Hannia Novell

Las elecciones de 2018 se antojan complicadas por múltiples causas: se esperan resultados muy cerrados y con ello se abre la posibilidad de la que sucesión presidencial se resuelva en el Tribunal Federal Electoral. Quien gane, se estima que lo hará con un tercio de los votos, pues habrá guerra sucia y el árbitro electoral llegará desgastado, impugnado y falto de credibilidad.

A 10 meses de que los mexicanos acudamos a la cita con las urnas para votar tres mil 326 cargos de elección popular, entre los que se encuentra la Presidencia de la República, nueve gubernaturas, 500 escaños de la Cámara de Diputados, 128 del Senado, la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 66 diputaciones del Congreso capitalino y 16 alcaldías locales, entre otros. Por ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) deberá enfrentar una cascada de impugnaciones contra los lineamientos que aprobó el pasado 20 de julio.

Esos lineamientos establecen la prohibición para que, a partir del 8 de septiembre, todos los aspirantes a cualesquiera de esos cargos, puedan contratar propaganda en redes sociales, espectaculares, medios impresos o electrónicos.

Las entrevistas y coberturas periodísticas quedan a salvo de esas limitaciones, pues de acuerdo con el órgano electoral, con estas disposiciones no se pretende afectar la libertad de expresión.

Y cuando hablo de una “cascada” de impugnaciones, no exagero. Hasta el pasado viernes 18 de agosto, sumaban 311 apelaciones interpuestas contra el acuerdo que busca “piso parejo”Apara los precandidatos y futuros candidatos.

La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, siete gobernadores (entre ellos los del estado de México, Eruviel Ávila; Manuel Velasco, de Chiapas; José Ignacio Peralta, de Colima o Quirino Ordaz, de Sinaloa), así como comités estatales de los partidos son algunas instancias que se inconformaron ante las disposiciones.

Previamente, partidos como Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), académicos como Sergio Aguayo y la iniciativa Ahora, encabezada por Emilio Álvarez Icaza, lanzaron severas acusaciones al INE, al asegurar que responde a intereses fácticos por su actuación en los comicios del pasado 4 de junio en el estado de México y Coahuila.

Incluso, demandaron la remoción de los integrantes de su Consejo General.

En respuesta, el consejero presidente del organismo, Lorenzo Córdova, aseguró que golpear al árbitro electoral como estrategia política debilita la democracia y abona el terreno para que regrese el autoritarismo”. Agregó: atacar al árbitro de las elecciones como parte de las estrategias de los contendientes, lo único que está provocando es mayor malestar con la vida democrática y descrédito de quienes ganan y de quienes pierden. Permítanme en eso ser enfático: debilitar a la institucionalidad democrática siembra el terreno para el regreso o eventualmente la evocación de un pasado autoritario.

Podemos estar de acuerdo con el consejero presidente del INE, sin embargo no hay una pizca de autocrítica.

En una polémica conferencia de prensa tras los comicios del 4 de junio, los consejeros exigieron a los partidos probara la compra y coacción del voto, cuando es una de sus obligaciones actuar por oficio.

Es cierto que a nadie conviene un árbitro electoral débil, pero también lo es que el respeto se debe ganar con hechos.

Este Consejo General está lejos de contar con el prestigio del IFE que encabezó José Woldenberg.

Por desgracia, en 2018, ese vacío puede conducir al país a escenarios de ingobernabilidad con efectos económicos y sociales devastadores.

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