Raymundo Riva Palacio.

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ER. TIEMPO: El principio del fin. El 14 de diciembre de 2010, en una ruta de contrabando de drogas en Arizona, cerca de la frontera con México, un escuadrón táctico especial de la Patrulla Fronteriza se enfrentó con narcotraficantes. En el fuego cruzado murió el agente Brian Terry. En la División de Campo de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por su acrónimo en inglés) en Phoenix, la información circuló rápidamente y uno de los agentes le preguntó a su colega, John Dodson: “¿Oíste sobre el agente fronterizo? Cayó con una de las armas de Rápido y furioso”. Como le diría tiempo después Dodson a la cadena de televisión CBS, “no había nada que agregar”. El asesinato de Terry reveló uno de los más grandes fiascos de las agencias estadounidenses, la Operación “Rápido y furioso”, que se había montado bajo el paraguas del “Proyecto Gunrunner”, que se desarrolló entre 2005 y 2008 con el propósito de frenar el flujo de armas a los cárteles de la droga mexicanos desde Estados Unidos, aunque su predecesor correcto es la Operación “Wide Receiver”, en 2006 y 2007que vigilaba las compras de armas rumbo a México, y detenía a los contrabandistas antes de cruzar la frontera. “Rápido y furioso”, una operación que se trabajó en 2009 y 2010, incorporó el permitir que compraran armas los narcotraficantes y rastrear la ruta para desmantelarla. Comenzó cuando a finales de 2009 la oficina de ATF en Arizona recibió información sobre compras de armas en efectivo –algunas veces ocultos en bolsas de papel-, en siete armerías. Detectaron a un mexicano, Jaime Ávila, quien entre varias armas, compró dos rifles de asalto AK-47. La ATF no lo detuvo y lo siguió. Pero en el camino le perdió el rastro a los dos “cuernos de chivo”, uno de los cuales fue utilizado en el asesinato de Terry. Ávila fue detenido y sentenciado a 57 meses de prisión, pero “Rápido y furioso” se convirtió en un escándalo para el gobierno de Barack Obama. La iniciativa de ATF se les salió de las manos y los asesinatos con armas, que se suponía, habían rastreado, aumentaron. Un correo electrónico interno de ATF reportó que en marzo de 2010 hubo 958  asesinatos, el mes más violento desde 2005, y que las personas bajo vigilancia habían comprado en ese mismo mes 359 armas de alto calibre, incluidos “numerosos” rifles Barrett calibre 50. De principio a fin, “Rápido y furioso” fue autorizado por el Departamento de Justicia. 

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DO. TIEMPO: Rápido y furioso, ¿a espaldas de México? La Operación “Rápido y furioso” se ha convertido en el nuevo fetiche del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra de su principal enemigo político: Felipe Calderón. Instruyó al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a enviar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para que les entreguen toda la documentación del caso y puedan determinar en Palacio Nacional si el expresidente violó la Constitución o si el gobierno de Estados Unidos realizó operaciones ilegales en territorio mexicano. Al estar un republicano en la Casa Blanca, Donald Trump, quien tiene con Barack Obama casi las mismas obsesiones de López Obrador con Calderón, se podría pensar que le entregará la información requerida. O casi. El problema es que lo que le puede dar, porque la que bloqueó el exprocurador Eric Holder aún se litiga en tribunales, es público. Los republicanos en la Cámara de Representantes acusaron a Holder de desacato, convirtiéndose en el primer miembro de un gabinete que cayó en esa falta, pero Obama siempre lo respaldó. Las fobias de López Obrador y su tesón, característica de su personalidad, encontró en “Rápido y furioso” una posibilidad para saldar cuentas con Calderón que arrastra desde la elección presidencial de 2006, con la ayuda inopinada de una veterana periodista en Washington, Dolia Estévez, con años de investigación en temas sensibles. Estévez recorrió una vez más los cientos de documentos públicos sobre el caso y se topó con una joya, el memorando de una reunión en Washington en noviembre de 2007 entre los procuradores Michael Mukasey y Eduardo Medina Mora, donde hablaron sobre investigaciones conjuntas de las “entregas controladas” en las que participaran unidades mexicanas. No hubo posterior confirmación de que eso se hubiera concretado, cuando menos que se conozca hasta el momento, que enfrenta sin embargo, información contradictoria. De acuerdo con la Revisión de la Operación “Rápido y furioso” de la ATF, publicada en noviembre de 2012, Bill Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, insistió en que la oficina de la agencia en México y la policía mexicana –no la Procuraduría General de Justicia-, se quedara “en la oscuridad” sobre la operación que él dirigía. John Dodson, uno de sus agentes, le confió a la cadena de televisión CBS que todo fue mantenido en secreto para que no se enterara el gobierno de México. Trump puede ayudar una vez más a López Obrador y decirle, al menos, si efectivamente Medina Mora autorizó o no “Rápido y furioso” en México. El exprocurador ha afirmado que nunca autorizó esa operación. Pero si esto fuera así, la siguiente pregunta sería: ¿le informó a Calderón?

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ER. TIEMPO: El gobierno sí sabía. Durante mucho tiempo, Eduardo Medina Mora ha negado sistemáticamente que hubiera estado enterado de la operación “Rápido y furioso”. Como tal, el exprocurador general debe estar muy tranquilo. Cuando inició la operación, en noviembre de 2009, él ocupaba otro cargo: embajador en Londres, y había sido relevado por Arturo Chávez Chávez. Técnicamente, tiene razón. Sin embargo, el memorando que descubrió la corresponsal mexicana en Washington, Dolia Estévez, sobre su reunión con el procurador Michael Mukasey en noviembre de 2007, prueba que conocía las intenciones del gobierno estadounidense para rastrear las armas en territorio mexicano. Para entonces estaba en marcha la operación “Wide Receiver”, precursora de “Rápido y furioso”, en la que había estado involucrado el procurador general en ese momento, Daniel Cabeza de Vaca
–con conexiones actuales estrechas en Palacio Nacional–, de acuerdo con documentos en los tribunales estadounidenses. La declaración más clara en ese sentido la dio el distribuidor de armas en Tucson, Arizona, Mike Detty, en el juicio contra uno de los compradores de armas para los cárteles mexicanos, Carlos Armando Celaya. Detty era uno de los distribuidores que habían aceptado colaborar con las autoridades durante esa operación, y le dijo al periódico Arizona Republic en octubre de 2011 que había recibido la garantía de que “funcionarios mexicanos estaban realizando la vigilancia o las intercepciones cuando cruzaban las armas la frontera”. Detty conocía a Bill Newell, agente especial a cargo de la oficina de la ATF en Phoenix, responsable de la Operación “Rápido y furioso”, quien sí tuvo un encuentro con el delegado de la PGR en Hermosillo, Sonora, en septiembre de 2010, para hablar sobre la operación en curso. Aparentemente, López Obrador podrá armar un caso contra Calderón y uno de sus procuradores, pero chocará en tribunales: el procurador tenía atribuciones para autorizar una operación de tal naturaleza. Legitimidad, por supuesto que no. 

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