Hannia Novell

El pasado 30 de abril concluyeron los trabajos ordinarios de la LXIII Legislatura del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. A pesar de que durante la semana pasada hubo una “diarrea legislativa”, al final se quedaron en la congeladora muchos temas importantes que deberían ser desahogados por quienes ocuparán una curul hasta el 31 de agosto.

¿Un periodo extraordinario de sesiones en plena sucesión presidencial? o ¿a partir del 2 de julio, ya con un presidente electo? Difícil, mas no imposible. Por lo pronto, de la lista de asuntos que requieren una atención inmediata, me concentraré en dos: la eliminación del fuero para los servidores públicos, así como el andamiaje constitucional para construir la Fiscalía General de la República que sustituirá a la Procuraduría General de la República (PGR).

En su sesión del jueves 19 de abril, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 370 votos a favor, reformas a la Constitución con las que se elimina el fuero de diputados federales y locales, senadores, ministros de la Corte, magistrados electorales, secretarios de Estado, el fiscal general de la República, los consejeros del INE, gobernadores, magistrados estatales, alcaldes, regidores, síndicos y concejales de todo el país.

El dictamen deroga el párrafo del artículo 108 de la Constitución que menciona: “el Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común”.

Sin embargo, la oposición en el Senado advirtió “múltiples deficiencias” en la minuta de los diputados. Una de ellas: el momento en que estos funcionarios podrían ser procesados.

“Cuando el juez determine la vinculación a proceso a alguno de los servidores públicos señalados se le podrá imponer cualesquiera de las medidas cautelares (…) salvo la prisión preventiva y la suspensión temporal en el ejercicio del cargo, hasta en tanto no se dicte sentencia condenatoria o bien termine el periodo para el cual fue electo o nombrado”, se establece en el artículo 111 constitucional.

Para los partidos distintos al PRI esto es una trampa, pues con los amparos y todos los recursos legales de la defensa, el juicio se podría prolongar indefinidamente y esto permitiría que el funcionario señalado siga en funciones, incluso hasta el final de su encargo.

Otro tema fundamental es la creación de una Fiscalía realmente autónoma e independiente del Poder Ejecutivo. El pasado jueves 26, una declaración del coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, en la que advertía “presiones” de sus compañeros de bancada para elegir al primer fiscal general, prendió las alertas y unas 300 organizaciones denunciaron un intento de “albazo”.

La “intentona” consistía en aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía y dejar su entrada en vigor en suspenso hasta que el presidente Enrique Peña Nieto enviara al Senado el nombramiento del titular de la PGR. Hoy, Alberto Elías Beltrán cubre la suplencia del Procurador General de la República.

Una vez avalado el nombramiento por la Cámara Alta, el titular de la PGR se convertiría en el primer fiscal para los próximos nueve años, porque aunque ambas cámaras modificaron el artículo 16 transitorio de la reforma, sólo siete de las legislaturas locales respaldaron el cambio y no hay una mayoría que requiere la reforma constitucional.   

Además de estos, hay otros temas pendientes en la Legislatura. Uno importantísimo: la ratificación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte modernizado. Así que un eventual periodo extraordinario es difícil, pero no imposible. Aunque con todo, esta Legislatura nos quedará a deber.

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