Hoy, en México es una realidad que ninguna mujer será encarcelada por abortar. Se trata de un avance significativo en la agenda feminista que requiere un paso adelante, para avanzar en la consolidación de una cultura de adopción de menores.
Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta a los derechos reproductivos de las mujeres, para proteger la libertad y autonomía de todas las personas para decidir si quiere tener hijos o no, cuántos, en qué momento y con quién.
Después de esta decisión histórica del máximo tribunal, por su unanimidad y alcance para el ejercicio de la libertad y progreso de las mujeres, el debate público reproduce estereotipos de género y argumentos superficiales y reduccionistas, en lugar de abrir nuevos caminos.
La realidad es que según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, sólo nueve de cada mil mujeres reconocen haber recurrido al aborto, pero más de un tercio decide continuar un embarazo no esperado antes que interrumpirlo y de los casi 2 millones anuales de nacimientos, 18.4 no fueron planeados y 20 por ciento no fueron deseados.
Mientras los sectores conservadores y liberales siguen enfrascados en un debate inútil e interminable en torno al aborto, hay bebés, niñas, niños y adolescentes que permanecen en el desamparo y la soledad.
Un reporte del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (SNDIF) revela que el proceso de adopción es lento y limitado. Entre 2012 y 2016, un total de cinco mil 340 menores fueron acogidos en nuevos hogares; cinco años después, entre 2016 y 2021, sólo se concretaron 50 adopciones de 308 solicitudes presentadas.
Es decir, sólo uno de cada seis trámites concluyó con éxito y 15 de esos casos, favorecieron a familias del extranjero.
Además del DIF, las Instituciones de Asistencia Privada también realizan procesos de adopción y, de acuerdo con estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, concretan entre 20 y 30 trámites por cada uno de los que hacen las instituciones del Sistema DIF.
Esfuerzos institucionales y privados que, a todas luces, resultan insuficientes si consideramos que más de 30 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en casas-hogar de todo el país esperando ser adoptados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Mientras se hacen reclamos puritanos, agravios y gritan muchas voces insistiendo en criminalizar a las mujeres que abortan, la sociedad y el gobierno tendrían que realizar esfuerzos coordinados para ampliar los derechos reproductivos de todas las personas.
Si las familias acogen con amor, responsabilidad y comprensión a una hija embarazada; si logramos construir un sistema de apoyo médico, social y económico durante el embarazo, y consolidamos un sistema eficiente de adopciones a nivel nacional, tendríamos más familias felices con nuevos integrantes bajo su regazo. Otra de las consecuencias indirectas sería la disminución en la tasa de abortos.
Más allá de priorizar el nivel económico y el poder adquisitivo de las familias —sean biparentales, reconstituidas, monoparentales, de acogida o adoptivas—, la prioridad debe ser el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes y brindarles un hogar responsable y cálido, con estabilidad material y emocional: una infancia feliz que los prepare para la vida adulta.
Caminemos juntos, con amor y con responsabilidad, hacia la maternidad y la paternidad deseadas.