Hannia Novell

A cuatro meses y medio de que asuma la Presidencia de la República y a sólo tres semanas de su contundente triunfo en los comicios del pasado 1 de julio, Andrés Manuel López Obrador enfrenta lo que seguramente será recordado como el primer gran choque entre su futura administración y un organismo autónomo.

El pasado jueves 19 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) avaló con 10 votos a favor y uno en contra, del consejero José Roberto Ruiz, una multa por 197 millones de pesos al considerar que el Fideicomiso “Por los demás”, creado para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017, fue en realidad un mecanismo de financiamiento paralelo.

El organismo sancionó la omisión del partido de informarle sobre la creación de ese instrumento, no reportar sus ingresos, rebasar los límites de aportaciones en efectivo, recibir donaciones de personas anónimas, de entes prohibidos, y no informar sobre los egresos.

Ante la decisión del INE, el virtual presidente electo, en el último día de sus vacaciones, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, en el que consideró que la multa “es una vil venganza”. “Ni vileza, ni venganza”, refutaron los consejeros electorales. Y así nació la primera confrontación del naciente gobierno.

La resolución del INE, resultado de una queja del PRI, consta de 151 cuartillas. Una primera conclusión es que no hay pruebas de que el fideicomiso recibió dinero público y a lo largo del texto argumenta que la sanción es producto de violaciones a dos categorías jurídicas: “fraude de ley” y “el levantamiento de persona jurídica”.

El fraude de ley se entiende como toda aquella práctica que tiene como objetivo “eludir el cumplimiento de un deber jurídico”. Y no es lo mismo que el “delito de fraude”. El INE no sancionó que se haya defraudado a los damnificados o que haya comprobado el uso ilegal de fondos en la campaña. No se refiere al concepto de “fraude” de tipo penal, sino a conductas para “dañar a la ley”.

En lo que se refiere a “el levantamiento de persona jurídica”, el INE concluyó que el Fideicomiso “Por los demás” es de Morena debido a que tienen el mismo domicilio fiscal; fue creado por militantes y simpatizantes a instancia de su entonces líder nacional, López Obrador; quienes hicieron los depósitos en efectivo fueron colaboradores del partido y ellos mismos hicieron la distribución de las ayudas entre los damnificados.

Si Morena, sus militantes o simpatizantes —empezando por AMLO— querían hacer el bien, eligieron el camino más polémico y generaron muchas dudas. Por ejemplo, el INE señaló que en un mismo día se hicieron 20 depósitos y que 56 personas ligadas a Morena aportaron 12.5 millones de pesos.

Sin embargo, lo realmente controversial es que la entrega de dos mil 400 pesos a 27 mil 288 personas se hizo a través de miembros de un partido, lo cual establece una potencial relación clientelar, que recuerda casos como el de Monex y Soriana en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

Hoy, de las partes en conflicto esperaría dos cosas: serenidad y respeto a la ley. Me parece inadecuado que la decisión de un órgano autónomo sea calificada como una “vil venganza” y que los aludidos respondan también con adjetivos.

Será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que defina la legalidad o no del fallo del INE y el que, con esta decisión, marque el tipo de relación que tendrá el nuevo gobierno con los organismos autónomos. Que la división de poderes sea y que los actores estén a la altura.

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