Hannia Novell

Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), perdió la oportunidad histórica de romper los pactos de impunidad y corrupción. La investigación de los delitos, brilla por su ausencia. 

México ocupa el lugar 60 de 69 países estudiados en el Índice Global de Impunidad 2020. En la edición de 2017 ocupó el lugar 66 y en 2015, el último sitio. Los “avances” registrados nada tienen qué ver con los esfuerzos institucionales para sancionar a los culpables de los delitos o con acciones efectivas para garantizar el acceso a la justicia. 

No. Esto es el resultado de cambios en las posiciones de otras naciones o de la salida de 12 países, entre ellos Venezuela, Brasil, El Salvador o Argentina, que registraron una serie de irregularidades en la presentación de esta información.

Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, reveló recientemente que en nuestro país hay 98 por ciento de impunidad en los casos de desaparición de personas, tanto desaparición forzada, como secuestro, trata, reclutamiento forzado y sustracción de menores, entre otros.

La desaparición de mujeres y hombres jóvenes es un drama cotidiano en prácticamente todo el territorio nacional. “Mujeres entre los 15 y los 25 años y los hombres entre los 20 y 30 años es el grupo más afectado de la sociedad. Si las tareas de búsqueda no avanzan de la mano de la justicia e identificación forense, se llegará un límite”, advirtió.

Mientras el hampa reina en prácticamente todo el país, en la FGR no realizan investigaciones sólidas. Sólo impulsan “criterios de oportunidad” para utilizar las declaraciones como instrumento para la injusticia. 

El caso de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, es la prueba viviente de esta práctica que ha sepultado la Fiscalía autónoma y eficaz que los mexicanos merecemos. 

Lozoya fue detenido en febrero de 2020 por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho. Al ser extraditado en julio de ese mismo año, negoció con el Ministerio Público federal y se sometió al criterio de oportunidad. 

Quince meses después, el hombre sigue en libertad y las investigaciones en torno a los casi 70 políticos, entre legisladores, empresarios y funcionarios, que él señaló como sus cómplices, permanecen estancadas y en completa impunidad.

Un fiscal requiere total independencia en lo que se refiere a las investigaciones criminales, pero en un Estado de derecho resultan intolerables las imputaciones maquinadas. 

El empecinamiento de Gertz Manero resulta perturbador. En tres ocasiones ha intentado conseguir órdenes de aprensión contra 31 científicos a quienes acusa de delitos relacionados con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada para remitirlos a penales de alta seguridad donde están presos los criminales más violentos.

El Poder Judicial de la Federación se ha mantenido firme, ha exhibido la importancia vital de los mecanismos de vigilancia y demostrado que los jueces y magistrados pueden ser un contrapeso real a los excesos del poder y una barrera infranqueable contra las presiones, vengan de donde vengan.

Para abatir la impunidad, someter a la acción de la justicia a los responsables de los 80 asesinatos diarios, los 10.5 feminicidios cometidos cada 24 horas, los 28 secuestros mensuales y las seis mil personas desaparecidas en un año, México requiere mejorar las capacidades y el funcionamiento de las instituciones de los sistemas de seguridad y justicia, así como brindar una protección efectiva a los derechos humanos. 

Por lo pronto, la FGR tiene sus propios “criterios de oportunidad” que están muy lejos de ser independientes y autónomos y mucho menos acercarse a la tan prometida justicia y transformación. 

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