La violencia que se ejerce contra las mujeres crece sin control y los mecanismos creados para erradicarla han fracasado rotundamente.
La brutal ejecución de cinco mujeres -tres de ellas menores de edad- en el municipio Nicolas Romero, Estado de México, es la muestra más reciente de la incapacidad de los gobiernos federal, estatales y municipales para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, adolescentes y niñas de todo el país.
Las alertas de violencia de género han fallado en 10 de los 18 estados del país. Las cifras oficiales son incontrovertibles y alarmantes.
Un reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) revela que entidades como el Estado de México, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Campeche, Durango, Jalisco y Puebla registraron un incremento significativo de feminicidios, al pasar de 619 denuncias presentadas en 2018, a 702 declaradas en 2019.
En este 2020, con todo y la pandemia y el confinamiento que se ha prolongado por más de cuatro meses, la cifra llegó a 270.
El panorama en la Ciudad de México también es desolador. Según la Fiscalía General de Justicia, 176 mujeres y niñas fueron asesinadas en la capital del país en 2019 y sólo el 38 por ciento de los casos fueron investigados como feminicidios.
En los tres primeros meses de 2020, de acuerdo con el SESNSP, 42 mujeres y niñas fueron víctimas de muertes violentas y otra vez, sólo un 33 por ciento de los casos, fueron investigados con perspectiva de género.
Pero la violencia contra las mujeres no sólo se traduce en feminicidios, la desaparición de mujeres, adolescentes y niñas es un fenómeno que crece desmesuradamente. En 2019, se registraron mil 329 desapariciones, de las cuales, 662 eran niñas o adolescentes y 667 mayores de edad.
Aunque 876 fueron localizadas con vida, aún hay 442 mujeres sin localizar y 11 hogares están de luto, porque su esposa, mamá, hermana o hija, fue hallada muerta en un lote baldío, las faldas de un cerro o en una habitación desordenada.
No son cifras ni estadísticas, sino mujeres de carne y hueso, con nombres, familia y sueños rotos. Historias de vida que fueron truncadas por la violencia machista, ante la indiferencia de los gobiernos de todos los colores y siglas y la incapacidad de funcionarios inexpertos e insensibles a una realidad que, todos los días, les estalla en la cara.
Hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tiene la oportunidad histórica de reconducir la actuación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y específicamente, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Y es que la ministra Ana Margarita Ríos Farjat “decidió de oficio hacer suyo el escrito de solicitud de ejercicio de facultad de atracción” para conocer del amparo en revisión 483/2019, relacionado con la solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México.
El reto de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat es descomunal. Nadie hasta el momento ha hecho nada para romper el techo de cristal.
Ríos Farjat tiene la oportunidad histórica de marcar distancia del inquilino de Palacio Nacional y mostrar su solidaridad con las mujeres, especialmente ante situaciones de violencia y discriminación sexual. Así que llegó la hora.