Con una discusión de apenas seis minutos la Cámara de Diputados abrió la puerta a la censura indirecta en México al aprobar, sin un voto en contra, las reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal. Las modificaciones no sólo ponen en riesgo la libertad de expresión, sino que van más allá al considerar que ciertas reparaciones o alteraciones de dispositivos electrónicos constituyen un crimen que puede alcanzar la pena de prisión hasta por seis años.
Estas nuevas disposiciones se plantearon como parte de la armonización legislativa necesaria para la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC); sin embargo, el propio documento establece un periodo de tres años como limite para que cada país adapte esta ley a sus necesidades y circunstancias, por lo que asociaciones y activistas en defensa de los derechos digitales señalan que la reforma fue hecha al vapor y sin tomar en cuenta la realidad del país.
La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y Artículo 19 alertaron a través de la campaña Sin Censura, Ni Candados sobre el impacto negativo que las modificaciones propuestas por Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, y autor de esta iniciativa, podrían tener en México.
Estas organizaciones también denunciaron que las reformas sólo eran discutidas con el Consejo Coordinador Empresarial con lo que excluía a la sociedad civil y grupos expertos del proceso de decisión, que además se llevo a cabo con prisa innecesaria y en medio de la crisis por Covid-19.
A pesar de las observaciones hechas por estos grupos y otros expertos, las modificaciones a la Ley Federal de Derecho de Autor y al Código Penal Federal fueron aprobadas sin reservas por el Senado el 29 de junio, y un día después por la Cámara de Diputados con 369 votos a favor, lo que provocó que diversas organizaciones de derechos digitales tramitaran de forma inmediata un amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Comisión Nacional de Derechos Humanos también se sumo a esta discusión al declarar que está analizando las modificaciones, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio, para valorar si éstas vulneran derechos o libertades fundamentales, y que de ser el caso, se interpondrá una acción de inconstitucionalidad de forma inmediata.
Además, existe otra iniciativa de reforma a esta ley que pretende cobrar un monto adicional a todos los dispositivos de almacenamiento digital -como celulares, computadoras y memorias- que sería redistribuido entre sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, como forma de compensar las perdidas originadas por las copias de material protegido.
Moche y censura digital
El “moche digital”, nombre con el que se conoce a la propuesta del diputado Sergio Mayer, asume que cualquier dispositivo de almacenamiento es utilizado para este fin, por lo que se debería pagar un impuesto adicional de hasta tres mil 500 pesos por cualquier aparato de este tipo, sin importar el uso que se le dé. El aumento en los precios de las tecnologías de la información significaría un reto para combatir el rezago del país en este rubro.
La propuesta de Mayer también abona a la censura indirecta al eliminar la posibilidad de utilizar, sin beneficio económico directo, material protegido como videos, audios o escritos. Wikimedia México, junto a otras organizaciones, ha expresado que esta iniciativa es “una amenaza innecesaria a los derechos de acceso a las tecnologías de información, al conocimiento y la comunicación”. Pero ¿de qué se trata la censura indirecta y como afecta el internet que conocemos?
Las nuevas modificaciones a la ley federal establecen un mecanismo conocido como “notificación y retirada”, que obliga a los proveedores de servicios de internet a remover de forma inmediata, y sin prueba alguna, cualquier contenido que sea denunciado por derechos de autor. Este cambio promueve la censura indirecta ya que los materiales son borrados sin que exista un proceso legal que garantice el debido proceso.
Este mecanismo permite que sujetos particulares y privados ejerzan la censura de manera previa de cualquier material que sea señalado, cumpla o no con la violación de derechos de autor, lo que facilita que los contenidos sean denunciados por causas distintas a las que busca proteger la ley, y que están relacionadas con otras motivaciones.
Dato. Los cambios hechos a la ley en México, criminalizan e imponen una sanción de hasta seis años por reparar dispositivos de manera independiente.
La política de “notificación y retirada” viola tanto artículos constitucionales, como leyes internaciones que prohíben la censura previa; sin embargo, esta acción ya es utilizada en plataformas de creación de contenidos como YouTube, que ha retirado videos de fuentes legales por reclamos de terceros. Por ejemplo, hace unas semanas el promocional oficial de un videojuego de Playstation fue retirado de esta red por la acusación de otra empresa, que si bien tenía licencias anteriores, no correspondían a esta entrega.
Este incidente, por inocente que parezca, retrata el alcance del mecanismo de “notificación y retirada” en cuanto a la remoción de contenidos que no incumplen propiamente con el derecho de autor. Artículo 19, organización que vigila la libertad de prensa alrededor del mundo, ha dicho que este método ignora el debido proceso de los creadores con contenido removido, además da a los proveedores de internet un rol de sensor y moderador de la información.
La organización hace hincapié en las múltiples evidencias que existen del uso de este mecanismo como una forma de censura en otros países, principalmente al remover información de interés público y material que constituía una línea crítica sin que hubiera una violación a las licencias de autor. Martha Tudón, coordinadora de derechos digitales de Artículo 19, asegura que estas restricciones han modificado la forma en que la gente busca y comparte información en internet.
