joven delgado y de corte militar, que era como habían descrito al asesino de Buendía testigos entrevistados por el reportero de Excélsior la noche del crimen. Nunca se mencionó a ningún militar involucrado en el homicidio, pero el informe de Del Villar tenía una foto del militar, presunto asesino material, cuyo cuerpo fue encontrado en Zacatecas con 120 puñaladas, tres días después de la muerte de Buendía. La fotografía del militar tenía una enorme semejanza con el busto construido a partir de los retratos hablados de los testigos del asesinato. Eventualmente, el exdirector de la extinta Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla Pérez, fue condenado como autor intelectual del crimen, y uno de sus agentes, Juan Rafael Moro Ávila, cuya fisonomía no cuadraba con la descripción del asesino que dieron varios testigos del crimen, fue sentenciado como autor material. El informe de Del Villar mencionaba a Ávila Moro como la persona que esperó en la esquina al asesino para ayudar en la huída en motocicleta, y días después, un reportero de Excélsior, Carlos A. Medina, amigo del influyente político y conocedor de las cañerías del país, Javier García Paniagua, recibió una llamada de él en la que le comentó que la motocicleta que se había utilizado en el crimen estaba estacionada en la Dirección Federal de Seguridad. Zorrilla fue detenido el 13 de junio de 1989, por el entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, Ignacio Morales Lechuga, y fue condenado a 35 años de prisión como autor intelectual del crimen. En septiembre de 2013 obtuvo el beneficio de la prisión domiciliar para cumplir el resto de su condena. Zorrilla Pérez ha guardado silencio sobre quién o quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales del crimen, pero siempre ha dicho que él no fue. Aquel asesinato fue un crimen de Estado en los prolegómenos violentos de la narcopolítica.

4 TO. TIEMPO: La respuesta de Morales Lechuga. El 31 de mayo de 2017, el mismo día en que se publicó en “Estrictamente Personal” una versión aumentada de aquella original llamada “Crimen de Estado”, Ignacio Morales Lechuga, quien como procurador general de Justicia del Distrito Federal enfrentó a José Antonio Zorrilla Pérez acorralado en una casa, pero armado y dispuesto a suicidarse o matar a alguien, me envió una carta para refutar el informe secreto de quien había sido asesor del presidente Miguel de la Madrid, Samuel del Villar, sobre el asesinato de Manuel Buendía. En ella, afirmó: “Como responsable de la investigación, de todas las hipótesis que se agotaron por parte del Fiscal Especial, entre ellas, incluso la que mencionas, se llegó a la conclusión y se probó sin lugar a dudas que el autor intelectual fue José Antonio Zorrilla Pérez. No sólo eso, había un paralelismo en los actos previos, durante y posteriores al asesinato de José Esqueda, funcionario de la Secretaría de Gobernación (en la prensa política hace 20 años se reveló que Esqueda le había informado al secretario de Gobernación que el director de la DFS estaba involucrado con el narcotráfico) y compadre de Zorrilla Pérez. Ocho días antes del asesinato de Buendía, su oficina fue revisada y cateada por personal (supongo de la DFS) que buscaba información que no encontró. Asimismo, en uno de los edificios de Insurgentes, cercano a la oficina del periodista, se montó una guardia y vigilancia para interceptar ilegalmente conversaciones telefónicas y control visual de los movimientos de Buendía, circunstancia que fue conocida y comprobada en el propio expediente”. Fuera de la investigación oficial, agregó Morales Lechuga, “un comandante que fue del Servicio Secreto presenció los hechos a corta distancia, confirmó que los asesinos materiales fueron los que aparecen en el expediente y, por otra parte, el día de la detención, le cuestioné a Zorrilla Pérez sobre la posibilidad de otros involucrados, como algún secretario de Estado, y él negó su propia autoría y la participación de cualquier otro participante. Sí mencionó el nombre de un testigo que dijo había visto militares en motocicletas el día de los hechos, el testigo fue localizado en Pachuca y presentado”. Morales Lechuga remató su carta subrayando que su relato se basaba en hechos, no en especulaciones, “provenientes incluso de una comisión que de haber existido y ser ordenada por el presidente De la Madrid, no tenía competencia alguna para investigar los hechos”.

5TO. TIEMPO: Lo que piensan en Estados Unidos. El documental de Manuel Alcalá, Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?, enfatiza en hipótesis de que el columnista fue asesinado porque tenía información sobre un acuerdo secreto entre Estados Unidos y México que, con apoyo del Cártel de Guadalajara, introducían armas a la contra antisandinista a cambio de que les dejaran pasar droga a aquella nación. En esa época, la Enmienda Boland le impedía al gobierno de Ronald Reagan enviar ayuda militar a Centroamérica, por lo que buscaron vías alternas de manera ilegal, como se reveló en el llamado escándalo del Irán-Contra. No es una versión nueva. Años antes, cuando liberaron a Rafael Caro Quintero, uno de los jefes del Cártel de Guadalajara, la cadena de noticias Fox afirmó en su emisión del 10 de octubre de 2013, a días de aquel momento que enfureció al gobierno estadounidense, que en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, por el cual estaba en la cárcel Caro Quintero, habían participado agentes de la CIA. La conexión había sido sugerida por Buendía y varios columnistas mexicanos en los 90 y a principio de este siglo, a partir de una declaración ministerial de Lawrence Victor Harrison, abogado estadounidense que vivió en la casa de Ernesto Fonseca, otro coacusado del asesinato de Camarena Salazar, y cercano a Caro Quintero. En su testimonio narró varios pasajes de cómo el Cártel de Guadalajara, junto con su socio hondureño, Juan Ramón Mata Ballesteros, llevaban las armas que enviaba el gobierno de Estados Unidos a la contra en Honduras y Nicaragua, en un intercambio para que les permitieran introducir drogas a esa nación. Harrison señaló a dos secretarios de Estado en ese momento, Juan Arévalo Gardoqui, de la Defensa Nacional, y Manuel Bartlett, de Gobernación, de estar coludidos en la red criminal en la que participaron dos gobiernos. Mencionó también a agentes de la DFS acusados del asesinato material de Buendía como parte de ese entramado de narcopolítica. ¿Iba a publicar Buendía la conexión de ambos gobiernos con el Cártel de Guadalajara, del intercambio de drogas y armas para la contra antisandinista? Existen pruebas, en algún lugar, que Buendía tenía esa información, y que la Secretaría de la Defensa ayudó al gobierno de Reagan enviando armas bajo su consigna a otras naciones calientes en esos tiempos de la Guerra Fría. El expediente de Buendía sigue abierto, pese a que oficialmente se ha cerrado en México, como abierto está el caso del asesinato a Camarena, por el cual Bartlett sigue siendo un objetivo de los fiscales estadounidenses. 

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