La vocación humanista con la que se diseñó la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) fue pervertida desde su nacimiento. El enfoque de cuidado y protección de los derechos humanos fue reemplazado por una fórmula simple: usar el dinero para pagar la falta de justicia.
A principios del sexenio pasado, el Congreso aprobó la Ley General de Víctimas con el propósito de reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
Y aunque la propia legislación refiere el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia, en la CEAV convirtieron la reparación integral en sinónimo de dinero, el cual fue repartido de forma arbitraria, discrecional, sin transparencia ni rendición de cuentas.
En suma, un mecanismo de compensación económica injusto y profundamente desigual, cuyos engranajes sólo se movían por intimidaciones políticas y presiones mediáticas generando etiquetas de víctimas de primera y de segunda categoría.
Desafortunadamente, también hay indicios de que funcionarios que en otros años trabajaron en la CEAV y en instituciones encargadas de defender los derechos humanos, en otros estados del país, ofrecían apoyo legal a las víctimas, a cambio de una jugosa comisión.
Este apoyo legal nada tiene que ver con las denuncias, carpetas de investigación ni juicios iniciados por las víctimas para localizar y castigar a los perpetradores de la violencia, a los responsables de la desaparición forzada de un hijo, la brutal tortura de una madre, el desplazamiento forzado de un pueblo entero o el secuestro de una joven con fines de trata y explotación sexual.
No. Los abogados se acercan a las víctimas para litigar contra la CEAV y así obtener beneficios económicos millonarios. Las víctimas ponen las historias de horror, el dolor y los muertos, pero son los abogados quienes reciben de 40 a 60% de los recursos, un dinero que está destinado a las víctimas.
Es obvio que a ese grupo de abogados no les interesa la justicia, la verdad ni el castigo a los culpables de la violencia, la muerte ni la destrucción. Su interés se limita a conseguir dinero, esconden su ambición en instrumentos internacionales de derechos humanos y le llaman “derechos” a los privilegios que gozaron por años.
El desafío que hoy tiene la CEAV es impresionante. Según datos oficiales hay más de 24.7 millones de personas víctimas del delito y más de 61 mil personas desaparecidas. Ni siquiera la pandemia del coronavirus ha logrado frenar la violencia y el crimen. De continuar la tendencia actual, no habrá recursos públicos que alcancen para atender a las víctimas.
Las nuevas autoridades de la CEAV están obligadas a establecer criterios claros, objetivos y razonables para la reparación del daño, terminar con privilegios y tratos diferenciados, y sobre todo, recuperar ese sentido humanista que le dio origen.
Que la CEAV no sea el instrumento de los gobiernos para acallar las voces que reclaman justicia por sus muertos y desaparecidos, pero tampoco puede seguir siendo un fondo ilimitado para abogados voraces.
Las víctimas merecen recuperarse con dignidad de los horrores que han sufrido, conseguir independencia económica, contar con apoyo psicosocial y tener la empatía y solidaridad del Estado, para curar sus heridas. Ese es el desafío.