Para la Red en Defensa de los Derechos Digitales este tipo de obstáculos impiden el libro flujo informativo ya que son “regresivos, innecesarios y desproporcionados” en el contexto de la libertad de expresión de cualquier sociedad democrática. Además, recalcan que México no está obligado a adoptar estos mecanismos ya que no sólo lo prohíbe la Constitución, sino que el mismo TMEC incluye un apartado que habla de la armonía que debe existir entre las normas de cada país y las disposiciones del tratado.
El riesgo de la reparación
Otro de los aspectos más criticados de la reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal es el de las restricciones y sanciones relativas a la elusión de los “candados” digitales, que no son otra cosa que programas o medidas de protección que fabricantes de aparatos electrónicos y desarrolladores de software ponen para evitar que sus creaciones se modifiquen o sean exploradas.
En principio estas restricciones protegían la propiedad intelectual al impedir que ciertos programas pudieran copiarse o que la ingeniera detrás de ciertos aparatos fuera clonada; sin embargo, en la actualidad estos candados son impuestos para limitar las capacidades de los dispositivos electrónicos y controlar no sólo su uso, sino incluso su tiempo de vida.
Aunque parece algo ajeno, la mayoría de las personas han eludido los candados digitales de una u otra forma a lo largo de su vida, especialmente al reparar de manera independiente objetos como computadoras y teléfonos móviles, o bien al modificar alguno de sus componentes. Los cambios hechos a la ley en México, no sólo impiden estas acciones, sino que las criminalizan e imponen una sanción de hasta seis años por esta causa.
Los expertos en seguridad digital advierten que incluso desactivar software dedicado a recolectar datos personales podría ser considerado una violación o elusión de estos candados, por lo que podría acreditar una sanción. Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), explico que además de la protección de información privada, existen razones legítimas para saltar estas medidas de protección.
Por ejemplo, las personas que se dedican a probar la seguridad de los sistemas informáticos de manera independiente están constantemente eludiendo este tipo de candados para comprobar la eficiencia del mismo, lo que les permite encontrar vulnerabilidades que luego notifican a las empresas desarrolladoras para que estos huecos se corrijan y crear una experiencia más segura en la red.
Reparar o modificar los dispositivos tecnológicos constituye un derecho que combate las limitaciones impuestas por los fabricantes para utilizar sólo consumibles o insumo de un tipo o bien, la obsolescencia programada que, a grandes rasgos, es un programa que acaba con la vida útil de aparatos en perfectas condiciones por el tiempo de uso.
3 mil 500 pesos deberán pagarse en multa por reparar algún dispositivo tecnológico, en caso de aprobarse la iniciativa del diputado Sergio Mayer.
Este punto va más allá porque no se trata únicamente de los elementos materiales, pues la ley también podría sancionar a quien cambie el sistema operativo predeterminado de alguna computadora o desinstale software considerado esencial para el dispositivo, pero que podría significar un riesgo de seguridad.
Los candados digitales también obstaculizan el derecho a la cultura e información de los grupos mas desfavorecidos como las personas con discapacidad al impedir que contenidos comunes se trasladen a soportes que puedan ser consumidos por ellos de manera gratuita. Estos mecanismos incluso pueden llegar a vulnerar o limitar las licencias de quienes adquirieron legalmente un material a través de un servidor, y no pueden hacer copias privadas, por lo que dependen exclusivamente de que la empresa decida mantener el servicio.
Pero los candados digitales no se limitan a computadoras y celulares, también se extienden a aparatos tan esenciales como los ventiladores mecánicos, y que sin importar la pandemia por Covid-19, sufrieron de estas restricciones, ya que las empresas que los manufacturan se han dedicado a crear un monopolio en torno a la reparación de los mismos, impidiendo que las guías técnicas y piezas lleguen a profesionales independientes.
El control de estas corporaciones no cesa allí, en Estados Unidos incluso han tomado la vía legal para demandar y borrar de internet muchas bases de datos que contienen manuales de servicio y reparación de miles de aparatos electrónicos. Louis Rossmann, activista por el derecho a reparar y propietario de un canal de YouTube en donde enseña a componer computadoras de forma independiente, ha señalado que no se trata únicamente de un proceso legislativo, sino de un cambio general en la cultura del consumo, lo que podría beneficiar ampliamente al medio ambiente.
A diferencia de las restricciones que se imponen en el TMEC, la Comisión Europea ha trazado un plan de acción de economía circular que hará de reparar un derecho, y que forzará a los fabricantes a crear productos que duren más y se puedan componer fácilmente. Esta extensión de la ley de diseño ecológico de la Unión Europea pretende terminar con el modelo lineal en el que los objetos son programados o hechos para durar poco y favorecer el consumo.
En México la batalla por las libertades digitales atraviesa un momento complicado, además de las reformas del TMEC, también se ha puesto en juicio la neutralidad de la red, principio que obliga a los prestadores de servicio a tratar todo el tráfico digital con la misma prioridad. La consulta organizada por el Instituto Federal de Telecomunicaciones terminará el 15 de julio, y de ser contrario podría significar el mayor retroceso en materia de libertades digitales en el país.
Salvar el internet parece ser la batalla que tanto organizaciones, activistas de derechos digitales y la sociedad en general tendrán que librar para mantener esta herramienta como un espacio democrático y de libre acceso, tal y como se ideó en un principio.